{mosimage}{mosimage}Análisis de José Manuel Rivero
La Provincia.- El Supremo ha estimado los recursos interpuestos por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria contra la anulación del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta. Ese instrumento de planeamiento fue suspendido parcialmente el 27 de julio de 2012 por el TSJC, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo aceptó un recurso de la Abogacía del Estado, al considerar que la Comunidad Autónoma obvió un informe vinculante del Ministerio de Defensa sobre sus instalaciones militares en La Isleta.
También existió un error en la interpretación de la Ley del Suelo para evaluar los efectos desplegados en determinados planes y programas sobre el medio ambiente, pues la sentencia recurrida atribuyó la consideración de informe vinculante a un oficio de Defensa que no era tal, sino una parte del trámite a las alegaciones hechas en noviembre de 2007, tras la aprobación inicial del Plan Especial del Paisaje Protegido y su correspondiente informe de sostenibilidad ambiental.
Dictamen
De hecho, según el Alto Tribunal, el verdadero dictamen vinculante fue emitido "tardíamente" por Defensa el 11 de febrero de 2010, ya que el sistema de protección fue aprobado definitivamente el 30 de noviembre de 2009 por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias. De ahí que el Supremo lo considere falto de eficacia, revoque el fallo del tribunal canario y confirme la legalidad de la resolución del organismo autónomo por los motivos expuestos en los recursos de casación.
Ninguno de los dos tribunales entra en el fondo del asunto, esto es, en si se rebasan o no las competencias del Estado en materia de defensa nacional, pero el pulso del Ministerio con la Comunidad Autónoma y el Cabildo está vinculado a las restricciones que ese Plan Especial impone en el paraje de La Isleta, con la finalidad de proteger un espacio natural de 560,2 hectáreas y gran valor medioambiental, que refleja cómo fue en su origen la costa norte de la Isla y cuenta con uno de los conjuntos volcánicos más recientes.
Entre esas prohibiciones destaca la imposibilidad de levantar nuevas construcciones e instalaciones militares, así como la restricción de las maniobras castrenses a la zona moderada en la que se realizan normalmente, siempre y cuando esas prácticas sean indispensables para la defensa militar.
Otras de las limitaciones afecta al antiguo penal militar de La Isleta, que está ubicado en la zona periférica de protección y sólo se puede rehabilitar. En ese sitio, el Estado anunció en 2005 la intención de construir una cárcel para aliviar las masificación de Salto del Negro, pero renunció al proyecto tras la negativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las protestas vecinales. El centro penitenciario se hizo finalmente en San Bartolomé de Tirajana. En definitiva: el plan admite como fuera de ordenación las instalaciones militares, pero su uso es incompatible con la protección del lugar. De ahí que sólo se mantengan en la zona hasta la extinción de la actividad.
En la actualidad está prohibido el uso de vehículos desde la ensenada de El Confital hasta Roque Ceniciento, con la excepción de los equipos de emergencias y pequeños microbuses para visitar el enclave. También está restringido el marisqueo en toda la costa del espacio protegido y la pesca con caña desde el Morro del Pulpo hasta Roque Ceniciento. Además, fuera de ese ámbito, el Ayuntamiento capitalino posee la mayoría de los terrenos y también impide cualquier edificación.