{mosimage}SB-Noticias.- Analizando el contenido de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, y más concretamente los destinados al Hospital Universitario de Canarias (HUC), se puede observar como los reiterados recortes son cada vez más sutiles, insultando este gobierno a la inteligencia del conjunto de la ciudadanía y al personal que trabaja en el centro sanitario, asegura Intersindical Canaria.
Pero, aquí la trampa: de ese capítulo en cuestión serán desviados fondos para sufragar, la puesta en funcionamiento de las 50 camas de hospitalización de Icod y la ampliación y dotación del Servicio de Urgencias del HUC, que no están contemplados en ninguna otra partida. Hablamos del personal necesario para atender, las 26 camas de Hospitalización de Tránsito inauguradas en el mes de enero de este año, el Área de psiquiatría del servicio y las 23 nuevas camas para Urgencias que está previsto crear a lo largo del próximo año, así como la puesta en marcha del scanner de las Urgencias de Icod.
Hablando de unos 5 millones de € de recorte puro y duro en personal, situación que abundará más si cabe en la falta de medios humanos para atender a la población. Todo ello en un contexto de recorte de plantillas y de sobrecarga laboral. Debemos recordar que en la actualidad no se están sustituyendo las bajas ni los permisos reglamentarios y que, durante este año, se han acumulado más de 55.000 horas de exceso de jornada que se le adeudan a los trabajadores (el equivalente a unos 60 contratos a tiempo completo).
De no corregirse esta agresión, afirmamos que el HUC no podrá hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores en el próximo ejercicio.
Por tanto, esta nueva operación de maquillaje, este nuevo recorte en personal no reflejado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, hace poco creíble el desarrollo de mejoras que permitan el desbloqueo del Servicio de Urgencias del HUC y viene a confirmar que la preocupación del Gobierno de Canarias (CC-PSOE), como alumnos aventajados del gobierno del estado español (PP), es nula, puramente electoralista, pretende hacer recaer el peso sobre las espaldas de los trabajadores, obedece a intereses espurios y no tiene nada que ver con la protección del derecho a la atención sanitaria digna de los ciudadanos.