Fuerteventura presenta otro recurso contra los sondeos ante el TSJ de Madrid
SSP lamenta que el TSJC deje indefensa a población que se opone a las prospecciones
{mosimage}La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Canarias para suspender de forma cautelar las prospecciones petrolíferas que Repsol inició el pasado 18 de noviembre frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Asimismo, se solicitaba la suspensión cautelar de la resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autorizaba a Repsol Investigaciones Petrolíferas SA, la ejecución de sondeos exploratorios en aguas próximas al archipiélago; al igual que la suspensión de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía de 7 de octubre de 2014 (adoptada por Delegación del Secretario de Estado de Energía) por la que se rechaza el requerimiento de suspensión y nulidad de la anterior resolución.
Además, tanto por parte de la Abogacía del Estado como de Repsol, se apuntó a la falta de competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC para conocer el recurso del Gobierno canario.
En cuanto a los razonamientos que aporta la Sala para rechazar la suspensión cautelar de las prospecciones en general, se centra en que "aún partiendo de los riesgos hipotéticos", el problema de la perdida de la finalidad legitima del recurso puede ser invocada en igualdad de condiciones por la entidad petrolera toda vez que el Real Decreto 547/2012, aprobado por el Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias 1 a 9', estableció que los titulares deberán cumplir con el programa de trabajo especificado para los años tercero, cuarto, quinto y sexto, pero surgiendo sus efectos desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 21 de marzo de 2012.
De esta forma, a fecha de hoy, apuntan, "ya se habrían consumado casi tres años", por lo que señalan que si se tiene en cuenta la "complejidad" del proceso judicial abierto contra Repsol, entre otros, "es evidente que en el caso de que la demanda fuese desestimatoria, la compañía prospectora vería rebasados sus plazos o estaría al límite como para poder entonces iniciar los trabajos de sondeo habiendo quedado desvirtuados de facto sus permisos", justificando así que el 'pericullum in mora' "no puede jugar en este caso como elemento decisivo a favor de ninguna de las partes o si se quiere a favor de cualquiera de las partes".
Otra de las cuestiones que señala la Sala es que al autorizar una determinada actividad como es este caso la investigación de hidrocarburos en las aguas marinas, condicionada a un complejo proceso de evaluación de su impacto sobre el medio ambiente, y al aceptar los riesgos, asimismo objeto de análisis pormenorizado, que aquella actividad pudiera tener en otros órdenes de la vida social y económica, como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias, el Consejo de Ministros "hace uso de su propia capacidad de decisión", de la que los tribunales "sólo examinan desde el ángulo de la adecuación" a las normas.
Añade, además, que la conveniencia y acierto de autorizar las prospecciones "han de quedar fuera de la confrontación estrictamente jurisdiccional y pertenecen al legítimo campo del debate público en el que todas" las opiniones son por principio "admisibles y cada uno ha de asumir sus propias responsabilidades", incidiendo en que la Sala cuando resuelve sobre la validez del acto impugnado "ni respalda la decisión adoptada, en un caso, ni la desautoriza".
De todos modos, el TSJC sí que afirma que cuando el Tribunal Supremo (TS) se manifestó, "no contaba aún con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)" sobre el tratamiento de los aspectos concretos de medidas en torno a las cuales se iban a autorizar los trabajos de sondeo; sin embargo, señalan que ellos sí disponen del DIA lo que hace "las determinaciones que en dicha resolución se contienen constituyen el auténtico caballo de batalla del Gobierno Canario para contraponer que la DIA no es ajustada a derecho, que es claramente insuficiente y que no respeta la realidad socio-económico-ambiental de la Comunidad Autónoma y su archipiélago".
Por otro lado, la Sala matiza que en lo que se refiere a la zona elegida para los sondeos, en el entorno inmediato de las localizaciones propuestas "no existen espacios protegidos declarados, y no se ha identificado ningún hábitat de interés comunitario en el estudio de fondo marino", por lo que las prospecciones están "por ahora fuera" de los lugares de la Red Natura 2000 y de los espacios naturales protegidos a nivel estatal, autonómico, comunitario e internacional.
Si bien, reconoce que existe la iniciativa de incluir como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) el denominado 'Espacio Marino del Sur y Oriente de Fuerteventura y Lanzarote' previsto en el proyecto Life+Indemares para el "inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español", pero el proyecto Indemares y la tramitación de la propuesta de designar LICs marinos, que incluía otras nueve zonas de las aguas españolas, "está aún en fase de aprobación".
De todos modos, apunta que "aunque pudiera parecer determinante", la inclusión "no es al final un impedimento absoluto, si la prospección e incluso la explotación se realiza con las medidas de seguridad oportunas".
Por todo ello, aprecian, "en apariencia, que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a derecho", dando cumplimiento a la legislación de aplicación en respuesta a su carácter reglado.
El pronunciamiento de la Sala ha tenido un voto particular, del magistrado Helmuth Moya Meyer, que ha indicado no compartir la aplicación de la doctrina de la apariencia de buen derecho que se propugna en el auto, según la cual ésta solo se utiliza como criterio decisorio del otorgamiento de la medida cautelar en determinados supuestos, de manifiesta nulidad de pleno derecho, de impugnación de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme y de contravención de un criterio jurisprudencial reiterado que la administración se niega a seguir.
Mario Cabrera considera que hay nuevos argumentos científicos y administrativos para que los tribunales accedan a la suspensión de las prospecciones
El Cabildo de Fuerteventura ha presentado este martes un nuevo recurso contencioso administrativo contra las prospecciones petrolíferas que realiza Repsol en aguas próximas a Canarias, este vez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera (CC), ha indicado a Efe que esta nueva estrategia responde a que, a su juicio, "hay nuevos argumentos científicos y administrativos para que accedan a la suspensión", por lo que se solicitan medidas cautelares.
Según Cabrera, los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, responsables de los sondeos, ya tienen en su poder un informe científico actualizado que demuestra que en la zona de las prospecciones existen valores ambientales "suficientes para paralizar inmediatamente las actividades de Repsol".
También se aporta un informe elaborado por científicos de la Universidad de La Laguna (ULL) en el que se comparan los informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre los proyectos de hidrocarburos en Canarias, Valencia y Alborán.
En ese informe de la ULL se concluye que en Canarias "la inexistencia" de una evaluación adecuada de los efectos ambientales sobre las especies protegidas del área hace necesaria, al igual que en los casos paralelos estudiados, la actuación preventiva de la Administración para evitar daños a las especies protegidas por "unos impactos que no han sido suficiente y correctamente valorados y corregidos", indica el Cabildo de Fuerteventura.
El documento presenta información técnica que evidencia el "distinto tratamiento" que el Ministerio realiza, en el mismo año, de la evaluación de riesgos ambientales de los proyectos de hidrocarburos de Canarias (Repsol), Valencia (Capricorn Spain Limited) y el Mar de Alborán (CNWL Oil).
La declaración de impacto ambiental (DIA) de Alborán y el informe de la Dirección General del Golfo de Valencia concluyen que los impactos ambientales de la contaminación acústica originada por la prospección sísmica son "negativos" y se aconseja su no realización.
En contraste, la DIA del proyecto de Canarias concluye que no hay impactos "significativos", han denunciado los expertos de la ULL, que consideran que los valores de biodiversidad marina en Canarias "superan, en cuanto a cetáceos y tortugas, a los de las zonas de Alborán y el Golfo de Valencia".
"A pesar de la lucha desigual, no nos van a callar tan fácilmente", ha manifestado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, tras conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deniega la paralización de los sondeos.
Fernando Sabaté, portavoz insular de Sí se puede, considera que la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha desestimado el recurso del Gobierno de Canarias contra las prospecciones, representa una nueva agresión a las instituciones y a la ciudadanía canaria, que han mostrado de forma reiterada su oposición mayoritaria a las mismas.
El portavoz ecosocialista insiste en que la justicia ha abandonado nuevamente a la población de Canarias, permitiendo que el Gobierno español siga tratando los recursos naturales de Canarias “como lo haría una metrópoli colonial, rifándolos al mejor postor a cambio de unas contrapartidas miserables, desoyendo absolutamente la voluntad manifestada en decenas de ayuntamientos de las Islas en contra de las prospecciones”. Sabaté considera que el Ministro Socia será recordado como “el que defiende más los intereses de una empresa privada, como Repsol, que los de la población que habita en las proximidades de los lugares donde se pretende extraer los hidrocarburos”.
Se muestran convencidos de que las prospecciones en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas representa un peligro para el futuro ambiental y económico de Canarias, que no tendrá efectos positivos y que “ya está provocando los primeros casos de muerte de cetáceos por los efectos sonoros de las mismas”. Igualmente cree que la decisión del TSJC “parece demostrar que los derechos de una multinacional están por encima que los de la colectividad que se opone a la realización de estas actividades, dejando únicamente la vía de la protesta organizada ante este tipo de hechos”.
Afirma que las organizaciones al frente del gobierno de Canarias no dan la talla
ANC ya ha denunciado repetidas veces la poca firmeza del gobierno de Canarias, tanto en el tema de las prospecciones, o la consulta popular, como en cualquier caso donde España choque frontalmente con los intereses de los habitantes del Archipiélago. Un hecho que apreciamos casi cada día, por lo que a nosotros no nos sorprenden los dictámenes de la justicia Española o las acciones de sus militares y fuerzas del orden.
Lo que nos sorprende e inquieta es que muchas personas de esta sociedad sigan esperando algo mínimamente digno de los representantes políticos al frente de las instituciones. No nos referimos a la multitud de casos de corrupción, sino a las formas en que se dirigen a mandatarios de fuera, haciendo gala del más sumiso servilismo y advirtiendo siempre, más que amenazando, demostrando así más complicidad con la corona española y el Estado colonialista que con el Pueblo que les voto y el que no.
El estatus colonial de Canarias es evidente antes de que prohibieran la consulta popular sobre las prospecciones. Antes de que Repsol empezara a actuar escoltada por el ejército español. Mucho antes de que, alegando "interés nacional", España montara radares en los espacios protegidos de nuestro territorio o sacrificara especies autóctonas, o las condenara al peligro de extinción. Incluso antes de que se produjera el agravio comparativo entre Canarias y Baleares o Levante.
Para ANC lo peor que está pasando hoy en Canarias es que todo el mundo, empezando por España, reconoce el estatus colonial de Canarias, pero no tenemos representación legal que sea capaz de pedir mediación foránea. Ya sea en foros Europeos, Africanos, o en las propias Naciones Unidas, Canarias no pasa de ser un reclamo turístico silencioso, donde los intereses de sus pobladores quedan disfrazados de autonomía, ultraperiferia y la cobardía de mandatarios indignos cada vez menos representaivos.
Por ello, ANC llama al enfrentamiento directo con los intereses de Repsol y los de la España colonialista en el Archipiélago, para que se vea claro que son esos cobardes los que se parapetan tras el Pueblo y nosotros los que no nos escondemos.