El Gobierno apoyará a los diputados en lo que requieran para la tramitación de las dos iniciativas legislativas que han nacido del acuerdo institucional alcanzado con Fecam y Fecai
{mosimage}SB-Noticias.- El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, considera muy positiva para Canarias la voluntad expresada por los grupos parlamentarios con su apoyo a la tramitación de la Ley de Municipios y la Ley de Cabildos en esta Legislatura.
Ambos textos son fruto del acuerdo alcanzado con la Federación Canaria de Islas y la Federación Canarias de Municipios sobre sendas propuestas de articulado para la Ley de Cabildos y la Ley de Municipios.
“Es una buena noticia para Canarias que los grupos parlamentarios hayan aceptado estudiar los textos del acuerdo institucional alcanzado con Fecam y Fecai”, valoró el consejero quien explicó que para su tramitación como iniciativas legislativas en el Parlamento deben formalizarse previamente, por uno o varios grupos parlamentarios, en forma de propociones de ley, lo que permitirá su posterior debate y posible aprobación antes del fin de la VIII Legislatura.
El consejero de Presidencia reiteró la predisposición del Gobierno de Canarias a colaborar en todo lo que requieran los diputados autonómicos para sacar adelante dos normas “que forman parte de la arquitectura institucional básica”.
Hernándes Spínola reconoció que el Gobierno canario espera que ambos textos sean debatidos y mejorados por los grupos parlamentarios. “Deseamos que el trabajo parlamentario sea constructivo y positivo, y, si fuera posible, que ambas normas lleguen a ser aprobadas por unanimidad, de modo que al acuerdo institucional alcanzado con Fecam y Fecai se sume el consenso político”.
Los textos nacidos del acuerdo con la Fecam y la Fecai y que servirán ahora de punto de partida para el trabajo de los grupos parlamentarios pueden consultarse en la página de Facebook CPJI Gobcan de la Consejería de Presidencia, Justicia e Iguadad y en la cuenta de Twitter, @CPJI_Gobcan.
La reforma de la administración pública en Canarias es uno de los objetivos esenciales recogidos en el Acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias, suscrito por Coalición Canaria-PNC-CCN y Partido Socialista Canario-PSOE para la Legislatura 2011-2015.
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“La Ley de Municipios nace del consenso con los 88 ayuntamientos canarios, de su trabajo y generosidad”
Lola Padrón confía en que el texto no sólo cuente con el apoyo de los alcaldes conservadores, sino que también sea respaldado por el propio PP
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Lola Padrón, afirmó este jueves que la Ley de Municipios “nace del consenso con los 88 ayuntamientos canarios, de su trabajo y generosidad”, al tiempo que destacó que resolverá los problemas de competencias de estas administraciones locales. Tras la aprobación de las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por los grupos Socialista y Nacionalista, Padrón destacó la importancia de este documento, “porque permite soltar lastre competencial a favor de los ayuntamientos, desarrollando así el artículo 23 del Estatuto de Autonomía”.
La diputada realizó una defensa férrea del municipalismo y de la autonomía de los ayuntamientos frente a la Comunidad Autónoma y aseguró que “estamos viviendo un día histórico al dar el primer paso para cubrir uno de los más flagrantes déficits democráticos de la Comunidad Autónoma, que 31 años después de su constitución aún no tiene una norma que regulara el régimen de sus municipios”.
Expuso que lo que se inicia ahora supone “posibilitar que, además de tener más competencias que los ayuntamientos peninsulares, los municipios canarios podrán fomentar la participación ciudadana y la transparencia”. También hizo hincapié en que el “hito” que ha permitido llegar hasta aquí “es el consenso alcanzado en julio pasado entre la Consejería de Presidencia y la Fecam para dar a luz al texto que pondrá a los 88 ayuntamientos canarios en la cima competencial respecto al resto de las corporaciones municipales de España”.
Remarcó que este acuerdo permitirá que el Parlamento de Canarias de la octava legislatura consiga, cuando se apruebe la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias, ser el que después de tres décadas haya aprobado la reestructuración y racionalización de los tres niveles de la administración pública canaria y, con ello, proceder a la gran descentralización competencial de la Comunidad Autónoma.
Lola Padrón puso en valor que esto se ha conseguido “cuando los socialistas forman parte del Ejecutivo regional, tras haber estado 18 años en la oposición, por lo que no es de extrañar que esta comunicación supere las restricciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el Gobierno de Rajoy, que dejó en el aire la prestación de varias competencias hasta ahora gestionadas por los ayuntamientos, como las relativas a servicios sociales o educación”.
Expuso que desde el momento en que se apruebe esta ley que inicia su andadura en el Parlamento, los municipios canarios podrán ejercer competencias en empleo y promoción económica, algo que los municipios del resto de España tienen vetado por la legislación estatal. “Frente al texto regresivo y recentralizador propio de la ideología del PP, nos encontramos con una propuesta que moderniza, economiza, transparenta y simplifica el acceso a los servicios públicos, aumenta la seguridad jurídica, reduce la improvisación y organiza y estructura a los municipios canarios”, dijo.
La parlamentaria del PSOE indicó que, pactadas con los municipios, se ordenan las atribuciones de cada órgano en la estructura del ayuntamiento y se aumenta la capacidad de la oposición para intervenir en la organización de los debates plenarios. Añadió que en el texto también se aclaran las tareas de mancomunidades o consorcios y se establecen fórmulas para fusiones voluntarias entre municipios, así como segregaciones, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.
“Lo más importante de todo es que garantiza la suficiencia financiera de las competencias asumidas por los ayuntamientos, pues el texto incorpora la petición de la Fecam de que en el plazo de un año se elabore un nuevo sistema de reparto del llamado bloque de financiación”, explicó. La diputada confió en que el texto “no sólo cuente con el apoyo de los alcaldes y alcaldesas conservadores, sino que también sea respaldado por el propio PP, ya que el consenso por el que todas las partes hemos abogado es más que manifiesto”.
“La Ley de Cabildos supone más calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía”
Cruz considera necesario acometer el objeto de la comunicación del Gobierno tras las insuficiencias constatadas en la legislación vigente
El diputado socialista Julio Cruz afirmó este jueves que la propuesta de Ley de Cabildos trasladada desde el Gobierno de Canarias “supone una transformación de estas administraciones públicas, su mejor adaptación a las demandas sociales y su obligación de dar mayor eficiencia, calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, de contención del gasto, de mayor transparencia”. En el pleno de la Cámara, subrayó que los canarios “demandan una mejor administración, más barata, eficaz y muy transparente al servicio de la ciudadanía y de los intereses generales”.
Julio Cruz explicó que las insuficiencias constatadas en la legislación autonómica vigente y la experiencia práctica de su aplicación, especialmente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias de 1986 y 1990, inciden en la necesidad de acometer el objeto de esta comunicación. Destacó que este documento “no sólo plantea un criterio de política general sobre la reforma administrativa y política de las administraciones públicas canarias, sino que viene acompañada de un documento de trabajo amplio, que aborda una solución legislativa a los diferentes problemas planteados y algo aún más importante: viene con un alto grado de consenso de las administraciones implicadas: Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos”
Tras la aprobación de las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por los grupos Socialista y Nacionalista, Cruz animó a la Cámara a “hacer un trabajo amplio, dar forma y aprobar por fin una ley que regule de forma integral el régimen jurídico de los cabildos, lo que obliga a hacer un esfuerzo de consenso entre todas la fuerzas políticas, que dé respuesta a las necesidades y mandatos legales planteados”.
Para Cruz, la necesidad de acometer una regulación integral de los cabildos debe dar respuesta a muchos problemas y necesidades de dimensionar una administración insular adecuada al importante reto de configurarse como un verdadero gobierno insular, como administración local y como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como un instrumento al servicio de los ciudadanos y de los intereses específicos de cada isla. Indicó que uno de los problemas sin resolver y que debe ser objetivo de la futura ley es clarificar el sistema competencial, evitando las denominadas duplicidades administrativas.
Expuso que en la actualidad, los cabildos, como instituciones autonómicas, han visto incrementadas de forma notable sus funciones y competencias, especialmente por transferencias de la Comunidad Autónoma. “Hablamos de más competencias que deben poder ser ampliadas clarificando las bases y principios que han de regir su reparto entre las distintas administraciones, y que tienen que tener respuesta también en la adecuación de su régimen jurídico”.
Igualmente, dijo, cuantas más competencias hay que introducir en su funcionamiento normas que garanticen su control, con instrumentos y medidas que eviten los problemas que hoy se perciben en los mecanismos establecidos y que el Parlamento tiene la obligación de subsanar. “Por otra parte, la ciudadanía mira especialmente las medidas encaminadas a dotar de mayor transparencia en la gestión de los cabildos, que debe articularse en el marco de la previsiones básicas de la ley de transparencia y el desarrollo y adecuación a las especificidades de los cabildos”.
Asimismo, afirmó que más competencias, más control y mayor transparencia conducen a deber dar respuesta, bajo los principios de colaboración y cooperación, a las necesarias relaciones entre la Administración de la Comunidad Autónoma y los cabildos, en un marco definido asimismo también a nivel intrainsular entre los cabildos y los ayuntamientos de cada Isla.
Julio Cruz valoró que la propuesta legislativa tienda a la consolidación institucional de los cabildos, mediante su reforzamiento y revitalización como instituciones insulares, tanto desde la condición de corporaciones locales como desde su papel de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. “Su condición como corporaciones locales no impide su conformación y desarrollo como institución autonómica, a lo que el Tribunal Constitucional no ha puesto reparo alguno, sino todo lo contrario”, recordó.