Se inicia una campaña para restituir dichas competencias a los Ayuntamientos.
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- La Plataforma de Acción Feminista Canaria, que agrupa a organizaciones de todas las Islas, ha presentado un conjunto de acciones para denunciar la supresión de competencias en materia de Igualdad impuesta por el PP a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y promover que los Ayuntamientos canarios sigan desarrollando Políticas de Igualdad y implementando servicios a las mujeres.
En el manifiesto aprobado por las organizaciones feministas y secretarías de la mujer de los sindicatos canarios, plantean que la aplicación de las políticas de igualdad son un imperativo ético y una necesidad social de primer orden, tal como indican los datos (…) como los de desempleo, Violencia machista, etc. Se afirma que “La desigualdad debe ser combatida desde todas las áreas y todos los frentes con políticas públicas integrales y de equidad entre ambos sexos. Las políticas de prevención son las más eficaces y las únicas capaces de acabar con la lacra de la desigualdad y la violencia de género, (…) exigimos voluntad política y compromiso activo para afrontarlas”.
En el marco de la Carta Europea de Autonomía Local, la Plataforma considera que los municipios son el ámbito más cercano y eficiente para abordar los problemas generales de la ciudadanía, incluida la desigualdad de género.
La Plataforma de Acción Feminista Canaria rechaza, por tanto, la Ley de Bases de Régimen Local, impuesta por el Partido Popular, por considerar que excluye las políticas de Igualdad de las competencias de las Administraciones Locales, y exige a la Administración Central “la restitución de dichas competencias, (…) junto a aquellas que garantizan los derechos sociales de la ciudadanía”. Pero afirman que, “aunque La promoción de la igualdad y la violencia de género no aparecen como competencia propia de las entidades locales según la nueva normativa, algo que tendrá que ser delegado por el Gobierno Autónomo, (…) todas las administraciones públicas canarias están obligadas a cumplir el principio de actuación transversal de género por mandato de la Ley Canaria de igualdad y la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y por mandato constitucional. Recuerdan que es, además, un compromiso manifestado en la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006).
Por otro lado, plantean aprovechar las excepciones permitidas por la Ley en el sentido de que la Administración Local asuma competencias delegadas por la Administración Autonómica. Por ello, se dirigen al Gobierno canario para que delegue, efectivamente, esas competencias, tanto en Igualdad como en políticas que la facilitan (Servicios Sociales, Juventud, Empleo, etc.) Y a los Ayuntamientos se les exige que muestren su voluntad de mejora social en clave de Igualdad comprometiéndose con dichas políticas, desarrollando la transversalidad de género en las competencias que tiene y solicitando el resto.
Con estos objetivos, inician una campaña.
Hoy ha sido registrado en el Gobierno Canario un escrito en Presidencia del Gobierno Canario con copia al ICI para que acelere los trabajos para efectuar la mencionada delegación. Y, por su parte, en colaboración con todas las Asociaciones de Mujeres de los ámbitos locales, se elevará a todos los Ayuntamientos de las Islas una propuesta para que las administraciones locales sigan llevando a cabo Políticas de Igualdad, apelando a su voluntad política y a su compromiso democrático, para que encuentren las vías legales para hacerlo.
DEFENDER LAS POLÍTICAS LOCALES DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN DERECHO Y UNA NECESIDAD SOCIAL INELUDIBLE
La Plataforma de Acción Feminista Canaria denuncia la supresión de competencias en materia de Igualdad impuesta por el PP a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Exige un papel activo de las entidades locales en políticas de igualdad y rechaza la eliminación de Concejalías y acciones en igualdad llevada a cabo por algunas entidades locales en respuesta a dicha Ley.
Desde las organizaciones feministas planteamos que la aplicación de las políticas de igualdad son un imperativo ético y una necesidad social de primer orden, tal como indican los datos sobre desigualdad: desempleo (126.000 hombres, 131.000 mujeres en Canarias, según datos de marzo de 2014), peores condiciones laborales de las mujeres, jornadas parciales, brecha salarial, tareas domésticas y de cuidado que siguen recayendo casi en exclusiva en las mujeres y generan dobles y triples jornadas, así como cifras escandalosas de mujeres asesinadas por violencia de género cada año e indicadores cada vez más inquietantes sobre el aumento de mujeres jóvenes en situación de violencia machista, lo cual constituye la expresión máxima de la desigualdad.
La desigualdad entre mujeres y hombres debe ser combatida desde todas las áreas y todos los frentes con políticas públicas integrales y de equidad entre ambos sexos que realmente construyan modelos culturales diferentes. En este sentido, las políticas de prevención son las más eficaces y las únicas capaces de acabar con la lacra de la desigualdad y la violencia de género. No vale pasar por alto las situaciones de desigualdad y por ello exigimos voluntad política y compromiso activo para afrontarlas.
Es ello lo que nos lleva a rechazar la Ley de Bases de Régimen Local, que excluye las políticas de Igualdad de las competencias de las Administraciones Locales, y a exigir a la Administración Central la restitución de dichas competencias a las Administraciones Locales, junto a aquellas que garantizan los derechos sociales de la ciudadanía.
La realidad cotidiana refleja que los municipios son el ámbito más cercano y eficiente para abordar los problemas generales de la ciudadanía, incluida la desigualdad de género. Así lo señala la Carta Europea de Autonomía Local que afirma “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales (…) de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. Entendemos que alejar las competencias públicas del entorno más inmediato en el que viven las personas, sus municipios, es dificultar la cercanía y la participación. Por tanto, es restar democracia y derechos a la ciudadanía.
Las feministas exigimos, además, que las Administraciones Locales y la Administración Autonómica hagan uso de los recursos que permite la ley para asumir su obligación de impulsar la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, en el siguiente sentido:
Si bien es cierto que la promoción de la igualdad y la violencia de género no aparecen como competencia propia de las entidades locales según la nueva Ley de Bases de la Administración local impuesta por el Partido Popular, algo que en su caso tendrá que ser delegado por el Gobierno Autónomo, no debe olvidarse que hasta tanto esto no ocurra las administraciones públicas canarias están obligadas a cumplir el principio de actuación transversal de género por mandato de la Ley Canaria de igualdad y la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Además este principio es una exigencia constitucional que obliga a los Poderes Públicos a remover los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva entre las personas y un compromiso manifestado en la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006), en la que se promueven las “políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos y materiales propios y adecuados”.
En ese sentido, la Plataforma de Acción Feminista Canaria reivindica que desde las áreas en las que los Ayuntamientos tienen actualmente competencias (Urbanismo, Medio Ambiente, Deporte, Cultura, Ocio y tiempo libre….) se contemple la necesidad ineludible de actuar con perspectiva de género, en consonancia con las obligaciones derivadas tanto de las citadas leyes como de los compromisos europeos, pero sobre todo porque es una necesidad social incontestable.
Entendemos que el principio fundamental de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres no está realmente garantizado si no existen actuaciones concretas dirigidas a promover dicha igualdad al menos en las áreas señaladas. Asimismo, otras áreas de actuación municipal ahora no relacionadas en la nueva legislación (Servicios Sociales, Empleo y Desarrollo Local, Educación y Juventud) son ámbitos idóneos para el desarrollo de las Políticas de Igualdad desde las que muchos Ayuntamientos han venido desarrollando una importante labor que ha resultado muy útil a la ciudadanía en general y que, por tanto, no deben desaparecer bajo ningún concepto.
Los Ayuntamientos, en tanto que una de las instituciones obligadas a garantizar los derechos de la ciudadanía, no pueden eludir su responsabilidad alejándose de las necesidades de sus vecinos y vecinas, sino que por el contrario deben arbitrar las medidas y soluciones necesarias para combatir la compleja realidad de la desigualdad. En este sentido entendemos que los Ayuntamientos canarios pueden y deben intervenir en esta materia, jugando un papel comprometido y destacado con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por ello manifestamos nuestro rechazo a la desaparición de las Concejalías de Igualdad y las acciones en esta materia llevada a cabo por algunas entidades locales.
Al mismo tiempo exigimos al Gobierno de Canarias que delegue las competencias de prevención de la violencia de género y promoción de las políticas de igualdad a los Cabildos y Ayuntamientos de las islas. Igualmente, debe considerarse la delegación de competencias en otras áreas que acerquen la Administración a la ciudadanía y que faciliten el impulso de las Políticas de Igualdad, tal como hemos expresado anteriormente.
PLATAFORMA DE ACCIÓN FEMINISTA CANARIA