Algunas de las medidas previstas constituyen un retroceso de décadas y una represión de nuestros derechos fundamentales
{mosimage}SB-Noticias.- El juez Davit Benavent ha manifestado que, como ciudadanos, no podemos permitir la aplicación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, puesto que constituye una vuelta atrás hacia el estado policial y, en su opinión, no está, de ninguna manera, velando por la seguridad y los derechos de los ciudadanos sino todo lo contrario.
Entiende Davit Benavent que todas las medidas que se están adoptando desde los poderes públicos tienen un mismo hilo conductor, que es poner cortapisas a los derechos fundamentales lo que, según entiende, no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana.
En este sentido también ha comentado que le parece preconstitucional, o casi inconstitucional, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha venido superando distintos trámites y ya fue aprobado en el consejo de ministros del pasado día 5 de Diciembre. Este anteproyecto de ley prevé que sea el ministro del interior el que autorice la intervención en las comunicaciones de cualquier sujeto, lo que hasta el momento era una prerrogativa exclusiva del poder judicial, para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Benavent ha recordado que el Artículo 18 de la Constitución, que trata del derecho a la libertad de las comunicaciones, y estipula que tenemos derecho a comunicarnos por teléfono, por mensajes, por carta o por cualquier otro medio con una mínima seguridad. Pero ahora, “sin ninguna garantía judicial, ante la sospecha de que se esté cometiendo un delito, se permite que sea el ministro del interior, o un superior policial, quien permita estas intervenciones. Sea quien sea, en cualquier caso, será un miembro del poder ejecutivo, no del judicial, que es a quien corresponde esta garantía de salvaguarda”, ha añadido.
¿A quién se va a investigar?, se pregunta Benavent. ¿Dónde se deja la facultad de opción, o la libre arbitrariedad, o la obligación, en función del principio de legalidad, que tiene un juez de perseguir todos y cada uno de los delitos de que conozca? Bien es verdad, indica Benavent, “que este anteproyecto también establece que cuando esta medida se adopte, la resolución ha de enviarse en las siguientes 24 horas al juez para que en tres días siguientes la revoque o la confirme”.
Aunque, por supuesto, es necesario que se prevengan delitos, hay que hacerlo respetando unas garantías, no reprimiendo derechos fundamentales. “Lo que hay que hacer es mejorar los que hay pero tenemos el derecho de manifestar nuestro descontento con las medidas que se están adoptando”, ha asegurado. Davit Benavent
Considera que no solo deberían ser visibles las finanzas personales de los políticos, sino también los contratos que, desde las instituciones, establecen con empresas. “Estos contratos son públicos y deberían ser accesibles a todos los ciudadanos, y no debería ser necesaria una Ley de Transparencia para llevar esto a cabo”. Pero, en cualquier caso, se teme que quizá con esta ley solo se vaya a transparentar lo que interese, por ese viejo principio de que “quien hace la ley hace la trampa”.