Abreu declaró el pasado lunes en el juzgado de Icod por supuesta malversación y prevaricación de dinero público
{mosimage}SB-Noticias.- El vicepresidente del Cabildo y candidato por el PSOE, Aurelio Abreu, declaró el pasado lunes en el juzgado de instrucción de Icod de los Vinos en relación a la supuesta adjudicación al estudio de arquitectos Cuende y Gutiérrez S.L, sin mediar concurso público, de la redacción del proyecto de construcción de la residencia de discapacitados de Buenavista en 2006.
Esta irregularidad en el proceso de contratación llevó al alcalde de Buenavista, Antonio González Fortes, a denunciar lo sucedido ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que a la postre supuso la petición de imputación por parte de la Fiscalía por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
Para Sí se puede, personados como acusación particular en estas Diligencias Previas, supone un motivo de satisfacción que se produzca esta declaración, que se había suspendido hasta en dos ocasiones, y de este modo se podrá esclarecer unos hechos que han supuesto retrasos en una obra de vital importancia para las políticas sociales que se quieren implantar en el municipio.
Desde Sí se puede señalan también que el exalcalde buenavistero y actual vicepresidente del Cabildo reconoció ante la jueza que el expediente no se llevó a cabo de la manera en que debió hacerse, aunque no admitió su responsabilidad sobre este hecho en ningún momento.
El comité local buenavistero vuelve a mostrar su disposición a colaborar con la justicia para que se esclarezcan los hechos y responsabilidades en este asunto tan importante y muestra de ello fue la declaración en calidad de testigo del actual concejal de bienestar social Esteban Lorenzo Rivero, que traslado a las partes toda la información que le fue precisada.
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, le exigirá mañana al delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explicaciones “por la tremenda chapuza que ha supuesto no solo el reciente escándalo de la tasa de cementerios y la manera de gestionarlo por parte del grupo de gobierno, sino toda la relación contractual entre este Consistorio y la empresa Cetensa desde que esta se hizo cargo del servicio municipal de cementerios”.
Arcila pidió la semana pasada la comparecencia de Arteaga para que explicara las razones por las que Cetensa comenzó a cobrar, de manera ilegal, la tasa. Ahora también quiere saber por qué durante toda la semana estuvo justificando esta acción de la empresa; por qué el alcalde, José Manuel Bermúdez, dio por hecha una exención para personas con pocos recursos al ver la reacción social, ignorando que es el Pleno quien tiene que autorizarlas; y por qué, tres días después y en un acto de improvisación alarmante, la Junta de Gobierno acordó suspender el cobro de la tasa.
Todo este cúmulo de irregularidades, así como la opacidad de las cuentas de Cetensa con el Ayuntamiento y el reiterado retraso en el encargo de una auditoría a la empresa, propuesta por Sí se puede y aprobada por el Pleno en junio de 2013, son razones más que suficientes, según Arcila, para pedir la dimisión inmediata de Arteaga, quien “en este asunto, como en el de Emmasa, parece estar trabajando al servicio de empresas privadas en lugar de cumplir con el deber encomendado por la ciudadanía como servidor público”.
Cortes de agua
En la sesión de mañana, Arcila también preguntará a Arteaga o a la delegada de Servicios Sociales, Alicia Álvarez, cómo piensa solventar el grupo de gobierno la injusta situación que supone para familias sin recursos el hecho de que Emmasa siga cortando suministros de agua y cobrando por el reenganche, pese a que el Pleno se lo ha prohibido expresamente.
Por su parte, la concejala Asunción Frías ha pedido la comparecencia de la delegada de Medio Ambiente, Yuri Mas, para que informe sobre los pasos dados para la creación de huertos urbanos en los distritos de Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur y para que explique la situación respecto a la apertura del huerto de El Toscal. Frente a las afirmaciones del grupo de gobierno en el sentido de que a la ciudadanía no le interesa esta red, Sí se puede tiene constancia de que hay personas que llevan más de un año pidiendo ser incluidas en este proyecto y no reciben respuesta.
Por último, Frías preguntará al concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, o a Arteaga por qué en 2013, como ya ocurrió en 2012, no se refleja en la Cuenta General del Ayuntamiento ni un euro de ingresos en concepto de concesiones administrativas con contraprestación periódica –aplicación presupuestaria 55000– y a qué concesiones concretas se refiere dicha aplicación.
El portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera que el reciente anuncio de un acuerdo entre el Cabildo y el Ayuntamiento para impedir la práctica del motocross en la Mesa Mota es “una buena noticia y un éxito de la ciudadanía, en especial de los representantes de la FAV Aguere que llevan reclamando el fin de esta actividad en la zona desde hace más de una década”.
Aseguran que esta decisión se hizo esperar demasiado por la falta de acción de CC-PSOE, que no han atendido a los informes que la propia Concejalía de Medio Ambiente tenía desde 2010 en los que recomendaba el fin de esta actividad en la Mesa Mota, documentación solicitada por la organización ecosocialista y que no les ha sido entregada. Según los datos publicados sobre dicho informe, se atestigua que esta actividad, en el caso de la zona de la Mesa Mota, era claramente incompatible con el régimen de protección de esos suelos, constatando una “fuerte erosión del suelo producida por el rodamiento de los artefactos deportivos”, un “impacto significativo en las aves en épocas de apareamiento y anidamiento” y la “imposibilidad de reforestar de forma natural un terreno deforestado”.
“Recuperar esta zona de alto valor paisajístico y mejorarla para el uso del conjunto de la población debería ser una asignatura a abordar por el Gobierno local y el Cabildo”, manifiesta. En este sentido indica que la zona de la Mesa Mota no se trata de un lugar aislado, ya que esta actividad deportiva también se practica en numerosas zonas, especialmente por pistas y caminos rurales en suelo de protección paisajística, como Jardina, Gonzaliánez, Finca España o Los Valles.
Indican que en el anterior proceso de exposición pública del Plan General (PGO) la formación lagunera presentó una alegación para que se acabara con la práctica irregular de esta actividad en zonas ubicadas sobre suelo rústico de protección paisajística y natural. La respuesta de la Gerencia de Urbanismo reconocía que el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), establece que “el uso recreativo de esparcimiento en espacios no adaptados con vehículos de motor es incompatible fuera de los viarios de circulación rodada para todas las ARH de protección ambiental y económica”.
Ascanio explica que la misma respuesta de la Gerencia indica que “se establecerá una mayor limitación, en el sentido de que el uso de esparcimiento a motor se permitirá en carreteras, caminos y pistas forestales existentes o propuesto en este plan, que no estén incluidos en la red Canaria de Senderos, atendiendo al decreto 11/2005 de 15 de febrero por el que se crea la Red Canaria de Senderos y se regulan las condiciones para la ordenación, homologación y conservación de los senderos en la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Desde la formación de izquierdas lagunera afirman que las zonas que actualmente sirven para la práctica de esta actividad en el municipio están clasificadas mayoritariamente como suelo de protección paisajística, que según el PGO vigente, en el texto refundido de octubre de 2004, establece la prohibición del “uso de vehículos de motor particulares fuera de los recorridos expresamente autorizados para ello” así como “las que pudieran suponer alteraciones del relieve original del terreno, de la estructura de los suelos o de las infraestructuras de los bancales y elementos de contención, o que disminuyeran la superficie arbolada, salvo por razones de mantenimiento de ésta o de sustitución por especies autóctonas en su área potencial”.
El portavoz municipal de Sí se puede espera que el nuevo proceso de exposición pública del PGO, que acaba el próximo lunes, permita que el fin de esta práctica irregular se haga realidad, apostando una vez más por establecer un espacio de negociación en el que participen representantes de la Federación de Motocross, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, representantes del Ayuntamiento y del Cabildo para estudiar el posible establecimiento de un espacio habilitado legalmente para esta práctica deportiva en montaña del Aire u otro espacio adecuado para este fin en la zona metropolitana.