Ben Magec denuncia la que considera “una de las Consejerías de Medio Ambiente más ineficaces de la historia de Canarias”.
{mosimage}SB-Noticias.- José Miguel Pérez (PSOE) dirige un área en la que “ni está ni se le espera” en un pacto en el que ha puesto de manos de Domingo Berriel (Coalición Canaria) todas las competencias de importancia.
Las consecuencias de este pacto que combina la inacción del PSOE con la voluntad depredadora de CC son nefastas, y por ese motivo hemos relatado en este decálogo algunas de las afecciones de gravedad extrema que sufre el territorio y el medio ambiente canario:
1. Nos encontramos ante una consejería absolutamente desmantelada, sin recursos pero también sin capacidad de maniobra por falta de competencias y de personal.
2. Con un funcionariado dedicado casi en exclusiva a evitar sanciones europeas por inacción y por vulneración de preceptos comunitarios como el establecimiento de normas de conservación para la Red Natura 2000, que tenían que haber sido aprobadas hace siete años.
3. Con un intacto Catálogo de Especies Protegidas aprobado en la anterior legislatura, propuesto por Coalición Canaria con Berriel a la cabeza. Aunque fue duramente criticado por el PSOE, con José Miguel Pérez y Guacimara Medina, actual Viceconsejera, como adalides de la defensa de la biodiversidad, no ha habido voluntad real de modificarlo. La promesa electoral del PSOE fue eliminar este Catálogo como principal actuación si se hacían con las competencias, pero a día de hoy el Catálogo no sólo se mantiene sino que además, José Miguel Pérez defiende su inocuidad.
4. La gestión de los Parques Nacionales a pasado a manos de los Cabildos Insulares, sin que el Gobierno de Canarias haya tomado ninguna medida, a pesar de que en un principio el PSOE también se había manifestado en contra del traspaso de competencias.
5. La normativa ambiental ha sido envilecida por una “Ley de Armonización” que vacía de sentido a la Consejería de Medio Ambiente y pone en serio peligro el medio ambiente en general. Esta norma, propuesta por Domingo Berriel, que no sólo no ha sido contestada por el PSOE sino que además, fue presentada por su proponente acompañado por un “orgullosísimo” José Miguel Pérez.
6. El Gobierno de Canarias presentó un recurso a la Ley de Costas mucho más pernicioso para el litoral que la propia Ley. Y aunque afecta directamente al medio ambiente, tampoco en este caso hubo respuesta en ningún sentido por parte del responsable del Área, José Miguel Pérez.
7. Por otra parte, atendiendo a que además de sus competencias en materia de Medio Ambiente, el Viceconsejero lo es también de Educación, hay que destacar los recortes en investigación así como la falta de respuesta al alumnado de las dos universidades canarias para la aprobación de las becas de realización de estudios universitarios. Las consecuencias de esta desatención a la investigación son nefastas para la conservación y la I+D+i, que podría dar solución a los numerosos problemas ambientales que padece Canarias.
8. La Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos es totalmente vulnerable. Se encuentra en una situación jurídica tan compleja que la mayor parte de los espacios protegidos de Canarias están en riesgo de descatalogación. Frente a esto no se ha hecho absolutamente nada en casi dos años: http://ecologistasenaccion.org/ecrire/?exec=articles&id_article=24729.
9. Los grandes problemas ambientales de Canarias siguen igual de desatendidos que siempre, y la problemática se agrava año a año. Entre ellos están la desatención a las especies amenazadas, la falta de gestión y control para la protección de los espacios naturales, la vulneración completa y absoluta de la Directiva Marco del Agua ante la emisión continuada de vertidos de aguas sin depurar, o la nula capacidad para mejorar la nefasta gestión de los residuos.
10. En este sentido, ni siquiera son adoptados los acuerdos parlamentarios aunque hayan sido aprobados por unanimidad. Esto fue lo que ocurrió con el Sistema de Depósito y Devolución de Envases (SDDR), al que disimuladamente se le ha dado carpetazo posponiéndolo a la próxima legislatura y exponiéndolo a las “operaciones de maquillaje de datos” a la que nos tienen acostumbrados. En su lugar seguimos teniendo una Ley Canaria de Residuos desactualizada (aprobada 1999), un Área infradotada, ningún objetivo político para su mejora, numerosos vertederos ilegales, otros tantos legales pero saturados y mal gestionados, y sendas incineradoras amenazando los planes de los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria con el beneplácito del Consejero de Medio Ambiente.