Los textos obtuvieron el respaldo jurídico unánime del Consejo Consultivo y configuran el marco jurídico para la convocatoria de consultas ciudadanas
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el decreto que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma.
Estos dos decretos configuran el marco jurídico necesario para la convocatoria de consultas ciudadanas sobre asuntos competencia de la Comunidad Autónoma, ya que ambos son la normativa de desarrollo del artículo 15 (registro) y 20 (consultas) de la Ley de Fomento de Participación Ciudadana, que a su vez aplica el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se atribuye a la Comunidad Autónoma capacidad legislativa y ejecutiva para regular y aplicar el sistema de consultas populares en el ámbito territorial de Canarias.
Con el respaldo jurídico del Consejo Consultivo de Canarias, ambos decretos han pasado hoy por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, lo que permite al presidente del Gobierno de Canarias proceder a la convocatoria de la primera consulta ciudadana que se celebrará en Canarias durante este otoño. Previamente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar los términos de la pregunta o preguntas que serán objeto de la consulta, tal y como dispone el decreto aprobado hoy.
El decreto que regula las consultas prevé dos fórmulas para la emisión de opiniones la presencial y la telemática. La opinión emitida por cada ciudadano e entidad jurídica que quiera participar telemática o presencialmente en el proceso será secreta y existirán herramientas específicas para garantizar que sólo se emita una opinión por persona, ya sea física o jurídica.
En cuanto a las personas que podrán emitir su opinión, el decreto de consultas establece para las personas físicas como requisito de edad que tengan al menos 16 años, pudiendo rebajar esta edad hasta los 14 para consultas vinculadas a asuntos relativos a Juventud, en aplicación de lo establecido en la Ley Canaria de Juventud.
Aquéllas personas físicas que quieran participar a través de los medios telemáticos que se habilitarán para tal fin, deberán estar previamente inscritos en el Registro de Participación Ciudadana, cuya organización y funcionamiento se ha aprobado también hoy por el Gobierno.
La inscripción en el Registro de Participación Ciudadana resulta imprescindible en el caso de las Entidades Ciudadanas, que son personas jurídicas que tengan interés en emitir opinión sobre los asuntos sometidos a consultas. En este caso, cada Entidad Ciudadana podrá emitir una única opinión como persona jurídica, y deberá ser materializada por una persona física autorizada para ello por la organización ciudadana a la que represente.
Procedimiento para la convocatoria de las consultas mediante preguntas directas
El decreto que regula las consultas ciudadanas establece que será el Consejo de Gobierno quien apruebe los términos exactos de la pregunta o preguntas, que deberá estar acompañada por la exposición de motivos que justifiquen la consulta.
El contenido de la pregunta, el ámbito territorial, la concreción del requisito de edad y las fechas para la emisión de opiniones para cada consulta a la ciudadanía se concretará en un decreto del presidente. Como requisito temporal, la convocatoria del presidente deberá respetar un plazo mínimo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias hasta la fecha en la que se prevea el inicio de la emisión efectiva de las opiniones.
En un segundo decreto del presidente, se concretarán los detalles organizativos para el correcto desarrollo y recuento de la consulta. Entre ellos, la dirección de correo electrónico que se habilitará para la recepción de opiniones y los lugares físicos en los que estarán las sedes administrativas para la emisión de opinión.
El decreto que regula de forma genérica las consultas prevé la creación de una comisión de control, integrada por tres funcionarios de carrera y tres representantes de la ciudadanía inscritos en el Registro de Participación, que serán elegidos por sorteo. El ejercicio de estas tareas será en todo caso voluntario. Esta comisión velará por el cumplimiento de la normativa durante el proceso y resolverá las reclamaciones que pudieran presentarse.
El Gobierno de Canarias incrementa las acciones contra la privatización de AENA
El Consejo de Gobierno acordó hoy solicitar el inicio del trámite de negociación con el Estado, como paso previo a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy emprender nuevas actuaciones con el fin de que el Gobierno central transfiera la competencia ejecutiva en materia aeroportuaria a la Comunidad Autónoma. El Consejo, a instancias del titular de Transportes, Domingo Berriel, analizó todos los pasos dados hasta ahora por el Estado para la venta del 49 por ciento de la empresa pública y concluyó en que se deben incrementar las acciones políticas y jurídicas para evitar que se materialice en Canarias.
En este sentido, el Gobierno de Canarias ya se dirigió el pasado 9 de julio al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que convocase la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, que es el órgano establecido legalmente para articular la transferencia de las competencias que corresponden al Gobierno de Canarias, desde el Estado. El próximo 9 de octubre se cumplen los tres meses prescritos para la convocatoria. De no producirse, el Gobierno de Canarias solicitará a la Audiencia Nacional que obligue al ministro a convocar esa Comisión.
En este sentido, el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
Dado que no se ha obtenido respuesta alguna a esa solicitud, por lo que el Gobierno de Canarias ha acordado requerir a la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de valorar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que es un texto normativo en el que, entre otros aspectos, se intenta establecer que la gestión de los aeropuertos seguirá siendo directa, a pesar de la privatización, un extremo que el Gobierno de Canarias considera inasumible y claramente objeto de recurso.
Previamente a ese recurso, se solicitará la apertura de negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación para intentar que no sea necesario acudir al Constitucional y se pueda aclarar en contenido del Real Decreto-ley o, en su caso, modificarlo de forma que quede clara la competencia de Canarias cuando el Estado no ejerza la gestión directa de los aeropuertos
La iniciativa adoptada hoy se enmarca dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias en contra de la privatización y que fueron respaldadas por el Parlamento de Canarias, que, en sesión celebrada los días 8 y 9 de julio de 2014, aprobó una resolución mediante la cual se rechazaba la privatización de «Aena, S.A.» y se instaba al Gobierno de Canarias a negociar con el Gobierno de España la puesta en marcha de lo estipulado en el citado artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias y a establecer, en el supuesto de que el Gobierno de España se negase a iniciar el proceso de transferencia de competencias en materia de gestión de los ocho aeropuertos canarios, una estrategia jurídica y política encaminada, por un lado, a evitar la consolidación del proceso de privatización de «Aena, S.A.», en lo que éstos se refiere y, por otro, a obtener dicha transferencia competencial.
En este sentido, el Gobierno autónomo ya notificó el 29 de julio de 2014 a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la certificación del acuerdo adoptado en sesión celebrada el 24 de julio, mediante el que se instaba a dicho ente que se hiciera constar expresamente en el folleto informativo de la futura oferta pública de venta de valores del 28 por 100 del capital de la entidad mercantil estatal de capital público «Aena, S.A.», la intención del Gobierno de Canarias de impugnar tal decisión y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias.
Con fecha 10 de septiembre de 2014 se recibió la respuesta, en la que la presidenta de la CNMV notificaba al Gobierno que había dado traslado del acuerdo a las personas concernidas a efectos de la inclusión de los extremos en ella contenidos en el folleto informativo de la oferta pública de venta de valores que pretende realizar AENA.
Por otro lado, los días 23 y 24 de septiembre de 2014, el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial solicitó a la Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de la Presidencia, en su condición de Secretaria del Consejo de Ministros, la notificación formal de los acuerdos de 13 de junio y de 11 de julio de 2014 del Consejo de Ministros, en los que se impulsó la privatización, instando su expedición a la mayor brevedad posible, por considerarlo esencial para la defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma en el marco constitucional.
Asimismo, el día 23 de septiembre de 2014, ese mismo departamento instó al Presidente de Enaire a que se informara a los inversores interesados de la intención del Gobierno de Canarias de impugnar la decisión de privatización de «Aena, S.A.» y de exigir ante los órganos judiciales competentes que se declarase que la gestión de los aeropuertos canarios corresponde al Gobierno de Canarias, en virtud de lo establecido en los artículos 30.22 y 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
El Gobierno de Canarias mantendrá esta línea de actuaciones, en defensa del carácter estratégico de la red de aeropuertos de Canarias que, al ser un archipiélago y estar alejado del continente, depende especialmente de la conectividad aérea, que debe ser abordada principalmente desde el punto de vista del interés general y el fomento de la cohesión territorial, y no desde el de la rentabilidad de las instalaciones aeroportuarias, que es el que suelen aplicar los inversores privados.