Díaz Tejera afirma que la situación actual de la justica en España es “muy negativa” y propone una serie de medidas alternativas al nuevo Ministro Catalá
{mosimage}{mosimage}Audio de las declaraciones
SB-Noticias.- El portavoz socialista en Justicia, Arcadio Díaz Tejera, defenderá una moción en el Pleno del Senado de la próxima semana en la que planteará una enmienda a la totalidad a la “nefasta política” del exministro Alberto Ruiz-Gallardón en materia de justicia. Díaz Tejera ha puntualizado que “se trata de evaluar la presente situación de la justicia en España y la conclusión que podemos sacar es “muy negativa”.
“También hemos asistido, ha añadido, a la manipulación más engañosa sobre la supuesta creación de 300 plazas de jueces y eso es profundamente falso porque esos jueces ya están trabajando. Se trata de que tengan una plaza y un destino en vez de que sigan expectantes. Por esa razón, ahora proponemos una alternativa respecto a un conjunto de textos que el Ministro no ha anunciado que va a retirar. Simplemente, van a suprimir los aspectos más duros y escandalosos pero, en la medida de lo posible, van a tratar de seguir adelante con dichos proyectos”.
El senador por Gran Canaria propondrá un bloque de iniciativas entre las que destacan la derogación de la Ley de Tasas, una rectificación de la reforma de la Ley de Justicia Universal, reivindicar la Ley de Plazos del aborto de 2010 y retirar la reforma del Código Penal y la tramitación parlamentaria de la Ley de asistencia Gratuita. Además, reclamará que se paralice la Ley de modificación del Poder Judicial, que se convoquen nuevas plazas judiciales, hasta alcanzar la media europea, como garantía del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y de lucha contra la corrupción y que se doten, a través de los Presupuestos, con medios humanos y materiales suficientes a los órganos judiciales.
El parlamentario del PSOE ha subrayado que la dimisión de Ruiz Gallardón como ministro fue un alivio para la justicia de nuestro país y ha insistido en que su etapa ha sido especialmente nefasta para nuestros juzgados y tribunales, para la independencia judicial y para los derechos fundamentales y las libertades públicas de nuestro país”. También ha apuntado que el anterior titular de la cartera de Justicia prometió un proceso de modernización de la administración de justicia pero desarrolló un acentuado proceso contrarreformista de claros tintes ideológicos predemocráticos que provocó la ralentización de la justicia en una sociedad lastrada por la crisis económica y los casos de corrupción.
Arcadio Díaz Tejera ha destacado que su gestión ha estado marcada por el sistemático recorte de elementos esenciales del servicio público de la justicia en nuestro país ejecutando severas reducciones presupuestarias a una administración de justicia que ya contaba con ajustados recursos. En este punto, ha hecho hincapié en la paralización de la creación de nuevas unidades judiciales, en la falta de cobertura de vacantes, la supresión de más de 1.200 plazas de jueces sustitutos o la incapacidad por organizar la nueva oficina judicial y en el hecho de que Gallardón recortó más de 200 millones de euros a la justicia y no creó ni un solo juzgado nuevo en tres años.
Díaz Tejera ha lamentado que España se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante y que, además, la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados. En este sentido, ha detallado que España sólo destina un 0,9% de sus presupuestos al sistema judicial, frente a la media de los países europeos, que invierten un 2,2%.
Por otra parte, el portavoz del PSOE en Justicia ha recalcado que la efectividad del derecho de acceso a la justicia se ha entorpecido de forma notable con la agresiva implantación de unas tasas judiciales que han vulnerado gravemente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y que han dejado fuera de la Justicia, por razones económicas, a amplios sectores de la población.
Arcadio Díaz Tejera ha cuestionado el proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita en un contexto de recorte presupuestario en relación al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos. Del mismo modo y de manera innecesaria, y en perjuicio del servicio público y de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, ha procedido a la privatización del Registro Civil para entregarlo a los registradores mercantiles.
En este afán intervencionista, Ruiz Gallardón diseñó un Consejo General del Poder Judicial controlado por el Gobierno, vulnerando el papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de los poderes en un Estado de Derecho. Una gestión censurable que se ha completado con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que pretende una judicatura jerarquizada, mermada en su independencia y con alarmantes posibilidades de control político. De esta forma, se continuaría la senda de la frustrada Ley de Demarcación y Planta Judicial, que con la desaparición de los partidos judiciales que proponía y el consiguiente alejamiento y encarecimiento de la justicia que suponía para los ciudadanos, suscitó el rechazo no solo de toda la oposición parlamentaria sino también de numerosos representantes autonómicos y municipales del PP.
Díaz Tejera también ha apuntado que, en materia de libertades, impulsó una reforma del Código Penal que opta por criminalizar la protesta ciudadana y por un endurecimiento populista e injustificado de las penas, en el que se incluye una versión de la cadena perpetua de dudosa constitucionalidad, conocida como “prisión permanente revisable”.
El senador canario tampoco ha olvidado que el Gobierno del PP ha enterrado definitivamente la jurisdicción universal de los tribunales españoles con la modificación del artículo 23 de la LOPJ, dando un paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional.
Seguidamente, ha criticado el engañoso anuncio realizado por el Presidente del Gobierno de incorporar 300 nuevos jueces para luchar contra la corrupción y ha aclarado que, realmente, sólo se han creado tres nuevos juzgados y, además, sin esa finalidad concreta. “Se ha regularizado la situación de casi 300 jueces que llevaban bastante tiempo incorporados pero que esperaban un destino al no tener un órgano judicial propio y encontrarse reforzando otros juzgados. En la práctica, no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen sino que, únicamente, se va a regularizar esta situación a efectos administrativos”.
Sin embargo, el parlamentario del PSOE ha subrayado que el ataque más socialmente inaceptable de este ya exministro a los derechos fundamentales ha sido su frustrada reforma de la Ley del Aborto que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior.
Por todo ello, Arcadio Díaz Tejera ha asegurado que el Ministro ha actuado de manera unilateral, a menudo con prepotencia, y ha sido incapaz de buscar consensos amplios para impulsar medidas en beneficio de la mayoría. Ruíz Gallardón ha dejado un paisaje judicial arrasado tras tres años de gestión, con profesionales desmotivados, con una ciudadanía con menos derechos y con un sistema judicial profundamente deteriorado.
Díaz Tejera ha indicado que se hace urgente la apertura de un nuevo tiempo en el que el nuevo ministro proceda a una rectificación de raíz de las numerosas medidas desacertadas impulsadas por su antecesor en el cargo y de impulsar una gestión que pueda continuar la amplia transformación que precisa nuestra justicia. Sin embargo, ha matizado que con la ambigüedad mostrada por el nuevo ministro, que ha jugado a la distracción y a las palabras vacías, no cabe albergar grandes esperanzas y la realidad es que el futuro de la justicia y de nuestro Estado de Derecho sigue estando en el aire.