El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a tumbar la legislación hipotecaria española. En una sentencia del jueves, la Corte europea declara que la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el PP el año pasado vulnera los derechos humanos.
Esta es la segunda ocasión en que el tribunal se pronuncia en contra de la legislación española en materia de desahucios. La primera fue en marzo de 2013, cuando la corte declaró "abusivas" las cláusulas hipotecarias españolas con una sentencia que acuñó el nombre del demandante, Mohamez Aziz. El fallo del TJUE obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la legislación para adaptarla al derecho comunitario, justo en el momento en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estaba tramitando en el Congreso su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los desahucios, que recabó casi un millón y medio de firmas ciudadanas.
Sin embargo, el PP votó en contra de la ILP y tramitó en solitario su propia reforma de la ley, que ahora vuelve a ser declarada ilegal. "Esta ley no sólo no ha solucionado el problema sino que, además, va a generar un nuevo caos procesal", asegura a Público el abogado de la PAH Rafael Mayoral, quien añade que "se tienen que tomar medidas al respecto. Los jueces deben paralizar todos los procedimientos hipotecarios abiertos y la ley tiene que ser reformada porque es inaplicable según el Derecho comunitario yel de los consumidores europeos".
Según Mayoral, la sentencia coincide con el quinto punto del recurso de inconstitucionalidad que la PAH interpuso contra la ley 1/2013, ya que esta norma también vulnera los artículos 14 y 24 de la Constitución Española, aseguran. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español aún no se ha pronunciado sobre este recurso, ni tampoco sobre el que interpuso el PSOE, en solitario, "copiando literalmente el que nosotros redactamos en lugar de prestar avales a nuestro recurso", critica Mayoral.
Desde la PAH denuncian que la sentencia Aziz no se cumplía con la nueva ley aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso, y así lo ha reconocido el TJUE en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Castellón. Así, la ley española "de protección a los deudores hipotecarios" en realidad "protege al fuerte (bancos) y castiga al débil, violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo", explica la PAH.
Para Mayoral, "todos los procedimientos abiertos y finalizados con esta ley son nulos, desarrolados con una ley injusta de un Gobierno que defiende los intereses de la banca en lugar del de los ciudadanos" y, explica, a partir de esta sentencia, los jueces debería actuar de oficio de anular todos los procesos.
"El Gobierno tiene un serio problema porque es el segundo tirón de orejas que le da Europa a su ley, pero aún quedan muchos casosos esperando en el Tribunal", destaca Mayoral, que también valora que, por primera vez, el TJUE considera la vivienda como un bien básico en este fallo.