Este texto, junto con el de la Ley de Cabildos, describe el marco general para completar la descentralización competencial y resuelve los problemas generados por la Ley de Racionalización del Estado
{mosimage}SB-Noticias.- El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han cerrado hoy el acuerdo sobre el texto articulado para la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, calificó como “histórico” este pacto que permite “dar un paso muy importante hacia la racionalización de la Administración Pública en Canarias”.
Se trata de la norma que describe el marco general que permitirá completar la descentralización competencial de la comunidad autónoma hacia las admnistraciones locales, ya que, este texto legislativo que regula el ámbito municipal, será tramitado en paralelo con la Ley de Cabildos, negociada ya con las corporaciones insulares.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, resumió la importancia del acuerdo. “Estas normas consensuadas con cabildos y ayuntamientos vienen a modernizar la Administración Pública en Canarias, a delimitar las competencias, a evitar duplicidades y a racionalizar todo el sector público”, aseguró el consejero socialista.
El bloque legislativo para la reforma de la Administración Pública en Canarias está compuesto por tres normas que se complementan entre sí: la Ley de Cabildos, la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias y la ley de Transparencia, esta última en tramitación ya en el Parlamento de Canarias. El Gobierno prevé que en el mes de septiembre los tres textos estén en la Cámara regional para su debate y aprobación en tiempo antes del final de la Legislatura.
“El consenso con ayuntamientos y cabildos hace que seamos optimistas respecto al respaldo del Parlamento a estas normas”, expuso el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. El Gobierno agradeció la disposición de los Cabildos y Ayuntamientos para lograr estos acuerdos que suponen una revisión de la distribución de competencias entre los tres niveles de la Administración Pública en Canarias –autonómica, insular y municipal-, “algo que no se había logrado nunca en la historia democrática de Canarias”, recordó el presidente.
La ley de municipios concreta el marco competencial pero además resuelve las dificultades que en la gestión municipal ha generado la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, elaborada por el Gobierno de España y aprobada en las Cortes Generales. Esta norma restringió el ámbito competencial de los municipios, quitándole atribuciones tan relevantes como la de Servicios Sociales. El texto consensuado entre Gobierno de Canarias y Fecam resuelve éste y otros problemas e incertidumbres generadas por la reforma aplicada por el Gobierno de España en el ámbito estatal.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad aseguró que con esta ley de municipios se va a mantener como competencias propias de los municipios aquéllas que, de forma sectorial, ya se han atribuido mediante ley. “Eliminamos cualquier incertidumbre generada al respecto, resolviendo así los problemas que ha generado la norma estatal en la gestión diaria de los ayuntamientos en servicios tan importantes como actividades extraescolares y servicios sociales”.
La norma atribuye como nuevas competencias para los municipios las relativas a Empleo y Promoción Económica y recoge el principio de suficiencia financiera, atendiendo así una de las principales demandas trasladadas por los municipios al Gobierno.
El consejero anució que el texto articulado consensuado hoy el Gobierno de Canarias asume el compromiso de revisar la ley de haciendas locales en el plazo de un año, a partir de la aprobación de las leyes en el Parlamento de Canarias. “No se ha recogido en esta ley porque en este momento está abierta la negociación del sistema de financiación autonómica y es necesario conocer primero cuál va a ser su financiación para arbitrar luego el sistema de finanicación local, para ayuntamientos y cabildos. Una circunstancia que han comprendido perfectamente tanto los representantes de los cabildos como los de los ayuntamientos ”, explicó el consejero.
El presidente del Gobierno recordó que, con el cierre de estos acuerdos con cabildos y ayuntamientos, el Ejecutivo cumple con el compromiso asumido en el mes de marzo, cuando se entregó el primer borrador de texto, elaborado por la Viceconsejería de Administraciones Públicas, a la Fecam y la Fecai para iniciar la negociación política y técnica en busca del consenso. “Las leyes se elevarán al Parlamento porque cuentan con el apoyo de los principales afectados por ellas: ayuntamientos y cabildos”, concluyó.