Blanca Hari
{mosimage}{mosimage}Entrevista a Felipe Campos
El juez de refuerzo encargado de esta higa causa de presunta corrupción urbanística ha ordenado 22 comparecencias judiciales de gobernantes y exgobernantes imputados (aún sin fecha). Además, ha acordado dividir en dos causas distintas el inmenso Caso Arona 2: por un lado concesión de licencias ilegales y, por otro, irregularidades en torno a la aprobación del PGO luego anulado.
=> Como este procedimiento es hiper complejo (la instrucción va ya por 10 tomos y no ha declarado aún ni la mitad de los imputados), he optado por hacer un esquema con los puntos más relevantes: total de imputados, partidos afectados, imputados que serán citados a declarar en breve… (Si no ven el resto del post, hagan clic a continuación en ‘seguir leyendo’ o sobre el título de este artículo)
IMPUTADOS EN EL CASO ARONA 2 => 22 concejales y exconcejales del Ayuntamiento de Arona por acuerdos urbanísticos municipales presuntamente delictivos que fueron adoptados entre 2003 y 2011.
DELITOS => Los 22 imputados se reparten una ristra de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación relacionados con cinco denuncias o hechos delictivos distintos pero que versan todos sobre urbanismo (por lo que todas las denuncias fueron aunadas en una misma megacausa).
Básicamente, este caso trata sobre la concesión cotidiana/masiva de licencias urbanísticas contrarias a derecho cuando ya había abierta una investigación judicial por el mismo proceder (el Caso Arona 1), sobre los amaños que articularon los gobernantes aroneros y sus colaboradores para intentar seguir dando licencias ilegales sin que se notara y, además, sobre la redacción y acuerdos de aprobación y entrada en vigor del Plan General de Ordenación de Arona.
DENUNCIANTES => José Antonio Reverón, entonces concejal de la oposición socialista y ahora edil de Ciudadanos por Arona; Arcadio Rodríguez en representación de una plataforma hari y el letrado Felipe Campos.
ADMINISTRACIONES AFECTADAS => Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife y Congreso de los Diputados: las tres tienen entre sus responsables políticos a imputados en este caso. Y, además, el Gobierno de Canarias (Consejería de Urbanismo y Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias, COTMAC) por sus competencias en la aprobación y entrada en vigor de un Plan General que ha terminado anulado por sus pelotazos, burradas e ilegalidades varias.
NOMBRES DE TODOS LOS IMPUTADOS EN ESTE CASO (pongo en negrita a los que siguen ostentando responsabilidades públicas). De los 22 imputados, ocho siguen formando parte del gobierno municipal de CC, otro más es consejero de Innovación en el Cabildo de Tenerife, otra es diputada del PP y, el más longevo de todos (exalcalde y exconcejal de urbanismo), es concejal de la oposición del CAN-CCN. En concreto, mantienen responsabilidades públicas 11 de los 22 políticos investigados en las dos patas de este caso.
Miguel Ángel Méndez (CC).
Antonio Miguel García Marichal (CC).
Antonio Luis Sosa Carballo (CC).
María Candelaria Padrón González (CC).
Ramón García Hernández (CC).
Marta Melo Melo (CC).
Manuel Reverón González (CC).
Clara María Pérez Pérez (CC).
José Alberto González Reverón (CC).
Juan José Alayón Beltrán (CC).
Alfonso Barroso (CC).
Francisco Enrique Toledo Hernández (CC).
Ángel David Herrera González (CC).
Dácil María García Marcelino (CC).
Águeda Fumero Roque (PP).
Félix Sierra (PP).
José Agustín Sierra Fumero (PP).
José Esteban Alayón González (PP).
Manuel Barrios Rodríguez (CAN-CCN).
José Luis González Rodríguez (CAN-CCN).
Daniel Martín Navarro (CAN-CCN).
Pedro Cabeza González (CAN-CCN).
Entre los imputados ha habido una baja por defunción, la de Sebastián Martín Melo (CC).
AFECTADOS/INCOMODADOS/ENRABIETADOS CON ESTE CASO Y CON LAS DENUNCIAS QUE PUSIERON EN LA PICOTA AL URBANISMO ARONERO => Aparte de los imputados y de sus simpatizantes, de quienes temen terminar imputados/acusados y de sus partidos políticos (CC, PP y CAN-CCN a nivel comarcal, insular y regional), también se sumó al bando que intentó frenar la judicialización del urbanismo de Arona el PSOE, partido del que salió la primera denuncia (la que dio lugar al Caso Arona 1) y que, al ponerse la cosa peliguadamente delicada, terminó por echar del grupo municipal socialista de Arona a todos los concejales que defendieron la investigación de la presunta corrupción urbanística aronera.
Asimismo, se integraron en el bando –o la banda– que embistió contra los denunciantes de corrupción en Arona y que trató de impedir que siguieran llegando a los juzgados o a la prensa denuncias o pruebas de irregularidades urbanística: la mayoría de promotores y constructores que invirtieron en ladrillo durante la burbuja inmobiliaria aronera y/o tenían intereses en el PGO, las asociaciones y organizaciones empresariales de las que formaban parte y, para rematarla, los bancos y cajas de ahorro que financiaron esas inversiones ladrilleras avaladas por licencias tóxicas o contrarias a derecho. De su desmesurada operación para intentar parar los pies o aplastar a los denunciantes judiciales y periodísticos de la descarada corrupción aronera y del ‘no me da la gana mirar para otro lado y tolerar la corrupción ni a las mafias que se lucran de ella en contra del interés de la mayoría, surgieron las denuncias que dieron lugar al Caso Arona 2.
No exagero cuando les digo que hemos escapado en tablitas y por los pelos de la ira y el pánico de esos ‘poderosos’ (muchos de ellos se han arruinado con el reventón de la burbuja inmobiliaria y del urbanismo ilegal aronero). Pero mejor dejamos el tema mafia para otro capítulo…