El Parlamento pide apoyo para los comercios afectados por la finalización de los arrendamientos de renta antigua
{mosimage}SB-Noticias.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy, por unanimidad, a propuesta del Grupo Nacionalista Canario, una proposición no de ley en la que pide que se aumenten los controles para evitar el tráfico ilegal de personas.
La propuesta fue defendida por el diputado nacionalista José Luis Perestelo. Junto a él intervinieron los diputados Román Rodríguez (Grupo Mixto), Jesús Morera (Grupo Socialista Canario) y Miguel Jorge (Grupo Popular).
De esta manera, y según se recoge en la exposición de motivos, se “procura que la inevitable transición desde un modelo proteccionista hacia un modelo de mercado se produzca en las condiciones más favorables para la supervivencia del tejido empresarial y especialmente del comercio de proximidad”.
La propuesta fue defendida por el diputado socialista Ignacio Álvaro Lavandera. En el debate intervinieron además los diputados Román Rodríguez (Grupo Mixto), Nuria Herrera (Grupo Nacionalista Canario) y Fernando Figuereo (Grupo Popular).
En concreto, la proposición no de ley “insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a modificar la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos Contratos de arrendamiento de local de negocio, celebrados antes del 9 de mayo de 1985”, de manera que “los arrendamientos cuyo arrendatario fuera una persona física se extinguirán por su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local, el cual, en este caso, continuará disfrutando del derecho hasta su jubilación o fallecimiento".
Apuesta, además, por establecer que “los contratos a los que les sea de aplicación el plazo máximo de treinta años, con fecha 1/1/95 podrán sufrir una actualización de la renta por la diferencia entre, por un lado, el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos a 31/12/2014 y, por otro, el incremento del IPC general ya aplicado. A partir de esa fecha, y hasta los diez años restantes, se utilizará como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente”.
Por lo que respecta a los arrendatarios, la Cámara legislativa propone modificar el apartado 10, de la letra E) de la disposición transitoria tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos urbanos, de manera que “el arrendatario tendrá derecho, con carácter irrenunciable, a una indemnización de una cuantía igual a dieciocho mensualidades de la renta del nuevo contrato cuando antes del transcurso de un año desde la extinción del mismo, cualquier persona comience a ejercer en el local la misma actividad o una actividad afín a la que aquel ejercitaba. Se considerarán afines las actividades típicamente aptas para beneficiarse, aunque sólo sea en parte, de la clientela captada por la actividad que ejerció el arrendatario”.
En esta línea, pide “al Gobierno de España que establezca beneficios fiscales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los arrendadores de los locales afectos por las disposiciones planteadas en los párrafos anteriores, con el objeto de obtener una compensación por su colaboración al mantenimiento de las pymes, al comercio de proximidad y a la economía en general”.
Por otra parte, la proposición no de ley insta a que el Consejo de Ministros de instrucciones al Instituto de Crédito Oficial (lCO), de acuerdo con lo previsto en el artículo dos, 2 a) del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, para que abra una línea de crédito para el traslado, reforma y adaptación de locales para empresas afectadas por la finalización de la moratoria, durante la prórroga de la misma, en atención a la situación de grave crisis económica, asociada a los efectos del fin de la moratoria contemplada en la presente ley.
Propone también que el Gobierno del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Superior de Cámaras, la Sociedad Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento S.A., y las principales organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, “elabore en el plazo de seis meses un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico proponiendo, con respeto a las competencias autonómica y locales en la materia, las medidas que se consideren adecuadas a fin de preservar la identidad del paisaje comercial urbano de nuestras ciudades”.
Rechaza seguir la política fiscal del Gobierno de Rajoy, que en estos tres años de legislatura ha realizado más de treinta subidas de impuestos.
El parlamentario socialista José Ignacio Álvaro Lavandera acusó hoy al diputado del Partido Popular Jorge Rodríguez de “hacer un mitin preelectoral” en la Cámara con su discurso demagógico acerca de los impuestos. Ante la moción presentada por Rodríguez sobre esta cuestión, Álvaro Lavandera dijo que “se acerca la Navidad y el PP trae una carta a los Reyes Magos que no es compatible con continuar prestando servicios públicos, sobre todo a los que más lo necesitan”.
Como recordó, el fin de un sistema impositivo es permitir el incremento de los gastos sociales, ya que favorecen la redistribución de renta y conllevan una mayor igualdad en derechos y oportunidades. Aseguró que admitir que la bajada de impuestos fomenta el crecimiento económico es “una falacia” y abogó por buscar fórmulas eficaces para aumentar la carga impositiva de los más ricos y del capital financiero.
Señaló que el PP “pretende obviar que Canarias, junto con Ceuta y Melilla, tiene la presión fiscal por habitante más baja de toda España, mientras que las tres primeras son Madrid, Cantabria y Extremadura. Por ello, sostuvo que hacer converger la tributación autonómica a la de otras comunidades iría en el sentido contrario de lo que el PP propone.
En este punto, se mostró absolutamente contrario a seguir la política fiscal del Gobierno de Rajoy, que en estos tres años de legislatura ha realizado más de treinta subidas de impuestos. Como ejemplo de ello mencionó la subida, hasta en cinco ocasiones, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las tasas universitarias o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y destacó la implantación por el PP del impuesto a la enfermedad y la vejez con el copago farmacéutico a los pensionistas.
“El PP ha creado otros copagos sanitarios como la farmacia hospitalaria, ha eliminado la deducción para el gasóleo profesional, ha prorrogado el Impuesto sobre el Patrimonio, ha creado el copago en la justicia, ha modificado hasta cuatro veces el Impuesto sobre Sociedades”, continuó. Añadió que, “como no podía ser de otra manera, en su último año, antes de perder las elecciones y ser desalojado del poder, entre tanta mentira y desmantelamiento del Estado del Bienestar, el PP plantea una reforma fiscal del Gobierno, actualmente en tramitación y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, en la que las rentas más favorecidas serán las que sobrepasan los 175.000 euros, mientras que el resto apenas lo notará, eso sí, sin olvidar reducir en cinco puntos el Impuesto de Sociedades a la exploración de hidrocarburos”.