Fuerteventura respalda la iniciativa de WWF para la creación de un santuario de cetáceos libre de perforaciones petrolíferas

Esta declaración ayudaría además a paralizar las prospecciones en marcha y garantizar una adecuada conservación de este enclave único en el mundo.

Es por ello que WWF España ha puesto en marcha esta potente iniciativa para pedir la creación de un Santuario de ballenas y delfines en estas aguas, cuyos límites coinciden además con el área de protección que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente manejaba en el año 2011, según sus propios informes.

El acuerdo adoptado es el siguiente:

1. El Cabildo de Fuerteventura se dirigirá por escrito a la Presidencia del Gobierno de España apoyando la propuesta de WWF Adena, con el siguiente contenido:

El archipiélago canario constituye un lugar privilegiado e internacionalmente reconocido por su exclusiva y rica naturaleza, por la singularidad y diversidad de sus paisajes. De la conservación de estos valores y la armonización con su desarrollo depende la economía de las islas.  En este sentido, las aguas marinas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura destacan de forma notoria, por su elevada productividad y la inusual abundancia y diversidad de especies, en especial los cetáceos. Más de un tercio del total de especies conocidas en el planeta se dan cita en este peculiar enclave oceánico, sin duda el más importante de Europa para ballenas y delfines y uno de las relevantes a escala mundial.

Por estos motivos, desde  el Cabildo de Fuerteventura damos la bienvenida y apoyamos firmemente la propuesta de WWF España para la creación de un Santuario de ballenas y delfines en aguas al oriente de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos límites coinciden con el área de protección que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente manejaba en el año 2011. Con esta comunicación queremos  unirnos a los ciudadanos e instituciones que ya han pedido la creación del santuario.

Las prospecciones petrolíferas, recientemente aprobadas por su gobierno, amenazan la supervivencia de estos emblemáticos animales, extraordinariamente vulnerables al impacto producido por el ruido generado en los sondeos.

Desde el Cabildo de Fuerteventura reclamamos a la Presidencia del Gobierno de España que promueva las acciones necesarias para poner en marcha la creación del Santuario y paralizar las prospecciones en marcha para garantizar una adecuada conservación de este enclave único.

2. Dar traslado de este acuerdo a la FECAM y FECAI para su toma en consideración y, si se estima, apoyo.

También se aprobó por unanimidad una moción para erradicar de la Isla los desahucios de viviendas

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó esta mañana con los votos a favor de todos los grupos políticos salvo el PP, que votó en contra,  una moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género y en la que se recuerda que el próximo 28 de Diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género en todos sus aspectos, que se ha consolidado como modelo internacional. Frente a ello, se advierte que el Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.

Entre los asuntos tratados en esta sesión plenaria también se aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo Mixto (AMF) en la que se declara a Fuerteventura como 'zona libre de desahucios hipotecarios".

Estas declaración implica el desarrollo de iniciativas de apoyo a los perjudicados, intentando sobre todo paralizar embargos a personas en riesgo de perder su vivienda habitual, así como asegurar los servicios básicos a dichas familias.

Todos los grupos políticos coincidieron en reclamar la incorporación a este acuerdo del resto de instituciones de la Isla y al resto de administraciones.

Violencia de género
La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años.

El contenido de los acuerdos recogidos en la Moción se refieren a que el Cabildo se compromete a no reducir recursos, ni servicios, ni presupuestos para combatir la Violencia de Género, así como a:

Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.
   

Además, se exige al Gobierno estatal que:

Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 112004, de28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
   

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura acordó esta mañana por unanimidad adherirse al Pacto Canario por la Infancia promovido por UNICEF Canarias. El acuerdo se adoptó con la presencia de una representación de niños y niñas de Fuerteventura ( CEIP Millares Carló) que acudieron al Salón de Plenos.

Establece que el Cabildo participará en una mesa de trabajo en el marco de la Federación de Municipios de Canarias (FECAM) y con participación de la Fecai, para consensuar políticas eficientes dirigidas a la Infancia por parte de las instituciones públicas.

También que se fomentará la mejora en el conocimiento de la situación de la infancia a nivel municipal insular y autonómico, contando con datos y diagnósticos de la realidad que informen en los procesos de toma de decisiones y evalúe los progresos, para incorporar un análisis del impacto en la infancia en planes, programas y proyectos.

Contará con una estrategia operativa y coordinada entre las distintas administraciones que oriente y comprometa las políticas públicas de Infancia. Promoverá la elaboración de planes de infancia, como herramienta de trabajo que haga más eficaz la coordinación de los propios medios municipales y su evaluación. Seguirá impulsando y fomentando inversiones en materias que afecten a la Infancia, así como su análisis y seguimiento en los presupuestos insulares.

Potenciará la participación Infantil, como un elemento fundamental en el cumplimiento de los derechos de infancia, a través de la creación de estructuras de participación como los Consejos Insulares de la Infancia y la Adolescencia.

Y exigirá al Gobierno de Canarias a que se comprometa a garantizar que las acciones destinadas a la infancia, aseguren un nivel de vida adecuado a los niños y niñas de Canarias, adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de sus derechos, tal como establece la Convención de los Derechos del Niño ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.

Se recuerda además que según el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de proporcionar las condiciones de vida adecuadas, pero los Estados deben adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de este derecho. Así, los Gobiernos intervienen abundantemente en el aspecto normativo e invierten recursos en favor de los niños y niñas, de forma directa, con la responsabilidad de gestionar las políticas apropiadas para mejorar la vida de niños y niñas.

La protección de los derechos de la infancia nos implica a todos y las cotas de responsabilidad se reparten entre las distintas administraciones, aunque es en el entorno local donde se concretan las acciones más directas, allí donde viven los niños y las niñas  (a través de las instituciones locales, los entornos escolares, los centros de salud…). Esto es así porque la puesta en práctica de la Convención requiere de medidas realistas, integradas, coordinadas y cercanas. Una apuesta por el diseño de políticas apropiadas en la Infancia supone el reconocimiento de que los niños y niñas son un bien social y, por tanto, la necesaria inversión para desarrollarlas. Este reconocimiento nos interesa y nos importa a todos. Todos queremos que los niños y las niñas en nuestra sociedad crezcan sanos, felices, en las mejores condiciones materiales posibles, con una buena educación, con dignidad y respeto por sus derechos.

Todos los planes, programas y proyectos de acción, que implementen los organismos públicos, deben estar basados en la CDN, inspirándose en los principios rectores de este tratado internacional, como:

Artículo 2. CDN: No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna.

Artículo 3. CDN: Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo.

Artículo 6. CDN: Derecho a la Supervivencia y Desarrollo. Asegurar el desarrollo del niño no consiste únicamente en prepararlo para la vida adulta, sino también en proporcionarle las condiciones óptimas para su infancia. Ello supone el reconocimiento del derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al ocio y al juego así como a la protección frente a toda forma de violencia o explotación, reconocida en otras disposiciones de la CDN, y englobada en este principio rector.

Artículo 12. CDN: Derecho a la Participación. Es decir, facilitar y respetar las opiniones del niño en todos los asuntos que le afectan; respetar y facilitar su libertad de expresión y pensamiento, su derecho a asociación, articulando los mecanismos y medidas necesarias para posibilitar la efectividad de estos derechos.

En el desarrollo  de la tarea de seguimiento y análisis de la situación de la Infancia y la aplicación de sus derechos en España,  UNICEF Comité Español presentó el informe de La Infancia en España 2014. El valor social de los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia, en el que se insiste en que la pobreza infantil no puede seguir creciendo. Además, se pone de relevancia el valor social de los niños y niñas y se urge a la necesidad de un Pacto de Estado que blinde los derechos de Infancia.

Por otro lado, la Comisión Europea el 20 de febrero de 2013 publicó su Recomendación a los Estados sobre la pobreza infantil: Invertir en los niños- romper el ciclo de la desigualdad. Esta Recomendación supone un marco europeo para el desarrollo de políticas nacionales de lucha contra la pobreza infantil y promoción del bienestar de los niños y niñas, en un momento en el que las cifras de pobreza y exclusión infantil están creciendo en muchos países europeos, por encima de las del resto de la población. La Recomendación establece tres pilares estratégicos para el desarrollo de políticas:

· El acceso de las familias y los niños a recursos adecuados: apoyando el acceso al trabajo a los padres y madres, y garantizando un nivel de vida adecuado a los niños mediante ayudas económicas, desgravación de impuestos y ayudas a la vivienda.

· El acceso a servicios de calidad: promoviendo la atención desde la primera infancia, garantizando la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, el acceso en condiciones a los sistemas de salud, a una vivienda y un entorno adecuado, y mejorando los sistemas de protección de la infancia.

· El derecho de los niños a participar: mediante el apoyo a la participación de niños en la vida cultural, deportiva y el derecho al juego, y estableciendo mecanismos de participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Algunos indicadores de bienestar infantil  muestran una situación de desventaja de los niños y niñas canarios en relación al resto del Estado. La tasa de riesgo de pobreza infantil es uno de los indicadores más importantes que una sociedad puede tener de sí misma. En España, en el 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 27,5 % de los niños y niñas, más de 2.306.000, viven bajo el umbral de pobreza. En Canarias, utilizando el mismo cálculo, la tasa de pobreza infantil asciende a un 35,1%, afectando a unos 130.000 niños y niñas. Éste y otros indicadores demuestran que en Canarias la inequidad en la infancia está creciendo muy rápidamente, por encima incluso de la del conjunto de la población.  En materia educativa, también se muestra cierta desventaja en la situación del archipiélago, con unas tasas muy altas de fracaso escolar (27,1% frente al 23,1% de la media nacional) y de abandono escolar (del 28,3% frente al 23,5% nacional); o el dato poco favorable sobre la tasa de escolaridad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), que en Canarias se sitúa en el 7% frente al 30,7%  de la media estatal.

Se trata de una situación que reclama nuestra atención. Se hace necesario un compromiso que analice los distintos factores que contribuyen a un incremento cada vez mayor de la desigualdad, para proponer la búsqueda de una solución en nuestra Comunidad. Crecer sin las mismas oportunidades implica un riesgo altísimo de menor logro educativo, peor desarrollo físico, mayores casos de maltrato; pero, también, el que esta situación se repita en la siguiente generación, perpetuando la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas.

En las políticas dirigidas a la Infancia y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, los municipios como Administración más cercana al ciudadano, han sido tradicionalmente la Institución que ha dado respuesta a las necesidades planteadas por la sociedad en este campo siendo fundamental para invertir en el presente y futuro de la Infancia.

Además, en este año 2014 se conmemora el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), con el lema Innovación para la Equidad, apuntando así a la necesidad de impulsar nuevas vías para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y afrontar los problemas sociales que dificultan su desarrollo.

Hace casi 25 años, el mundo hizo una promesa a sus niños y niñas: que haríamos todo en nuestro poder para proteger y promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, aprender y crecer, haciendo que se escuche su voz y posibilitando que se desarrolle su potencial.