Pedro Romero
Todavía hoy se mantiene en mi retina la imagen del telediario de septiembre de 2011 en la que Zapatero estrechaba triunfante la mano de Rajoy. Ambos, sonrientes, anunciaban las bondades y beneficios que suponía para España la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Se pondría fin de una vez por todas al desmedido gasto público en nuestro país y entraríamos en la senda del crecimiento.
Los hasta entonces encarnizados contrincantes políticos, siempre enfrentados y a la gresca, se abrazaban tiernamente alabando las virtudes el uno del otro y pregonando las maravillas de ese nuevo camino que se abría para conseguir mejorar este país en beneficio de todos los españoles.
Tres años después, el tiempo ha venido a dibujarlos claramente como dos lobos con piel de cordero, salivando ante el festín de víctimas que iban a dejar por el camino. En 2011, cuando se cambió la Constitución, llevábamos andados ya dos añitos de nuestra crisis, que había comenzado con la famosa burbuja inmobiliaria y que continuó con el cierre del grifo de los créditos a empresas y particulares, la retracción del consumo y de la economía y, finalmente, con el aumento del enorme paro existente previamente, el cierre de empresas y la normalización de los desahucios de familias humildes atrapadas en esta espiral de crisis largamente planeada por los poderes económicos. El expolio de lo público continuó con el rescate a la banca privada -en 2012 el FMI exigía a Rajoy ese rescate- que fue pagado con el dinero de todos los españoles. Hasta el momento, nuestro dinero regalado a la banca asciende ya a 100.000 millones de euros.
En un nuevo avance de esta depredación y ya con el nuevo articulito reformado, se procedió impunemente al sacrificio del gasto de las cantidades que el estado invertía en la protección y bienestar del ciudadano: sanidad, educación, empleo, etc. Y es que el artículo 135 nos obligaba a atender antes que nada a la deuda externa, por encima de las necesidades sociales de los ciudadanos. Una deuda que a día de hoy resulta impagable y que consume un 96,80% de nuestro PIB (989.925 millones en el primer trimestre de 2014). En pocas palabras, nos hemos convertido en un calco del tipo de economía salvaje de cualquier país latinoamericano de los años 70, una economía dedicada a saciar a las empresas internacionales y a dejar morir de hambruna a las personas. La soberanía no está ya en el Congreso -nunca lo estuvo- ni mucho menos en los ciudadanos. La soberanía reside ahora en el poder del dinero. Cuando el poder lo ostenta el que posee el dinero, la democracia se ha transformado en plutocracia.
He querido recordar la foto de ese telediario de 2011 para que cualquiera que me lea permanezca atento a la imagen que en pocos meses llenará nuestras pantallas. Una vez más otra estampa del triunfo de la libertad en la que Rajoy aparecerá exhibiendo los papeles de la nueva Ley Electoral que nos anunciará más democracia. No pasará mucho tiempo antes de ver retratado este momento, el calendario apremia y es preciso reformar antes de que se celebren las próximas elecciones. Rajoy y su partido, los corruptos por excelencia -no nos olvidemos de los sobres del PP, o del SMS de Rajoy a Bárcenas al descubrirse el botín en Suiza "Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré" entre otras cosas-, los autores de la Ley Mordaza que penaliza las protestas con las que la ciudadanía quiere manifestar su descontento y su deseo de cambio, los mayores depredadores del sistema público español, los privatizadores, los creadores de la brecha social, los indultadores de corruptos, en un arrebato de perroflautismo, piden ahora mejorar la democracia por el bien de todos.
Pero, ¿Cual es la reforma que ellos quieren? El nuevo texto no ha sido elaborado todavía, pero las trompetas ya anuncian la disminución del número de concejales en los ayuntamientos y la imposibilidad de gobernar para aquellos que no sean la lista más votada. La primera de las modificaciones supondría que cada nuevo concejal costaría más votos, la segunda cerraría el paso a gobiernos formados por pactos entre partidos. Dos reformas que, sumadas a la injusta proporcionalidad de la Ley D ́Hont, añaden un nuevo obstáculo para que los partidos minoritarios accedan al gobierno de los ayuntamientos.
¿Qué reformas de verdad necesita la democracia?, de momento me limitaré a enunciar algunas propuestas que circulan por la red y en diversos foros y asambleas; Normalización de las consultas populares, obligatoriedad de atender las Iniciativas Legislativas Populares, prohibición de sueldos a políticos (que no de dietas por reuniones), eliminación de la proporcionalidad según la Ley D'Hont, modificación o supresión del Senado, fin de los aforamientos, responsabilidad penal de los políticos por las decisiones tomadas en la legislatura, representación del voto en blanco como escaños vacíos en el parlamento, democracia on-line para acabar con ese cheque en blanco de unas elecciones cada cuatro años….
Cuando ellos nos vengan a dar su dosis de "más democracia" , saldremos a la calle a pedir no sólo una parte, sino "TODA la democracia". El desesperado objetivo final de esta reforma no es el de abrir las instituciones al pueblo, sino el de afianzar el tambaleante totem del bipartidismo que representa a esta plutocracia y que ahora mismo bascula a punto de caer. Por sus cimientos fluye imparable una corriente que disolverá tarde o temprano los pies de barro de este ídolo pagano, y es que el pueblo, harto ya de tanto chorizo, ha decidido tomar con su voto las instituciones al asalto para darles de una vez la honestidad, transparencia y claridad que los españoles nos merecemos.