{mosimage}El presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior en el PE, Juan Fernando López Aguilar, asegura que promoverá en la UE que España depure responsabilidades por "el uso desproporcionado de la fuerza" que ejercieron este miércoles los guardias civiles destacados en la valla de Melilla, y las devoluciones ilegales de inmigrantes que perpetraron.
En declaraciones a Europa Press, el socialista y exministro de Justicia, anunciaba esta determinación tras ver el "escalofriante" vídeo difundido por la ONG melillense Prodein ha tachado de "escalofriantes" las imágenes del incidente difundidas por la ONG Prodein que muestra "un uso desproporcionado de la fuerza" contra los inmigrantes.
"Se apalea a un africano y no se está ejerciendo esa violencia en defensa propia, pero lo más tremendo es que después de apalearlo y neutralizarlo, de dejarlo inconsciente, se le arrastra al otro lado de la valla. Se trata evidentemente de una devolución en caliente prohibida por el derecho europeo y los convenios internacionales por tanto es un asunto que debe ser investigado", asegura.
En su opinión, "es algo estremecedor de lo que hay que hablar en el Parlamento Europeo e incluso en un momento como este", en el que se está produciendo la transición a la conformación de una nueva Comisión Europea tras las elecciones, porque resulta "imprescindible esclarecer estos hechos y asegurar que exista un protocolo de actuación europeo en las fronteras exteriores de la Unión que respete los derechos fundamentales en todo caso".
Para López Aguilar es "hipócrita que se pretenda que el responsable de esos hechos" sea en exclusiva el Comandante de la Guardia Civil en Melilla y dice que "hay que apuntar a la cadena de mando, a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior".
Además, se plantea "donde está la respuesta de las instituciones que en España tienen la obligación de velar por los Derechos Fundamentales" y, en concreto, la Defensora del Pueblo, "que no dice nada y no incoa de oficio una investigación" aunque "está ahí para interesarse por los derechos de los más vulnerables, los más débiles, como es el caso de esas personas que están encaramadas en la valla".
"NO SE HABRÍAN AQUIETADO"
Preguntado por el hecho de que Prodein lleva más de diez años denunciando estas prácticas, incluso durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que él fue responsable de Justicia, López Aguilar insiste en que no tuvo conocimiento de estas prácticas y en que deben "investigarse en todo caso" y "en cualquier tiempo de gobierno".
"Siendo ministro no solamente no tuve nunca conocimiento de una actuación de uso de la fuerza desproporcionada ni de devolución en caliente, sino que era perfectamente consciente de que eran contrarias no sólo al derecho europeo sino al derecho español y así lo hubiera hecho valer", ha sentenciado.
"Las violaciones de derechos fundamentales hay que investigarlas tengan lugar en cualquier tiempo de gobierno en que tengan lugar. ¿Cree que algún responsable de Gobierno socialista se hubiera aquietado si hubiera tenido conocimiento de estas imágenes? La respuesta es no y esto lo digo en 2004 cuando yo mismo era ministro, en 2008 cuando dejé de serlo y lo digo ahora en 2014, diez años después", ha añadido.
López Aguilar ha incidido en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "se caracterizó como nunca en extensión de derechos y libertades", ha recordado que recurrió con resultado favorable la inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería que había impuesto el Partido Popular en tiempos de José María Aznar y "veló en todo caso por un trato correcto de todos los inmigrantes en España".
En este sentido, ha destacado que "reconoció los derechos de todos los inmigrantes" que se encontraban en el país "contra las críticas feroces de la derecha española política y mediática y de sus extensiones en Europa". "Este es un terreno en que la comunidad de los migrantes y demandantes de asilo reconoce la diferencia entre lo que fue el tiempo de Gobierno del PSOE y esta época, de retroceso brutal en derechos y libertades", ha zanjado.
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La red Migreurop y otras 70 entidades instan de forma urgente al poder judicial y a los órganos europeos de defensa de los Derechos Humanos a investigar de oficio la violencia policial y las devoluciones ilegales de inmigrantes documentadas este miércoles en vídeo por la ONG Prodein, durante un intento de salto que se saldó con varios heridos.
En un comunicado, estas más de 70 organizaciones de diversa índole rechazan las prácticas de las autoridades españolas en la valla porque "lejos de respetar la legislación nacional, europea e internacional y garantizar el respeto de los Derechos Humanos y el principio de no devolución, han devuelto una vez más de forma sumaria a personas que se encontraban en territorio español".
"A pesar de que estas devoluciones están siendo objeto de investigación por parte de los tribunales y que han llevado a la imputación del responsable máximo de la Guardia Civil de Melilla, las autoridades españolas siguen llevándolas a cabo para a expulsar a Marruecos a personas inmigrantes y potenciales refugiadas que llegan a nuestras fronteras", denuncian.
Para los firmantes, los órganos de gobierno de la UE deberían tener como prioridad "no sólo la resolución de la problemática fronteriza aportando criterios de racionalidad a una política que está creando conflictos irresolubles, tanto humanos como institucionales, en los países de la frontera de la Unión Europea", sino también "la exigencia a los países miembros del cumplimiento de la legislación vigente estableciendo sanciones a quien incumpla la misma".
Sobre los vídeos, destacan que revelan "de manera evidente" cómo una persona es "expulsada de forma sumaria tras haber atravesado todas las vallas, sin tener acceso a las garantías previstas" en la Ley de Extranjería o en el tratado bilateral de readmisiones que España tiene firmado con Marruecos. Además, expresan "preocupación" por "el trato ofrecido por parte de la Guardia Civil a una persona inmigrante" de la que se desconoce el estado de salud.
"El Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales", destacan estas entidades, que exigen al Gobierno que de forma inmediata ponga fin a "esta práctica ilegal, que se investiguen los hechos de este vídeo, así como que se depuren las responsabilidades pertinentes".
En esta línea, recuerdan que la exigencia del cese en la vía de hecho de las devoluciones irregulares ha sido trasladada ya en reiteradas ocasiones y de forma explícita a los delegados del Gobierno en las ciudades autónomas, la última vez los pasados 4 de marzo y 7 de abril, sin que se haya obtenido aún una respuesta.
También se han cursado escritos al Defensor de Pueblo y diversas acciones judiciales, una de las cuales ha derivado en la imputación del máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla por un posible delito de prevaricación que se produciría por estar practicando devoluciones ilegales a sabiendas de que lo son.
Los firmantes plantean además, que muchas de las personas que intentan saltar las vallas "huyen de conflictos y graves violaciones de los Derechos Humanos y se les está negando el acceso al procedimiento de protección internacional" al que tienen derecho. "En lugar de garantizar su derecho a pedir asilo, se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos y no se les garantiza una adecuada protección", afirman.
"De nada servirán políticas que sólo abogan por el rechazo sistemático y frecuentemente violento de los que buscan en Europa las oportunidades que sus respectivos países les niegan y donde en muchas ocasiones son víctimas de persecución", explican.
En su opinión, solo se podrá dar solución a esta situación si se plantea "un diálogo serio que aborde la problemática de los flujos migratorios desde una perspectiva global, prevaleciendo ante todo la protección de los Derechos Humanos y la transparencia y el respeto a la legislación nacional e internacional, evitando siempre cualquier tipo de medida coercitiva".