El Cabildo de Lanzarote lamenta que el Gobierno "no quiera escuchar" la opinión de Canarias
SSP considera que la impugnación obliga a poner en marcha una consulta ciudadana
{mosimage}La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado este viernes de que el Consejo de Ministros ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los dos decretos del Ejecutivo de Canarias a través de los cuales se pretende celebrar una consulta en esa comunidad para saber si los ciudadanos aceptan o no las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
El Gobierno solicitó informe urgente al Consejo de Estado el pasado día 10 de octubre y el órgano consultivo aprobó su dictamen este jueves. En concreto, le pidió opinión sobre un decreto del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades".
En cuanto al otro decreto, del 2 de octubre, pone fecha y contenido a la consulta sobre prospecciones, que será el 23 de noviembre y se planteará la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".
La vicepresidenta no ha precisado cuándo se registrarán los recursos ante el Tribunal Constitucional ya que es algo que corresponde hacer a la Abogacía del Estado, pero ha dicho que la solicitud del Consejo de Ministros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se impugnen los decretos ya está firmada.
El Gobierno entiende que las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa "constituyen materialmente un auténtico referéndum", al contemplar una consulta al cuerpo electoral "a través de un verdadero procedimiento electoral", e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde "exclusivamente al Estado, de acuerdo con los artículos 23, 81, 92 y 149.1.32ª de la Constitución Española".
Además, indica que esta regulación está recogida en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
En este caso, se impugna la regulación de las preguntas directas recogida en los Capítulos I (artículo 4) y III (artículos 9 a 26) del Reglamento, aprobado por el artículo único del decreto del 25 de septiembre, así como las Disposiciones derogatoria y finales de dicho decreto, en cuanto se refieran a las preguntas directas reguladas en los citados Capítulos I y III.
Por otra parte, respecto a la pregunta realizada, el Ejecutivo apunta que debe tenerse en cuenta que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de las reglas 13ª y 25ª del artículo 149.1 de la Carta Magna, "sin que la competencia de Canarias sobre régimen energético alcance el mar territorial", citando en este punto una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013.
Recalca asimismo que, como también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, (Auto 87/2011), "en ningún caso podría la Comunidad Autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia".
Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno respeta la autonomía de la Comunidad de Canarias, que, "en el marco de sus competencias, puede tomar las decisiones que estime oportunas".
Pero en el caso de la consulta convocada para el 23 de noviembre "estamos hablando de un referéndum que tiene que autorizar el Estado y del ejercicio de una competencia" –en materia energética– "que la Constitución atribuye al Estado", ha subrayado. "Sobre esas competencias no hay capacidad de negociación", ha recalcado la vicepresidenta, que ha añadido que "otra cuestión es no respetar el marco competencial".
El Cabildo de Lanzarote ha lamentado "profundamente" que el Gobierno central haya aprobado este viernes, en Consejo de Ministros, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas.
El Cabildo de Lanzarote ha mostrado, en un comunicado, su confianza de que el TC "respalde, en esta ocasión, la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas", ya que consideró que se trata de un derecho ciudadano "absolutamente legítimo, democrático, respetuoso y compatible con los preceptos de la Constitución española".
El recurso, puntualizó, "no impide que el Alto Tribunal dictamine una resolución favorable" a las tesis que defiende el Gobierno canario y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura sobre la continuidad o no de esta medida cautelar.
Asimismo, el Cabildo de Lanzarote insiste en que tanto el marco normativo de la consulta como la propia pregunta planteada a la ciudadanía "son plenamente constitucionales" al estar amparadas por la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana que además de "válida y eficaz, no ha sido cuestionada nunca" por el Gobierno central.
En este sentido, también niega que la consulta "represente, en realidad, un referéndum encubierto, ya que en ningún momento se alude al cuerpo electoral o al censo, ni se gestiona por la Administración electoral", sino que busca su opinión.
Finalmente, incide en que el Cabildo de Lanzarote continuará trabajando para que los canarios "tengan la libertad de poder expresarse" sobre un tema de "máxima relevancia" para su futuro.
El portavoz de Sí se puede, Roberto Rodríguez Guerra, cree que la decisión del ejecutivo de Mariano Rajoy de impugnar ante el Tribunal Constitucional la consulta prevista en Canarias para el 23 de noviembre, en contra de las prospecciones petrolíferas, “demuestra el pánico del PP a escuchar a la ciudadanía, plegándose una vez más ante los intereses de una multinacional”.
“Si Mariano Rajoy quiere que su Gobierno actúe como una potencia colonial, nuestra obligación es organizar una respuesta ciudadana a la medida, fomentando una consulta ciudadana”, explica.
En la reunión mantenida esta semana entre el Gobierno de Canarias y los colectivos sociales y políticos que rechazan las prospecciones, los presentes ya reclamaron que se celebre esa consulta, incluso incumpliendo lo que imponga en TC. El portavoz ecosocialista cree el Gobierno canario no puede echarse a un lado y dejar solas a las plataformas sociales. “Debemos explorar todas las posibilidades existentes para llevar a cabo un proceso que tenga repercusión política seria, que sea popular y que además no utilice ambigüedades a la hora de exponer una pregunta que debe ser clara y admitida por todas las partes”, asegura.
Rodríguez Guerra cree que el desprecio que realiza el Gobierno central al derecho a decidir de la población canaria tendrá un alto coste para el PP, pero que la actitud tibia demostrada en los últimos meses por parte de CC-PSOE tampoco será olvidada, especialmente la demostrada por el candidato de CC, Fernando Clavijo, que claramente “está en la vieja línea de su partido de recuperar su papel histórico de simples intermediarios con el poder central”.