Sí se puede asegura que el nuevo PGO deja millones de metros de suelo regulados por el Ministerio de Defensa

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En el campo de tiro existente en la TF-24, cerca de la Montaña de la Mina, se establece una zona de seguridad de unos 12 millones de metros cuadrados

{mosimage}{mosimage}Audio de la entrevista

SB-Noticias.– El portavoz del Comité Local de Sí se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, ha expresado su preocupación por la enorme extensión de suelo municipal que quedará bajo dominio del Ministerio de Defensa, tanto bajo concepto de sistema general de Defensa, como especialmente como zona de seguridad.

Ascanio explica que se trata de una importante modificación de la documentación que existía en el 2013 relativas a las Disposiciones Normativas sobre Defensa, fruto de las alegaciones presentadas por el Ministerio de Defensa el 24 de abril de 2013 en el que se informaba desfavorablemente sobre el documento de Plan General presentado a la aprobación inicial por el ayuntamiento lagunero.
“Ahora mismo se han multiplicado las zonas de seguridad en el municipio, que tras Pájara se convertirá en el más militarizado de Canarias”, manifiesta el portavoz. La organización ecosocialista explica que de las tres grandes zonas que aparecían en el documento de 2013 se pasa a 13, “algunas de ellas con unas zonas de seguridad realmente desproporcionadas”.
Explican que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, se establecen unas zonas de seguridad para cada instalación, aprobadas por el propio Ministerio o por el Consejo de Ministros. En estos terrenos afectados se debe contar con la autorización previa del Ministerio de Defensa para la realización de obras o actuaciones dentro de su perímetro, tanto por particulares como por administraciones públicas, “que serán otorgadas o denegadas en función de la compatibilidad de las mismas con el régimen jurídico establecido en el reglamento según la categoría concreta de la instalación militar”.

El portavoz de la formación de izquierdas explica que esto se concreta en sentencias como la del Tribunal Supremo (TS) 2012/101660, que impidió a una promotora construir, a pesar de tener su propiedad en suelo urbano consolidado, una serie de viviendas y sótanos en el entorno del Polvorín Militar de Geneto, en Santa Cruz de Tenerife.

En Sí se puede se muestran muy preocupados por el efecto de estas zonas de seguridad sobre los residentes en amplias zonas del municipio, ya que solamente en el caso del campo de tiro existente en la TF-24, cerca de la Montaña de la Mina, se establece una zona de seguridad de unos 12 millones de metros cuadrados de suelo, que afectaría a poblaciones como Los Rodeos, Guamasa, Los Baldíos, Geneto o el Centenero. Situaciones similares se darían en otros entornos militares, como el cuartel del Cristo, que afecta en esta nueva versión a las edificaciones civiles situadas en su trasera y parte de la plaza, o el acuartelamiento de Las Canteras.  

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La formación lagunera anuncia que va a presentar nuevamente todas las iniciativas institucionales, informativas y jurídicas necesarias para evitar esta situación que desde su punto de vista es simplemente “el cumplimiento de unos reglamentos del franquismo que afectan a miles de personas, sin pensar en las condiciones actuales de estas instalaciones militares, sus usos y que las mismas se encuentran en una zona ampliamente urbanizada”.

Rubens Ascanio opina que La Laguna no puede permitirse el lujo de ser el municipio de la Isla con mayor número de instalaciones militares y de suelo afectado por el Ministerio de Defensa, con lo que exige al Gobierno local que active todas las acciones necesarias para que se recuperen estos suelos para usos civiles y públicos. A este respecto asegura que colaborarán una vez más con todas aquellas entidades ciudadanas que quieran realizar acciones contra este tipo de medidas, tal y como hicieron en el acuerdo plenario de abril de 2013 contra el proyecto de Supercuartel en la zona de Los Rodeos.

 
 
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Sí se puede se reunirá con comerciantes y expresará al Pleno su preocupación por la plataforma china

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expresó hoy su preocupación por la previsión de la Autoridad Portuaria de Tenerife de instalar en el puerto capitalino una plataforma comercial en la que unos 400 establecimientos chinos podrían dedicarse a la venta de productos tecnológicos. Por ello, el edil preguntará en el Pleno de la próxima semana sobre la postura del Ayuntamiento ante este asunto y se reunirá en breve con pequeños comerciantes del sector, que ya han mostrado su rechazo a esta idea.

Arcila preguntará en el Pleno al grupo de gobierno si está dispuesto a evaluar el impacto, así como a adoptar y proponer medidas de protección del pequeño comercio y del empleo local a la vista de las afecciones que representa la propuesta del Plan Especial del Puerto de Santa Cruz de crear un centro comercial en el muelle de enlace y ante la propuesta anunciada recientemente por la Autoridad Portuaria de instalar la citada plataforma comercial.

El concejal volvió a criticar hoy duramente al presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza –al que Sí se puede califica de “enemigo de Santa Cruz”–, por arrogarse el poder de diseñar la política urbanística y, en este caso concreto, económica de la capital tinerfeña “sin siquiera haber sido elegido por los ciudadanos y sin que el Ayuntamiento mueva un dedo para pararle los pies”.

Las consecuencias de estos proyectos para el pequeño y mediano comercio de Santa Cruz de Tenerife podrían ser devastadoras, según Arcila, por lo que el Consistorio se tenía que haber pronunciado desde el momento en que tuvo conocimiento de la noticia. En todo caso, y ante la inacción del alcalde, José Manuel Bermúdez, la organización ecosocialista ya prepara una reunión con varios colectivos de pequeños empresarios de la ciudad que le han manifestado a Sí se puede su extrema preocupación por el panorama que se les presenta con las pretensiones de la Autoridad Portuaria.

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