NC vota a favor de la tramitación de la nueva ley de los ayuntamientos para resolver un problema operativo
{mosimage}SB-Noticias.– Nueva Canarias (NC) considera que la proposición de ley de CC y PSOE de los cabildos insulares tiene visos de inconstitucionalidad. El diputado de NC Pedro Justo justificó la abstención de su grupo ante las dudas políticas y la falta de garantías jurídicas del texto presentado por los socios del pacto.
La fórmula “forzada” por el Ejecutivo canario para tramitar este texto “tampoco es razonable”, denunció. Al tratarse de una proposición de ley, su tramitación parlamentaria comienza, explicó Justo, sin los informes que garantizan su adecuación jurídica y económica. Se refería, entre otros, al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que analiza su adaptación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
La “desconfianza” de NC hacia esta propuesta legislativa se basa en dos aspectos políticos “muy conflictivos”. Pedro Justo advirtió de la inconstitucionalidad de la definición de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma. Un aspecto que el Consultivo ha rechazado en todos sus pronunciamientos previos a esta proposición de ley de CC y PSOE.
Vinculado a este problema, agregó, se incluye otra propuesta, la reforma del sistema electoral de estas administraciones. Por su carácter de entidades locales, los cabildos se regulan por la ley estatal pero el texto de los socios del pacto establece que sea por la legislación canaria.
Otro elemento conflictivo al margen de las dudas sobre el encaje a la Constitución, según NC, es que se les prohíbe mancomunarse o federarse para la prestación de los servicios propios y transferidos. Una propuesta que “se contradice con el objeto de esta proposición, contenida en el preámbulo como es la eficiencia en la gestión” de las competencias, precisó Pedro Justo.
Rodríguez alega la obligación de adaptar la ley canaria a la estatal para garantizar la prestación de servicios públicos municipales a partir del 1 de enero
Nueva Canarias (NC) rechaza de forma contundente que, a escasos tres meses de que se cierre el Parlamento, el Gobierno de CC y PSOE “presione” a los grupos para aprobar la nueva ley de ayuntamientos sin garantías jurídicas ni económicas, sin debate ni consenso y sin la posibilidad de que se pueda poner en práctica. Sólo la “obligación” de adaptar la ley canaria a la estatal, para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales a partir del próximo 1 de enero, ha llevado a NC a votar a favor de la tramitación de la proposición de ley de CC y PSOE. Un problema que se podía haber solucionado con un proyecto de ley específico sin trastocar la estructura competencial de la comunidad, sentenció el portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez.
“No estamos de acuerdo en tramitar las tres leyes sobre las que se articula todo el entramado jurídico y administrativo de la comunidad (Estatuto, cabildos y ayuntamientos) al final de la legislatura sólo porque el Ejecutivo y sus miembros quieren mejorar su currículum”, denunció el portavoz parlamentario de NC.
Tras recordar la tradición municipalista de NC, Román Rodríguez anunció su voto favorable a la tramitación de la proposición de ley de los municipios canarios de CC y PSOE por la “responsabilizar” de garantizar la prestación de los servicios públicos municipales, a partir del próximo mes de enero. “Aún así no llegaremos a la fecha y habrá problemas”, auguró
Los ayuntamientos canarios, añadió, están obligados a prestar los servicios públicos derivados de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del Gobierno estatal del PP. Para eso, se tiene que adaptar la ley canaria a la estatal. Pero NC entiende que la mejor forma era a través de un proyecto de ley exclusivo “sin entrar a reformar y trastocar todo el entramado competencial y jurídico” de las administraciones municipales canarias.
Con el procedimiento elegido por el Ejecutivo, “no se avanza” en el desarrollo de la autonomía municipal canaria, denunció. Desconocida para la mayoría de los propios ayuntamientos, del resto de las organizaciones sociales, políticas y económicas de las Islas e incluso para una gran parte de los diputados; Rodríguez denunció que se modifique una norma de estas características.
Lamentó además que se haga a través de una proposición de ley en lugar de un proyecto de ley porque su tramitación se inicia sin conocer los informes de los departamentos del Gobierno implicados ni el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que debe analizar si se adapta al Estatuto de Autonomía y a la Constitución.
Apela al consenso de los grupos parlamentarios para sacar adelante esta norma desde la máxima unidad
{mosimage}El diputado socialista Julio Cruz afirmó este jueves que la Ley de Cabildos “responde a la demanda ciudadana de mejorar la administración, hacerla más barata, más eficaz y muy transparente, situándola a su servicio y al de los intereses generales”. En el pleno del Parlamento, explicó que esta norma introduce una serie de particularidades, ligadas todas ellas al hecho insular, y responde al mandato de diálogo y acuerdo institucional con los cabildos
Tras valorar el alto grado de consenso con las administraciones implicadas con que se presenta el texto, destacó que su fin último es dar respuesta a muchos problemas y a la necesidad de dimensionar una administración insular adecuada a los importantes retos de un verdadero Gobierno de la isla, como administración local y como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias.
“Es, ante todo, un instrumento al servicio de los ciudadanos y de los intereses específicos de cada una de las siete islas”, dijo Cruz, quien detalló que la propuesta clarifica el sistema competencial, evitando las duplicidades administrativas. Además se da respuesta, continuó, a los principios de colaboración y cooperación, a las necesarias e imprescindibles relaciones entre las administraciones públicas.
Julio Cruz explicó el contenido del articulado de la ley e insistió en que tiende a la consolidación institucional de los cabildos, mediante su reforzamiento y revitalización como instituciones insulares, tanto desde la condición de corporaciones locales como desde su papel de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. “Su condición como corporaciones locales no impide su conformación y desarrollo como institución autonómica”.
El documento de trabajo remitido por el Gobierno como anexo acomete la regulación de los cabildos de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, dotando a estas instituciones de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto las especificidades que les son propias y que los distinguen y separan de las diputaciones provinciales. Indicó que igualmente importante es la relación entre los cabildos y el Parlamento, lo que viene regulado en el Estatuto y en el Reglamento de la Cámara.
“Estamos ante una respuesta y un cumplimiento del pacto de Gobierno y de los acuerdos del Ejecutivo del inicio de la legislatura. Este mandato no ha acabado y nos quedan muchos meses por delante, así que acometamos este trabajo, pues tenemos el instrumento y depende de los grupos parlamentarios que en este tiempo sepamos dar una respuesta a los ciudadanos desde el máximo consenso con esta ley que ha de desarrollar las previsiones del artículo 23,1 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.