La gente no se creyó las mentiras de Soria y ni de Repsol
Antonio Cabrera. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias
{mosimage}Viendo los resultados de la encuesta del 23 de noviembre, lo primero que queremos manifestar para que vayan tomando nota el ministro de industria don José Manuel Soria y don Antonio Brufau, presidente de Repsol (el que regalaba a los periodistas en las ruedas de prensa queso majorero y vino conejero), es que el pueblo canario ya no se cree sus mentiras.
Un ministro que funciona como si ya estuviese en el consejo de administración de la petrolera junto al otro canario, Luis Carlos Croissier, que fuera ministro de industria en 1986 con Felipe González. A Soria no le faltan gestos para demostrarlo. Por ejemplo, reclamando a la presidenta de Argentina cuando expropió YPF a Repsol la seguridad jurídica que después negó a los 50 mil inversores españoles en renovables, cuyo delito había sido ajustarse al BOE para participar en el desarrollo de las energías limpias: Soria implantó una normativa con efecto retroactivo que pone en peligro la continuidad de la inversión, teniendo muchos de ellos que entregar la instalación a la entidad bancaria con la que habían contraído el préstamo; terminando su calvario en el banco malo Sareb, del que es principal accionista Iberdrola (¡qué casualidad!).
Ahora corresponde a la activa marea ciudadana de la energía, movimiento ciudadano anti prospecciones y plataformas por un nuevo modelo energético, continuar su labor de concienciación y movilización para dinamizar la transición hacia el nuevo modelo energético, basado en renovables de generación distribuida, ahorro y eficiencia, gestión pública, democratización y soberanía energética. Porque ahora es el momento, cuando las tecnologías renovables son competitivas con las fósiles en el mercado eléctrico. Si no es así, los ciudadanos como siempre acabaremos pagando en el recibo de la luz las pérdidas del sistema mientras los beneficios, como siempre, se privatizan. Exactamente lo que ha ocurrido con la indemnización de 1.300 millones de euros a la empresa de Florentino Pérez por el cierre del almacén subterráneo de gas Castor, que pasará al recibo del gas.
Volviendo al asunto inicial: como quienes han organizado y formulado la encuesta del 23N mantienen una actitud favorable a la introducción del gas natural en los sistemas eléctricos insulares de Gran Canaria y Tenerife, hay que intentar revertir la situación o, como mínimo, propiciar que su complicidad con los intereses de los monopolios de Endesa, REE y Enagas tenga un alto coste político y se traduzca en una derrota en las próximas elecciones.
El sector energético es donde la corrupción alcanza las mayores cotas: lo de la Gurtel, caso Noos, operación Púnica o los EREs son migajas al lado de lo que ocurre con las eléctricas. La complicidad entre gobiernos de turno y eléctricas viene desde el franquismo, cuando se fraguaron las familias y grupos económicos que hoy controlan la patronal UNESA, fundada en 1944 por José María de Oriol y Urquijo, primer alcalde de Bilbao después de la guerra incivil y procurador en las Cortes del caudillo. Y para muestra la cuantía de 3.400 millones de euros que habían cobrado de más las eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia cuando entró en vigor la ley 57/1997 del Sector Eléctrico, siendo Miguel Sebastián (último ministro de Industria de Zapatero) quien dejó prescribir a las eléctricas su devolución, cuando tenía sobre la mesa un informe de la abogacía del Estado y dos de la Comisión Nacional de la Energía que le instaban a realizar la reclamación correspondiente a las eléctricas. Este asunto ha sido conocido gracias a la denuncia presentada por la Px1NME y admitida a trámite por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid; siendo un ejemplo claro, entre otros muchos, de la corrupción en la que se desenvuelve el sistema eléctrico en el Estado español.
Al mismo tiempo tenemos un panorama con unos cuatro millones de personas en situación de pobreza energética, porque dedican más un 10 por ciento de sus ingresos a pagar la factura de la luz. Y como Canarias requiere de un 12 por ciento de su PIB para cubrir los costes y sobrecostes de sus sistemas eléctricos insulares, se puede afirmar que vivimos en un territorio que en su conjunto padece la condición de pobreza energética, a la vez que depende en un 94 por ciento del petróleo, mientras nos encontramos a la cola de todas las CCAA del Estado en el aprovechamiento de los abundantes recursos renovables; y algunos, como la geotermia de alta temperatura (que es una tecnología renovable, estable y gestionable) no figura ni en la planificación sectorial, tal como sucede con el borrador de Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE).
Y la confusión continúa hoy, dos días después de conocerse los resultados de la encuesta. El Sr. Paulino Rivero dice que la siguiente lucha, si efectivamente hay petróleo, es reclamar que pertenece a Canarias para evitar su expolio. Está claro que no quiere enterarse, que sus intereses son otros. El verdadero problema es el modelo energético convencional viejo, caro y contaminante. Su cambio debe ser el objetivo principal del movimiento ciudadano o marea de la energía, integrada por los grupos ecologistas, plataformas insulares anti petroleras, sindicatos, partidos alternativos y Px1NMEC. No podemos continuar de cómplices de esta tropa: ellos, los de CC, PSC y PP, los de las puertas giratorias, asumen como propia la política energética de Endesa, REE, Enagas y Repsol, y no han tenido nunca el valor de enfrentarse a sus intereses.
Por lo tanto es el momento de la ciudadanía, de aprovechar la conciencia y sensibilidad ciudadana adquirida en la lucha anti prospecciones, para desenmascarar a los gobiernos y partidos políticos que siguen repercutiendo en el recibo de la luz las indemnizaciones de los fracasos de sus infraestructuras eléctricas y un sistema energético que nos estafa por todo los lados.