Enmienda de totalidad a los presupuestos de La Laguna 2015

Éste gobierno no merece esa confianza porque sistemáticamente piensa gastar más, mucho más, de lo que figura en los Presupuestos  en finalidades superfluas como viene haciendo durante toda esta legislatura.

Para que nos hagamos una idea, a 11 de diciembre,  la Partida Presupuestaria (ahora se llama aplicación presupuestaria)  43100 2262  Comercio-Publicidad y Propaganda, que  disponía de 79.000 euros en el Presupuesto 2014 aprobado por el Pleno,  ya tiene autorizados pagos por  335.850, 24 euros. Y  para el conjunto de la partida dedicada a Publicidad y Propaganda,  el Ayuntamiento, que disponía de 338.885,18 en el Presupuesto, ya ha autorizado pagos por 1.299.204,44 euros.

Esta manipulación de las garantías del Presupuesto, que supone un fraude a las disposiciones legales que  establecen  el carácter limitativo de los gastos presupuestarios y la naturaleza jurídica del Presupuesto,  la realiza el Gobierno gracias a unas Bases de Ejecución del Presupuesto diseñadas para posibilitar este tipo de cambios de dinero entre las partidas, que le permiten hacerlo sin  tener que tramitar una Modificación Presupuestaria y, desde luego, sin la participación y el conocimiento del Pleno, que sólo se enterará normalmente de ello al año siguiente, cuando examine la Liquidación del Presupuesto.

Este subterfugio se ha convertido  ya en una costumbre de este Gobierno  para enmascarar su obsesión por la propaganda, con la que persigue  –y logra–   efectos completamente perniciosos para la calidad democrática, por la vía de condicionar la libertad  y el pluralismo informativos.

En tiempos de crisis es sencillamente impresentable que el Alcalde y su gobierno se gasten lo que se están gastando en Publicidad y Propaganda o en Fiestas, triplicando y hasta quintuplicando lo que consignan en el Presupuesto.

Por otro lado, las propuestas que hemos hecho de modificación de las Bases de Ejecución, para impedir estos abusos, o al menos exigir la intervención del Pleno, las han rechazado.

*Según el Informe de Intervención, de 3 de diciembre, “el Proyecto de Presupuesto carece de un Plan Estratégico de Subvenciones, exigido por  el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. Dicho Informe subraya, además, que “debería acreditarse, asimismo, en relación a las subvenciones nominativas que figuran en el Presupuesto, el cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación previstos en el artículo 8.3” de la  referida Ley de Subvenciones.

Estos datos ponen de manifiesto cómo el Gobierno Municipal, que tanto presume de transparencia,  está encuevado en la opacidad y en la discrecionalidad en el manejo del dinero público, con fines exclusivamente partidistas y electoralistas.

No olvidemos que en un Presupuesto como el del Ayuntamiento de La Laguna, hay una importantísima parte del gasto que viene definida de antemano por disposiciones de los de Presupuestos del Estado y de  la  Comunidad Autónoma,  por la Ley  Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, por los Decretos Leyes 4/20012 y 8/2013 sobre pago a proveedores  (a los que La Laguna se acogió para que pudiera aflorar y poder pagar una deuda de 70 millones de euros  sigilosamente acumulada desde 2003) y, en definitiva, por la obligación de atender pagos prioritarios en materia de personal , de funcionamiento de la Administración municipal,  los costes de gestión de los servicios públicos esenciales: seguridad, movilidad, abastecimiento de aguas, de iluminación, recogida y tratamiento de residuos…Es decir, el Gobierno municipal  se las viene ingeniando para manejar a su antojo una proporción considerable del  gasto  sobre cuyo destino   tiene un margen de decisión efectiva.

*Si el Gobierno quiere manejar el dinero discrecionalmente, hay que examinar con detenimiento cómo lo obtiene, es decir, su política de ingresos en lo que depende del propio gobierno: los impuestos y  otros pagos que impone a los ciudadanos.

Desde los inicios de la Crisis (2008), el esfuerzo fiscal de los contribuyentes laguneros no ha hecho sino crecer. Y ello, a pesar de que el gobierno municipal ha  sido contumaz a la hora de negar incrementos en la presión fiscal. Ni los reiterados datos de la Auditoría Anual que se realiza para la aplicación del Fondo Canario de Financiación Municipal, que ponen de relieve la mayor Presión Fiscal y el mayor Esfuerzo Fiscal  de La Laguna respecto a la media de municipios canarios, ni los datos expuestos por los concejales de la oposición en  múltiples debates en el Pleno de Ayuntamiento han servido para que el Gobierno municipal  lo haya reconocido.

Sin embargo, en el Informe del Área de Hacienda y Servicios Económicos que figura en el Expediente del Presupuesto 2015, pág. 4, se  afirma “Si tenemos en cuenta la variación con respecto al ejercicio 2008, año de inicio de la crisis económica, como podemos observar en el Cuadro 2,  el aumento es de un 50,49% en términos relativos y de 17.315.952,17 euros en términos  absolutos”, en relación al ejercicio 2013.

“Este importante incremento de ingresos respecto al ejercicio 2008 ha permitido al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna compensar la disminución de transferencias  recibidas por la participación en los tributos del Estado, por la participación en los ingresos del REF y la menor liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).”, remacha el Informe.

De los tributos municipales, el más importante es el  impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, especialmente en relación con la propiedad urbana. Veamos: en 2008, la recaudación ascendió a  17, 893 millones de euros y en 2014 se estima recaudar 35,724 millones. En términos absolutos el Ayuntamiento ha  recaudado por el IBI Urbano ha subido, entre 2008 y 2014,   63,421 millones de euros  más que si se hubiera mantenido una recaudación constante desde 2008.

¿De dónde procede ese incremento de ingresos, si el Ayuntamiento no ha subido el tipo impositivo (0.53 %) que se aplica al valor catastral de los inmuebles, circunstancia que ha utilizado la propaganda oficial para mantener que “no hemos subido  el IBI”?

 ¿Tal vez, como repiten los portavoces del Gobierno, de mejorar los Servicios de Inspección? Es evidente que no, ya que lo recaudado como fruto de la actividad inspectora, entre 2010 y 2013, únicos datos facilitados, asciende a 6.5 millones de euros, en un período en que el incremento total de recaudación  fue de  40,915 millones, según los datos que constan en el documento de Presentación de los Presupuestos 2015.

La respuesta es otra: durante estos años se ha estado aplicando progresivamente el incremento de los Valores Catastrales de los inmuebles. Durante este período, el gobierno Municipal podría haber hecho uso de la facultad excepcional del art.  72.5  de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que le permite rebajar el tipo impositivo del IBI hasta el 0.1%, pero no lo ha hecho. Ni siquiera ha rebajado, para atenuar el esfuerzo de los contribuyentes, el tipo del 0.53 % que ha continuado aplicando, al tipo mínimo del  0.4 % (art. 72.1  LRHL). Pero no lo ha hecho, para recaudar más, mucho más.

Cuando un Gobierno quiere disponer de más recursos mediante los impuestos,  y más en tiempos de crisis, debe estar en condiciones de dar cuenta precisa de en qué quiere gastarlos y gastarlos en finalidades de verdadero interés general. Pero este no es el caso del gobierno de La Laguna que oculta en el debate presupuestario su obsesión propagandística y electoralista, por un lado, y por otro dedica año tras año 1 millón de euros  al  personal de confianza, como si el Ayuntamiento no dispusiera de una magnífica plantilla de funcionarios y empleados públicos para respaldar la gestión  municipal.

En este capítulo de ingresos, sin ánimo de ser exahustivos,  debe hacerse mención de los precios del agua.  

Un año más, la documentación presupuestaria pone de manifiesto cómo la gestión de la empresa Teidagua SA, cuyos servicios se pagan por los usuarios, que constituyen un mercado cautivo,  a través de un Precio Público que fija el Ayuntamiento  ejerciendo su autoridad, arroja un balance positivo de 1.001.805 euros, de los que prácticamente la mitad corresponde al Ayuntamiento  como propietario de casi el 50% del capital social de esa Empresa Mixta.

En reiteradas ocasiones hemos solicitado que el pago por los usuarios del servicio de abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración, se efectúe a través de una Tasa, dado que se trata de un servicio de recepción obligatoria, como establece la Ley. La Tasa es una   figura tributaria  a través de la que no puede recaudarse más que el coste efectivo del servicio. Ello obligaría, en garantía de quienes tienen que recibir un servicio obligatorio y en condiciones de calidad y precios impuestos por la Empresa Teidagua a través de la autoridad del Ayuntamiento, a tener que demostrar el coste real del servicio, para no incurrir en responsabilidades jurídicas. Esa garantía no  se aplica a los Precios Públicos, por lo que los costes de un Servicio esencial, gestionado por el Grupo Aguas de Barcelona que controla la Gerencia, en el que se  compra agua y se contratan importantes  servicios  a empresas pertenecientes al propio grupo empresarial privado (Canaragua, Aquagest, Pozos y Recursos del Teide…), se utilizan como base para la fijación de las tarifas que pagan los vecinos de La Laguna, sin posibilidad de control efectivo. Y encima, produciendo beneficios.

*Votar a favor de un Presupuesto en el que se ponen  de manifiesto una vez más las consecuencias  negativas de una gestión económica del Ayuntamiento que está cargando sobre los laguneros, en tiempos de crisis,  los efectos de una mala administración en tiempos de bonanza económica y presupuestaria.

En efecto: La Laguna tendrá que pagar con carácter “absolutamente prioritario”, los intereses y la amortización de 70 millones de deuda con proveedores que afloraron, sin distinción entre contrataciones legales e ilegales,  a través de los Decretos Leyes 4/2012 y  8/2013,  por los que se establecen  obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

En aplicación de dichos Decretos Leyes, La Laguna debió someterse a un Plan de Ajuste 2012-2023, bajo la vigilancia del Mº de Hacienda y Administraciones Públicas, que supondrá que   –a pesar de las mejoras conseguidas recientemente mediante la renegociación de los tipos de interés y el retraso en los plazos de devolución–  en los Presupuestos de 2015 a 2023, tenga que afrontar una carga financiera de  5,529 millones (2015), 14,087 millones (2016), 13,868 millones (2017), 13,649 millones (2018), 13,431 millones (2019), 9,088 millones (2020), 8,979 millones (2021),  y 8,871 millones (2022).

En resumen: esa carga financiera que asfixia la gestión del gobierno municipal y la continuará  hipotecando intensamente hasta 2022, proviene de compromisos adquiridos en época de bonanza económica y presupuestaria. Algunos  provienen de la no actualización por parte del Ayuntamiento de los pagos a Urbaser (más de 14 millones de euros)  desde el ejercicio 2003. Otros corresponden a compromisos, incluso millonarios,  adquiridos con proveedores mediante contrataciones al margen del presupuesto y de la legislación de contratos del sector público. Y, por tanto, al margen de la legalidad. En unos y otros casos, se trata de consecuencias simplemente intolerables, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la perspectiva de lo que debiera ser una buena gestión de la Hacienda Municipal.

La Laguna, pues,  inicia 2015 con una deuda de 93.248.898,26 euros.

Votar este Presupuesto es, por eso, corresponsabilizarse de una gestión sobre la que nunca se ha dado y pretenden que nunca se dé cuenta a los laguneros y laguneras, que tienen que soportar en tiempos de crisis las consecuencias de unos gobernantes que gestionaron por encima de las posibilidades de la ciudadanía y la economía lagunera la etapa de prosperidad, con la mirada puesta en sus intereses partidistas y electoralistas.

*Este Presupuesto se “encuentra condicionado por las operaciones financieras del  estado de Gastos que  conlleva un importante esfuerzo financiero que, con la disminución de los ingresos (!….¡) lleva a una necesaria reducción de los gastos por operaciones corrientes y de la financiación de inversiones con recursos propios” (Informe Económico-Financiero, pág.2).

Es sorprendente cómo se continúa hablando de disminución de ingresos cuando las previsiones para 2015 del Capítulo II, Impuestos Indirectos, provenientes sobre todo de los recursos del REF van a experimentar un incremento de 3,675 millones de euros (un 20,97%) y las Transferencias Corrientes, principalmente del Estado, 2,487 millones, un 6,41% más , con respecto a 2014 (Informe Económico- Financiero, pág. 10).

-Es decir, continuarán los recortes en el Gasto Corriente con el que se financia el funcionamiento de la Administración y los Servicios Municipales y, entre otros gastos, las transferencias a entidades sin ánimo de lucro que, como Cáritas, Cruz Roja, Funcasor, Hermanos de la Cruz Blanca  y un lago etcétera,  desempeñan un papel imprescindible para paliar las consecuencias sociales de la Crisis.  A título de ejemplo, Cáritas recibió en 2013  20.606 euros. Y, a 11 de diciembre de 2014, se le han autorizado transferencias por 28.606,40 euros.

Con esa política presupuestaria, no es fácil dar credibilidad a eslóganes tan socorridos por  el Gobierno Municipal, fiel discípulo del Gobierno de Canarias,  como el de “haremos más con menos”.

-Y  seguirá la extraordinaria debilidad del Presupuesto de  Inversiones, que debiera ser uno de los instrumentos más importantes para revitalizar la economía lagunera frente a la Crisis. El índice de Inversiones ha venido cayendo en La Laguna desde  el 14,7% en 2010 al 5,4% en 2013 (Datos de la Auditoria del fondo Canario de Financiación), frente a las medias de los municipios canarios: 19.1% (2010) y 11.4%(2013).

Efectivamente, el Ayuntamiento invirtió en 2012  14,7 millones y en 2013,  6,80 millones de euros.

*El  Gobierno Municipal se vuelve a presentar en el Presupuesto de 2015 como un alumno aventajado de la regla de oro que el pensamiento y la política conservadores han impuesto como receta ineficaz e injusta  frente a la Crisis: la obsesión por el equilibrio presupuestario que, de ser una regla de buena administración a lo largo del ciclo económico, se ha exigido a rajatabla desde la Reforma del art. 135 de la Constitución  e impuesto a todas las Administraciones Públicas a través de la Ley Orgánica  2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, maniatando a los poderes públicos y descargando sobre los más débiles los efectos de la Crisis.

El Informe Económico Financiero del Presupuesto prevé un Superávit por Operaciones no financieras de 16.023.711,94 euros y, una vez afrontado el pago de la carga financiera,  un Superávit de 10.984.923,17 euros, que habrá que destinar  a disminuir la deuda comercial y a cumplir el plazo legalmente establecido para el pago a proveedores.

En conclusión:

Aprobar este Presupuesto es respaldar la política del Gobierno Municipal que no compartimos. Y expresar una confianza en que sea fiel ejecutor del Presupuesto aprobado por el Pleno, en representación del pueblo de La Laguna,  de la que este Gobierno no se ha hecho merecedor a lo largo de la legislatura.

La Laguna,  a partir del margen real de decisión que tiene un Gobierno Municipal,  necesita  una gestión más seria del gasto público,  suprimiendo drásticamente los excesos  en materias que poco o nada tienen que ver con las necesidades del municipio en tiempos de crisis. Y mucho con el disfrute  y  la colonización del poder por los partidos en  el Gobierno, una de las causas fundamentales de la gran desafección ciudadana hacia las Instituciones.

Sólo mediante una  aplicación   estricta del gasto público a los intereses generales del municipio puede un Gobierno, que ha rechazado todas las propuestas formuladas por la oposición a lo largo de la legislatura, tener la autoridad  moral  imprescindible para exigir  a los vecinos y vecinas de La Laguna  el esfuerzo fiscal y  los precios de los servicios públicos que las  Auditorías oficiales ponen de manifiesto año tras año.