{mosimage}{mosimage}Audio de las declaraciones
Representantes del Foro Roque Aldeano, en Gran Canaria, han entregado este jueves al fiscal jefe Superior de Canarias, Vicente Garrido, y a la fiscal de Seguridad Vial, Cecilia Acebal, un dictamen en el que se recoge los peligros que actualmente supone viajar por la carretera de La Aldea de San Nicolás.
Asimismo, el Foro apuntó que la apertura de la carretera cada vez que se producen desplomes de risco, como los ocurridos esta semana, "no eliminan el riesgo que presenta la vía", situación que indican podía "agravarse si se hace efectivo el crudo" invierno previsto en los próximos meses.
Además, el Foro recordó que "casi toda la carretera de La Aldea constituye un punto negro" dentro de la red viaria de Gran Canaria, motivación en la que pretenden centrar la denuncia que formalizarán la próxima semana ante la Fiscalía, ya que esta circunstancia "podía constituir motivo suficiente" para que la fiscal de Seguridad Vial abriera diligencias y requiriera los pertinentes informes ante un trazado donde cientos de usuarios, "sobre todo en periodos de lluvias, se juegan la vida".
Por otro lado, señaló que el tramo comprendido entre Risco y el barranco de La Palma, en el macizo de Faneque, es la zona donde se están produciendo "mayores y más frecuentes" desprendimientos, por lo que considera "necesario que con urgencia el Cabildo lleve a cabo una batida para desmembrar las rocas que amenazan con caer fácilmente" al asfalto cuando se produzcan nuevas precipitaciones.
Agregó que en esta zona, donde el Gobierno de Canarias "no ha cumplido el compromiso de instalar mallas flotantes, que sí colocó el Cabildo en el Andén Verde, se hace necesario abrir el túnel que atraviesa" el citado macizo para los usuarios no tener que transitar una zona donde son "frecuentes los desprendimientos". Por ello, el Foro ha propuesto que el Ejecutivo regional ejecute este conducto correspondiente a la segunda fase de la nueva carretera La Aldea-Agaete y el Cabildo prefinancie la terminación de primer tramo que lleva prácticamente paralizado desde mayo de 2012.
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, ha culpado este jueves al Cabildo de Gran Canaria para alcanzar una solución respecto a las obras de la carretera de La Aldea de San Nicolás.
"El problema no lo está generando el Gobierno de Canarias, lo está generando el Cabildo que no quiere aceptar las mismas condiciones que se está aceptando para otras carreteras", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En este sentido, aseguró que si el Cabildo de Gran Canaria "tuviera interés en resolver este problema, lo tendría muy fácil", afirmando que el Ejecutivo regional puso en mayo la "solución en la mesa" de la institución insular.
Agregó que si el Cabildo de Gran Canaria "tiene recursos para prefinanciar la carretera, que los ponga con las mismas condiciones que lo van a hacer para la IV Fase de la Circunvalación, con las mismas que lo ha hecho el Cabildo de Tenerife", de tal forma que si colabora las obras finalizarán en 2015, si no en 2016.
Además, pidió al PP que se coordinen porque mientras el Cabildo pide al Ejecutivo regional que "se salte el objetivo del déficit", el Gobierno central "amenaza que si se incumple el objetivo del déficit, Canarias será intervenida", sobre lo que apuntó que el Gobierno autonómico "siempre ha cumplido el objetivo del déficit y va a seguir haciéndolo".
Asimismo, afirmó que si el Gobierno central hubiera recortado un 20 por ciento anualmente en el convenio de carreteras, como señaló ha ocurrido con Baleares en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la "carretera de La Aldea ya estaría hecha"; sin embargo, recordó que a Canarias se le ha recortado "un 75 por ciento".
Por otro lado, subrayó que al Gobierno regional le parece "claramente insuficiente" el trabajo de los diputados canarios del PP en Madrid para aumentar partidas en los PGE para el archipiélago.
En este sentido, recordó que el "principal problema" de Canarias es la "defectuosa" financiación autonómica que actualmente implica que el archipiélago deje de recibir anualmente 800 millones de euros, por lo que apuntó el Gobierno regional debe mantener los servicios públicos esenciales con el dinero del Ejecutivo autonómico y para lo que destina "1.200 millones de euros al año".
Añadió que de recibir los 800 millones de euros, podrían invertir en otras cuestiones en el archipiélago pero el compromiso del Gobierno regional, dijo, "es mantener los servicios sociales".