{mosimage}AVN.- Durante 15 años Venezuela ha sido ejemplo del desarrollo de una política pública para la defensa de los derechos humanos, destacó este miércoles el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante un encuentro regional entre los países miembros de la Unión de Nacional Suramericanas (Unasur), realizada este miércoles en Caracas.
En declaraciones a Venezolana de Televisión, indicó que durante el encuentro se intercambiaron y evaluaron estrategias dirigidas al desarrollo y la defensa de los derechos humanos.
“Hice una comparación de lo que pasó actualmente en Ferguson, Estados Unidos, de cómo los funcionarios utilizan armas de fuego de alto calibre para contener protestas sociales. En Venezuela nosotros contuvimos la protesta de la guarimba en tres meses sin usar armas de fuego, solo usando lo que está expresamente establecido en la ley”, dijo.
Asimismo, recordó que ante las acciones violentas promovidas por sectores de la extrema derecha, el presidente Nicolás Maduro “siempre nos encomendaba la resistencia y la protección del pueblo venezolano”.
Este encuentro, instalado en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) de la ciudad capitalina, contó con la participación de representantes de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, con el fin de intercambiar y fortalecer las medidas en materia de derechos humanos y protección a la ciudadanía.
Los venezolanos respaldan las acciones ejecutadas por el Estado venezolano contra el contrabando y consideran que el control biométrico permitirá sancionar a revendedores y a contrabandistas de alimentos.
“La medida va contra el contrabando y, la escasez que es bastante rigurosa porque las personas buscan los artículos y no los consiguen, y si los consiguen, están en manos de los buhoneros”, expresó José Ramírez.
El trabajador demandó que el Gobierno nacional debe enfrentar a quienes acaparan los alimentos de los venezolanos.
Entre tanto, Gladys Castillo, considera que las máquinas biométricas enfrentarán a quienes esconden los alimentos.
La Ley Orgánica de Precios Justos en su artículo 57 establece que quien compre productos declarados de primera necesidad con fines de lucro para revenderlos a precios superiores a los establecidos por la Superintendencia de Precios Justos, será sancionado con 200 a 10 mil unidades tributarias y decomiso de los productos.
El acaparamiento, el boicot, la especulación, el contrabando de extracción y la alteración de la paz que atente contra la seguridad de la nación también está contemplada en la normativa legal en su artículo 56.
Es importante recordar que quien incurra en el delito del contrabando de extracción o desvíe los bienes declarados de primera necesidad será sancionado con pena de prisión de 10 a 14 años, según el artículo 59.
Como se recordará, inicialmente se instalará el sistema en los ocho estados del país en las grandes cadenas distribuidoras de alimentos como Zulia, Apure, Táchira, Falcón, Sucre, Bolívar, Amazonas y en la Gran Caracas, posteriormente se instalará en las farmacias y en el resto del territorio nacional.