A medida que las fechas avanzan y se aproxima el vencimiento del plazo de alegaciones se va descubriendo quién es quién en este proceso de información pública, y qué rol desarrollan.
{mosimage}SB-Noticias.- Los consejos de centro (las personas que los conforman) de los centros ciudadanos optan de forma denodada por erigirse como los perros del sistema, acólitos sumisos del poder fáctico del equipo de gobierno de este ayuntamiento, aseguran desde la Plataforma por un PGO participativo de Guamasa-Los Rodeos.
Estas personas, que “tienen las llaves”, cierran los centros a la posibilidad de que sus vecinas y vecinos sean informados de las numerosas afecciones que el nuevo Plan General de Ordenación plantea para el pueblo y para sus propiedades y ayudados en sus alegaciones. Dificultan en todo lo que pueden las acciones de las plataformas constituidas para este fin y cualquier movimiento crítico al plan. Y lo hacen desde la ignorancia más supina, pues incluso ellos mismos desconocen como este plan infiere en sus propiedades. Obediencia inconsciente.
En Guamasa – Los Rodeos, nos hemos reunido en la calle en Garimba, en la plaza de Santa Ana en El Ortigal, en la Ermita de la Cruz Chica, en el Colegio de Guamasa… porque no disponíamos de Centro Ciudadano. Ahora que se acerca el fin del período de alegaciones, mucha gente empieza a enterarse de cómo les afecta el plan y se pone en contacto con la Plataforma. Para informarles y ayudarles con sus alegaciones, las plataformas hacen verdaderos esfuerzos para dar un servicio público y una ayuda a las vecinas y vecinos en defensa del bien común, como se ha hecho desde el principio de su trayectoria. Para evitar problemas con los centros, se solicita a la Concejalía de Participación Ciudadana, cuyo responsable es el socialista Javier Abreu el uso de los centros por escrito y registrada la solicitud. Después de que desde la secretaria del propio concejal se nos confirme en dos ocasiones haber recibido confirmación verbal desde esa Concejalía (no lo confirmarlo por escrito porque dicen no ser necesario), los gestores de esos centros impiden el uso de las instalaciones para este servicio público aduciendo que no les consta, que son ellos quienes tienen las llaves y que, aún estando las instalaciones libres, tienen orden de no ceder esos espacios, en unos casos, y en otros, que no pueden hacer más de una actividad al día. De esta manera en centro ciudadano de El Ortigal el uso del centro es para unos pocos hacer sus actividades, o ninguna actividad, dejando claro que no se va a usar para informar o ayudar a nadie a hacer sus alegaciones. En el otro, la labor que desarrolla la Plataforma la equiparan a una clase de pintura que, además es una actividad lucrativa. Los centros dificultan esta actividad de forma consiente, algunas veces, como en el caso de El Ortigal, se comunica la decisión diciendo que siguen órdenes, pero no dicen de quién. En el otro Centro dan la cara aunque niegan el uso del espacio a pesar de la insistencia y la presentación de la solicitud también por escrito realizada por miembros de la asociación de vecinos que son también de la Plataforma debido a que aunque haya horas disponibles, no se ceden los centros más que un día a la semana y eso, aunque sea para ayudar a las vecinas y vecinos a presentar sus alegaciones… la misma actitud que vemos desde el ayuntamiento. ¿Qué intereses defienden? ¿qué miedos les gobiernan?
Todas las personas tenemos derecho a defender nuestros intereses, ideas y convicciones con toda la fuerza y vehemencia que seamos capaces de desarrollar en los asuntos de gobierno que nos afectan directa o indirectamente. Y debemos poder hacerlo en libertad democrática. En libertad democrática real. De tal forma que los opositores a nuestros intereses, convicciones e ideas tengan opciones a rebatirlas en igualdad de condiciones. Si desde la administración esa posibilidad se coarta, impide y niega utilizando incluso a los propios vecinos para obstaculizar la misma, esta democracia no es real.