Santiago Pérez
{mosimage}En los países que han establecido su sistema político sobre los valores, principios y procedimientos y garantías jurídicas de la democracia constitucional, como ocurre con el Estado social y democrático de Derecho definido por la Constitución de 1978, hay dos cosas que no deben hacerse: quebrantar la Constitución, que contiene la ordenación fundamental del sistema político y jurídico, es decir del modelo de convivencia; o pretender que la Constitución suministre soluciones que no puede proporcionar.
Afirmaba G. Jellinek, uno de los más lúcidos exponentes de la Teoría del Estado del siglo XX, que “…el Derecho no tiene jamás fuerza para determinar, en los momentos críticos de la vida del Estado, la dirección de su camino”.
El sistema político que se fue consolidando desde la aprobación de la Constitución de 1978, cimentado en principios de libertad, de democracia, de Estado Social, ha tenido como una de sus dimensiones claves la descentralización política del poder estatal, como fórmula idónea para compaginar la unidad política y la diversidad de la sociedad española, promoviendo la solidaridad entre las personas y los territorios como amalgama imprescindible.
Ese sistema político se basaba en grandes acuerdos, hoy profundamente desgarrados. Porque está definitivamente cuestionada la primera premisa de todo el consenso: España existe como comunidad política y, su consecuencia democrática, el pueblo español es el titular de la soberanía y fundamento de los poderes del Estado.
Y está roto el consenso sobre el Estado Social, en plena ofensiva neoconservadora. La alevosa reforma del artículo 135 de la Constitución, disparo en la línea de flotación contra la cláusula del Estado Social y contra la orientación que marcaban a la sociedad y a la actuación de los poderes públicos los “principios rectores de la política social y económica”, fue su certificación.
Y hay que decir, porque nadie lo dice, que esa reforma constitucional la asumieron PSOE y PP al margen del ordenamiento jurídico de la UE. La troika sabía tan bien que los Estados miembros no han hecho una cesión tan grande de soberanía a las Instituciones comunitarias como para que les puedan imponer la receta neoconservadora como única estrategia frente a la crisis –es decir proteger al poder financiero, responsable de desencadenarla, y descargar sus efectos sobre los ciudadanos– que, para poder recibir ayuda, les forzaron a firmar un nuevo Tratado Internacional ajeno a la UE, obligándose a reformar sus Constituciones para que sus tribunales constitucionales no pudieran tachar de inconstitucional la regla de oro del “déficit cero”.
Pero quiero hablar sobre el Estado de las Autonomías. Su viabilidad, como la de cualquier sistema de corte federal, depende de que no se cuestione la existencia de España. Y ese cuestionamiento es lo que han venido haciendo con inquebrantable insistencia todos los portavoces e imitadores del nacionalismo vasco y catalán desde hace mucho tiempo.
La exclusión sistemática en su lenguaje de términos como España o pueblo español lo demuestra. Si España no existe, si lo único que tiene existencia como realidades históricas, culturales y sociopolíticas son determinadas comunidades territoriales: Catalunya, Euskadi, Galicia o, en tono menor, Canarias…el Estado se percibe no como expresión de la unidad política de un pueblo, sino como un mero mecanismo de dominación, un aparato de poder al servicio Madrid, transustanciación de una Castilla mesetaria, autoritaria, tan míticamente imaginada como mítico es el relato que sirve de base a todo nacionalismo.
El nacionalismo periférico ha jugado desde el principio con la ventaja que le brindó el sistema electoral pactado al inicio de la Transición y constitucionalizado después casi íntegramente. Un sistema electoral que ha venido penalizando, al propio tiempo, a los partidos de ámbito estatal y electorado disperso (V. Blanco Valdés) como IU, UPyD o probablemente Podemos, que debieran jugar el papel de bisagra o de alternativa recambio al bipartidismo en nuestro sistema parlamentario, de modo que contribuyeran a la defensa, desde su propia perspectiva, de los intereses generales de España y de los españoles.
El nacionalismo periférico ha jugado desde el principio con la ventaja que le brindó el sistema electoral pactado al inicio de la Transición y constitucionalizado después casi íntegramente. Un sistema electoral que ha venido penalizando, al propio tiempo, a los partidos de ámbito estatal y electorado disperso (V. Blanco Valdés) como IU, UPyD o probablemente Podemos, que debieran jugar el papel de bisagra o de alternativa recambio al bipartidismo en nuestro sistema parlamentario, de modo que contribuyeran a la defensa, desde su propia perspectiva, de los intereses generales de España y de los españoles.
Los nacionalistas han entendido la evolución del Estado Autonómico, en contra de todas las tendencias del federalismo y de la realidad de nuestro tiempo, como un desmantelamiento progresivo de las competencias del Estado, hasta colocar el Estado de las Autonomías en las fronteras de sí mismo. En esa encrucijada, más allá de la cual el propio Estado deja de ser viable al no poder las Instituciones estatales ejercer sus funciones constitucionales esenciales, que tienen que ver con la unidad de España y con el logro de las “condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales” (art. 149.1.1 de la Constitución).
Quebrados pues los acuerdos de convivencia social y de convivencia territorial, imprescindibles además para mantener el de convivencia democrática a la vista de nuestra turbulenta historia contemporánea, sólo cabe intentar rehacerlos o abandonarse al pesimismo y a la tragedia, de raigambres tan hispanas.
Pero rehacerlos exige diálogo, pero tanto o más claridad y firmeza. Y un lenguaje que acompañe constantemente a la idea de que España y el pueblo español existen como comunidad política con entidad suficiente para sustentar un Estado; que tiene sentido mantener esa unidad reconociendo su diversidad; que unidad y diversidad necesitan el ingrediente de la solidaridad; que los españoles y cada uno de las comunidades territoriales de España no pueden, en la Globalización, disfrutar de una cuota mayor de soberanía real, es decir de influencia efectiva sobre su presente y futuro, que manteniendo y cohesionando un proyecto de convivencia como el que alumbraron los acuerdos de la Transición y convirtió en norma suprema la constitución de 1978.
Y de la mano de esa España, participar en una Europa que debe salir de un confederalismo estéril que la paraliza. El mismo confederalismo al que muchos nacionalistas, y unos cuántos dirigentes de ánimo asustado y voz engolada, quieren llevar a España. Aunque lo disfracen de federalismo. De un federalismo imaginario e inviable.