En tiempos de crisis, la ciudadanía precisa cada vez más de este recurso para poder defender sus derechos e intereses ante los tribunales. Además, la imposición de tasas judiciales ha provocado que cada vez más ciudadanos soliciten la Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, el Gobierno canario ha prestado cobertura preferente a este servicio garantizando las subvenciones a cada uno de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Canarias para atender el gasto derivado de la Asistencia Jurídica Gratuita y garantizar el derecho al acceso a la Justicia.
Las cuantías por las que se retribuyen las actuaciones de abogados y procuradores en los casos de justicia gratuita se establecieron en Canarias por Decreto 57/1998 y con una cláusula de actualización anual conforme al IPC que se mantuvo vigente hasta el año 2009, lo que situó los importes de baremos en Canarias entre los más altos del Estado, especialmente en la retribución de algunas actuaciones como las guardias y las asistencias a detenidos.
El plan de ajuste para cumplir con los objetivos de estabilidad establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluyó objetivos de reducción en la financiación pública de todo tipo de gastos, incluida las líneas destinadas a la Asistencia Jurídica Gratuita, aplicándose medidas extraordinarias de reducción entre el 5% y el 10% en rentas y contratación de servicios y suministros. Esta situación motivó que en diciembre de 2012 se fijaran las nuevas cuantías de baremos con una reducción media del 7,5% de los importes vigentes anteriormente, en consonancia con las restricciones.
Pese a ello, los importes aplicados actualmente en Canarias para la retribución de abogados y procuradores continúan siendo superiores a la media nacional y, en algunos conceptos, se sitúan entre los más altos del Estado.
Las medidas adoptadas para la reducción del coste de justicia gratuita no solo están dirigidas a la reducción del importe de los baremos, sino también a la adopción de medidas de eficiencia en la gestión de este tipo de fondos públicos, como el seguimiento de reintegro económico en los supuestos establecidos en la Ley en los casos en los que finalmente se deniega el derecho a justicia gratuita y corresponde al ciudadano el abono de los honorarios a los profesionales que le asistan.