Así, se ha pedido el archivo de las actuaciones para el concejal del Ayuntamiento de Arrecife Remigio Joel Delgado Cáceres; Segundo Rodríguez; Dayrán Jesús Muñoz Armas; Alfredo Santiago Rodríguez Pérez; Celso Betancort Delgado (ex Concejal del Ayuntamiento de Arrecife y ex presidente del Partido de Independientes de Lanzarote); Demetrio Rodríguez Robayna (Lanzagrava, S.L.); José Luis Betancort Acosta (TorresCL, S.L.); Jorge Ramón Álvarez Pérez (Canarias de Limpieza Urbana S.A.); María José García Acosta; Juan Jesús Acuña Borges (Herederos de Juan Acuña, S.L.); Pedro Manuel Rodríguez García (Naos Iluminación, S.L.); Ginés Parrilla Curbelo (J. Parrilla, S.A.); Manuel Arbelo Pérez (Tinguatón Ferreterías S.L y Tinguatón S.L.); y Fermín Curbelo Perdomo (CURBELANZ, S.L.).
Además se solicita el sobreseimiento provisional para los arquitectos Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, así como para Víctor Alberto Sánchez Martín y José María Pérez Sánchez.
Así la práctica de diligencias para llevar a cabo la fase intermedia de esta pieza será respecto a los 22 imputados restantes, tales como Dimas Martín Martín, Carlos Sáenz Melero, Ubaldo Becerra Robayna, José Miguel Rodríguez Sánchez, Antonio Jerónimo Machín Ramos, Yoana Cabrera Machín León, Loyola Del Mar Hernández Álvarez, María Luisa Blanco Carballo, Juan Rafael Arrocha Arrocha, María Elena Martín Martín, María José Docal Serrano, Matías Curbelo Luzardo, D. Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada Tribaldo, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas López, Eduardo Ferrer Cabrera, Antonio Cárdenes Carrillo, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa Marrero y Joaquín Herrera Fragiel.
El fiscal Javier Ródenas destaca que las conversaciones telefónicas ponen de manifiesto "un interés" del imputado Dimas Martín en influenciar al concejal de urbanismo, Ubaldo Becerra Robayna, en la adjudicación directa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "sin la criba de las publicaciones ni concursos" por una determinada cantidad económica aunque señala como "decisivo" que la "influencia desplegada" por el imputado Dimas al concejal Ubaldo no se traslada, a falta de prueba, a los arquitectos imputados que además presentaron un informe jurídico para la válida contratación en la elaboración del PGOU.
Añade que ello sin entrar a analizar que "no obra en la causa porque nunca se ejecutó, ni dictó, acto administrativo alguno ni se inició expediente administrativo alguno en relación al PGOU de Arrecife en el año 2009", cuando se produjeron las detenciones, en relación del que hacer descansar algún tipo de vinculación o connivencia lucrativa entre dicho acto y/o expediente y los arquitectos imputados.