{mosimage}La Policía Nacional registra este jueves en Barcelona el domicilio de Oleguer Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la compra de un hotel en Canarias por 8 millones de euros, supuestamente con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
En su investigación sobre la compra de un hotel en Canarias por ocho millones de euros, el juez investiga si Oleguer Pujol pudo cometer un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública desde el extranjero.
El juez no ha emitido orden de detención contra Oleguer Pujol, que estará retenido por los agentes mientras duren el registro de su vivienda. En el marco de esta investigación el juez instructor quiere interrogar a dos personas como imputados, pero ninguna de ellas es Oleguer Pujol.
Según fuentes policiales, se están produciendo registros tanto en Barcelona como en Madrid, en viviendas y en oficinas, en busca principalmente de documentación pero también de dinero, para lo cual se están utilizando perros adiestrados para su detección.
El juez Santiago Pedraz decidió admitir parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, ha limitado su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.
POSIBLES DELITOS DE BLANQUEO Y CONTRA LA HACIENDA
En un auto emitido el pasado 1 de octubre, Pedraz justificó la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento al considerar que Oleguer Pujol podría haber incurrido indiciariamente en un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública cometidos en el extranjero que habrían supuesto "una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumentó que Oleguer Pujol obtuvo "una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" procedente de las Islas Vírgenes, "territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE", para la adquisición del establecimiento hotelero.