El PSOE considera mezquina la negativa del PP a poner todos los medios contra la violencia de género
{mosimage}SB-Noticias.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista Canario en la que solicita al Gobierno de Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno del Estado que "adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y a que reponga los fondos presupuestarios recortados".
En el texto aprobado, la Cámara legislativa pide que se realicen “reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar”.
En esta línea, la proposición no de ley, que será remitida a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales, apuesta por que “se asegure el pronunciamiento expreso del juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral”.
La Cámara legislativa recoge en esta iniciativa “un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia y redobla su compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores”.
El Parlamento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la violencia de género así como a “impulsar la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores y la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales”.
Además, “reclama que los ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente”.
El texto de la proposición no de ley pide también al Ejecutivo canario que inste al Gobierno de España a que desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género; impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial; revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio.
Asimismo, propone que se impulse, junto con las comunidades autónomas, la finalización de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio; se avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta violencia; y se garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.
El Gobierno del PP, “en una irresponsabilidad tremenda, está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes”
En su intervención ante el pleno, Ramírez explicó que con la propuesta, aprobada con el apoyo del resto de grupos de la Cámara, se rechaza cualquier manifestación de violencia de género, se declara tolerancia cero con los maltratadores y se muestra el compromiso del Parlamento a no reducir recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatirla.
Además, se aboga por impulsar la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores, así como la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. Se reclama, por otra parte, que los ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las competencias en igualdad y violencia de género, con la consiguiente dotación presupuestaria suficiente, igual que el resto de las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley contra la Violencia de Género.
Con la iniciativa también se pide al Gobierno de España que adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de esta norma, que reponga los fondos presupuestarios recortados, que desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, que impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
Se le insta también a que revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio, impulse, junto con las comunidades autónomas, la finalización de la implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en todo el territorio y avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización.
Por último, con la proposición no de ley se solicita al Estado que garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección social integral.
EL PP, CONTRA LA LUCHA
Belinda Ramírez lamentó que el PP, en uso de su mayoría absoluta, apruebe y aplique recortes presupuestarios, políticas y reformas legislativas que atentan directamente contra esta lucha y contra la propia Ley Integral. Recordó que los recortes presupuestarios, en materia de igualdad, alcanzan el 33 por ciento en esta legislatura, y de violencia de género en particular el 22 por ciento desde la llegada al Gobierno del PP.
Las reformas legislativas, continuó, suponen “un atentado contra esta Ley y contra esta lucha, un despropósito total y absoluto”. Como ejemplo de ello habló de la reforma laboral, “injusta, ineficaz y discriminatoria por razones de género”. Añadió que la Ley de Calidad Educativa elimina la asignatura de Educación para la ciudadanía, que formaba en valores a los futuros ciudadanos, valores como son el respeto y la dignidad de las personas, y la igualdad entre hombres y mujeres.
“El PP elimina así la mejor medicina contra la violencia de género: la prevención, y por si fuera poco apoya la educación segregada por sexos, argumentando que el rendimiento escolar es mayor”. Subrayó que lo que parecía un reducto de la educación católica más conservadora hasta hace apenas una década, ésa es la educación del PP, la que hace alimentar estereotipos y afianzar el sexismo”.
Criticó también la imposición por el PP de la Ley de Reforma Local, que aleja los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprime la labor de detección, denuncia y apoyo específico que realizaban los servicios sociales municipales. También el proyecto de reforma del Código Penal, dijo, “muestra la falta de una decidida respuesta penal del Gobierno ante la violencia de género al eliminar completamente el concepto violencia de género de su articulado y rebajar la gravedad del delito de lesiones”.
“El Gobierno del PP, en una irresponsabilidad tremenda, está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes. Es la política ultraliberal del PP que conlleva a instaurar sus principios patriarcales: falta de financiación, disminución en la atención a la dependencia, modificación de la ley del aborto…son pruebas de cómo nos afectan a las mujeres de forma alarmante las políticas ultraliberales que están imponiendo unilateralmente”, expresó.