Ha calificado de “cierre en falso” el final del caso ICFEM, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria
{mosimage}SB-Noticias.– El abogado José Manuel Rivero, personado como acusación popular en el llamado caso ICFEM, ha asegurado en radio San Borondón que “la maquinaria de la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias para llevar a cabo una investigación de calado”, y ha explicado que dicho caso, cuyo origen se remonta al año 1999, consistió en la denuncia de un presunto fraude en el uso de las subvenciones que se concedieron a la comunidad canaria para la realización de cursos de formación para desempleados.
José Manuel Rivero ha explicado que su personación como acusación popular se debió a que un informe de gestión de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de 1997 había detectado diversas irregularidades en el Instituto Canario de Empleo, por ejemplo el destino de las subvenciones para el período 1994-1998, ya que en 1997, unos ocho mil millones de las antiguas pesetas estaban aún pendientes de justificar, y además algunos directores del ICFEM habían manifestado en la prensa que estas subvenciones se habían utilizado, en parte, para financiar empresarios, sindicatos, etc.
Rivero ha enfatizado que la prueba fundamental, de carácter económico-contable, para que se dijera si había habido o no malversación de caudales públicos, que él mismo solicitó en el año 2003, fue primero desestimada, y tuvo que ser recurrida y finalmente se resolvió a su favor en el año 2008, pero no se practicó hasta 2011, lo que supone, en sus palabras, “una dilación increíble”. Explica José Manuel Rivero que en el informe de esta pericial se aseguraba que en el año 2011 aún estaban pendientes de justificar 10 millones y medio de euros de las subvenciones para el 1998, pero no obstante dicha prueba ha quedado en el aire y no ha sido utilizada por el Ministerio Fiscal, que no ha acusado de malversación de caudales públicos sino solamente de prevaricación. Para Rivero, esta acusación de prevaricación, que únicamente trae consigo una petición de pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, es el mal menor pactado.
Para José Manuel Rivero el problema fundamental, básico, de la administración de justicia, es que muchos jueces y juezas, magistrados y magistradas están, en muchos casos, bajo el control de los grandes poderes económicos, como en Canarias lo demuestra la existencia de la GEMAEM, y a algunos jueces menos dóciles, como Gómez de Liaño, Silva o Garzón, que han intentado aplicar la ley y han tocado temas que afectan de cerca a los poderes económicos, se les aburre, se les margina o son represaliados desde el propio poder judicial y se les separa de la judicatura; o incluso desde el Tribunal Supremo se dictan normas como la “doctrina Botín” para que no haya acusación, y si, finalmente, son condenados se les indulta como en el caso de Miguel Ángel Ramírez.
José Manuel Rivero entiende que queda por hacer una tarea inmensa de movilización y concienciación, para que los intereses económicos no controlen ni subordinen absolutamente a todas las instituciones de la sociedad. Y con respecto al caso ICFEM considera que era necesario, y por eso se hizo, plantear una investigación aunque finalmente no se hayan conseguido los resultados deseados.