La diputada en el Parlamento explicó los presuntos pagos de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público
{mosimage}{mosimage}Audio de las declaraciones
Agencias.– La presidenta del PP de Fuerteventura, Águeda Montelongo, ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia que los delitos de malversación y prevaricación que se le imputan por pagar presuntamente viajes a altos cargos del PP a la isla con fondos del Patronato de Turismo "son un error".
Los delitos que se le imputan a Montelongo, actualmente secretaria segunda de la mesa del Parlamento y consejera del Cabildo de Fuerteventura en la oposición, se cometieron presuntamente cuando era consejera insular del Turismo y vicepresidenta del Patronato de Turismo de Fuerteventura.
"Después de cuatro años me han dado la oportunidad y he venido a defenderme", ha insistido Montelongo, quien ha insistido en que "soy la más interesada en que esto se esclarezca, y ahora tiene que trabajar la Justicia".
El denominado "caso Patronato" tiene su origen en la denuncia que presentó, en mayo de 2011, el entonces vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero del PP, Guillermo Concepción, en relación con el abono de viajes y estancias de políticos populares que habrían sido pagados con fondos del Patronato de Turismo.
"Soy la mas interesada en que esto se esclarezca y ahora tiene que trabajar la Justicia, no hay más", ha reiterado Montelongo a su salida del TSJC.
Durante la jornada también ha declarado ante la juez, en calidad de testigo, el diputado regional del PP Manuel Fernández, uno de los supuestos beneficiados de esos pagos con cargo al Patronato de Turismo de Fuerteventura en 2009.
Al término de su declaración, Fernández ha indicado a los periodistas que ha acreditado con una factura que él abonó el gasto del hotel de un viaje que realizó a Fuerteventura para asistir a una reunión del partido.
Preguntado por la magistrada instructora por el gasto de un coche de alquiler, ha señalado que, cuando fue a abonarlo, ya estaba pagado "por el partido".
La investigación se centra en presuntos pagos de vacaciones a altos cargos nacionales del PP con dinero público del Cabildo de Fuerteventura, entre ellos al actual secretario de Estado de la Seguridad Social del Gobierno de España, Tomás Burgos.
Entre los delitos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal canario se encuentran los de prevaricación, por dictar informes que justificaban los pagos por la promoción turística de la isla a través de periodistas o touroperadores; falsedad en documento público, por simular con otros nombres a los supuestamente verdaderos beneficiados de las estancias en los hoteles; y malversación de caudales públicos por tres pagos concretos: un coche de alquiler para el secretario regional del partido en 2009, Manuel Fernández, unas vacaciones de Semana Santa del senador por Toledo Tomás Burgos Beteta y su esposa, y el alojamiento de dos diputados, Ramón Moreno Bustos y Tomás Burgos Gallego, actual secretario de Estado de Seguridad Social, tras acudir a la isla a un acto organizado por el partido, sobre el futuro de las pensiones, que nada tenía que ver con la promoción turística.
El aforamiento de Montelongo ha llevado el caso directamente al TSJC donde ya han prestado declaración el exgerente del Patronato de Turismo José Luis Cabrera Bonny y Santiago Santana, uno de los asesores de Montelongo en la época en la que la actual diputada era vicepresidenta y consejera de Turismo del Cabildo.
El escándalo, desvelado en febrero de 2011 por Canarias Ahora, provocó el despido de Cabrera Bonny y del personal de confianza del PP en Turismo, así como la retirada de competencias a Montelongo por parte del presidente del Cabildo, Mario Cabrera (CC).