“Impedir que la población pueda expresar su opinión, poner veto al derecho a decidir, es una conducta antidemocrática e impropia de una sociedad del siglo XXI”
{mosimage}SB-Noticias.- El portavoz de Sí se puede para asuntos canarios, Roberto Rodríguez Guerra, ha criticado la acción del Gobierno del PP, utilizando el Tribunal Constitucional (TC) como un instrumento para impedir que la ciudadanía pueda ser consultada sobre su futuro.
La suspensión de la consulta catalana, usando la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno del PP en el TC, prevista para el 9 de noviembre es, para la formación ecosocialista, el antecedente directo de lo que puede pasar con la ley canaria de Participación que el Gobierno canario y diversos colectivos sociales promueven para que la población isleña opine sobre diversos problemas que nos afectan, en especial las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al Archipiélago.
“Impedir que la población pueda expresar su opinión, poner veto al derecho a decidir, es una conducta antidemocrática e impropia de una sociedad del siglo XXI”, explica. El portavoz afirma que su organización defiende el derecho del pueblo canario y del resto de pueblos del Estado a establecer sistemas de consulta con los que la población puedan decidir libremente sobre su futuro, “algo que debería ser un derecho básico de la ciudadanía”.
Rodríguez cree que el Partido Popular utiliza los estrechos vínculos que mantiene con algunos de los miembros del Tribunal Constitucional para imponer su visión sobre el Estado español, impidiendo la puesta en marcha de unas consultas que son plenamente legítimas. “Impedir a la gente se exprese sobre asuntos que les afectan o les interesa es el estilo de vieja política que PP-PSOE defienden a nivel del Estado, con la excusa de que la Constitución lo impide”, manifiesta.
La formación canaria asegura que el PP está usando la Constitución para impedir que miles de personas puedan expresarse y para mantener un sistema de organización del Estado que una parte significativa de la sociedad actual no asume, “es un ejemplo de la incapacidad política de los grandes partidos para asumir un diálogo social y un auténtico proceso constituyente que es necesario”.
Finalizan asegurando que el bloqueo a la ley de consultas catalana es un precedente claro para Canarias, y por las declaraciones del propio Gobierno español se tiene claro que piensan aplicar el mismo trato para impedir que nuestra población pueda decir qué opinión tiene sobre las prospecciones petrolíferas y otros importantes asuntos que nos afectan.
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Sí se puede pide la dimisión del consejero de Agricultura por la compra de vinos foráneos en la bodega insular
Fernando Sabaté, portavoz de Sí se puede en Tenerife, asegura que los datos referidos a la importación de millones de litros de vino de Castilla La Mancha por parte de la bodega insular, propiedad del Cabildo, para venderlo como vino de mesa de las Islas en las zonas turísticas es de una gravedad que “consideramos necesario reclamar la responsabilidad política de los autores”.
El portavoz recuerda que esta bodega fue pagada con fondos europeos para potenciar los caldos insulares, pero con esta información se deja claro que se ha estado usando para hacer un negocio con vino de mala calidad y además perjudicando al resto de productores de la Isla.
Sabaté recuerda que el sector del vino representa una parte fundamental de la producción agrícola de Tenerife, con un papel central en la conservación del paisaje, el entorno natural y el desarrollo sostenible. “La gestión realizada por el consejero de Agricultura del Cabildo y su equipo demuestra que no se han realizado los controles necesarios para evitar una auténtica estafa a los consumidores”, aseguran.
La formación ecosocialista indica que con este tipo de prácticas se pone en riesgo un sector agrícola fundamental en Tenerife, siendo una irresponsabilidad que puede provocar importantes perjuicios, donde incluso intervengan las autoridades europeas.
Para Sí se puede es necesario que este turbio asunto se aclare y que los responsables de esta práctica irregular de competencia desleal con los productores locales sean cesados.
Arcila pide que las mejoras en Anaga sean visibles antes de su declaración como Reserva de la Biosfera
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reclamó hoy al Consistorio un “impulso decidido” para que el Parque Rural de Anaga obtenga por parte de la Unesco la declaración de Reserva de la Biosfera. En esta línea, el edil pidió hoy al grupo de gobierno información sobre los resultados de la reunión del comité científico del Ministerio de Medio Ambiente que debía dar su visto bueno al expediente de Anaga el pasado mes de septiembre.
Para dar este impulso, el portavoz de Sí se puede consideró que no hay que esperar a que la Unesco apruebe por fin la declaración –algo que no ocurrirá antes del primer trimestre de 2015–, sino que es necesario que los vecinos y el sector productivo de la zona, además de ciudadanos de toda la Isla y turistas, vean desde ahora mejoras claras en el Parque Rural.
En este sentido, Arcila recordó que aún quedan muchos puntos negros en la gestión de esta zona protegida, y una muestra de ello es el vertido de aguas negras en el barranco de La Cuesta, pese a las obras de saneamiento ejecutadas en pueblo de Taganana hace dos años, y en varios tramos del litoral, como Almáciga y Playa del Roque, tal y como denunció la organización ecosocialista recientemente.
Además, es necesario que las administraciones informen adecuadamente e impliquen de manera directa a los vecinos y al sector productivo de Anaga en todo el proceso de toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de la futura Reserva de la Biosfera y con su modelo social, económico y medioambiental, y que estas decisiones empiecen a dar resultados palpables desde ahora y sin tener que esperar por la declaración de la Unesco.
Arcila manifestó que Sí se puede va a exigir por segundo año consecutivo al alcalde, José Manuel Bermúdez, que reclame las compensaciones socioeconómicas establecidas por ley para la mejora de la calidad de vida de los vecinos. El Pleno aprobó en febrero de 2013 una moción de la organización ecosocialista en tal sentido, pero esta sigue sin cumplirse.
Sobre el proceso en sí de la declaración, Arcila consideró importante el hecho de que el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Unesco (MAB) pidiese el pasado mes de junio la inclusión de áreas marinas en la solicitud, lo cual implica una mayor área de reconocimiento, pero también mayor responsabilidad por parte de las administraciones para la gestión de los recursos marinos del macizo.