Vicenç Navarro. Público
{mosimage}Uno de los pocos programas que veo en televisión es el programa que dan en la Sexta los sábados por la noche. Es de los pocos programas en los que los tertulianos de izquierdas tienen el mismo espacio que los de derechas. Lamento la estridencia de lo que se presenta como “debates”, resultado del comportamiento de los tertulianos de derechas, que frecuentemente sustituyen los argumentos por insultos o falsedades.
Felicito al director del programa. Felicitación que hago a medias, pues los economistas que utiliza el programa como “expertos” para analizar la situación actual son todos ellos de sensibilidad conservadora y/o liberal, lo que refleja el pensamiento económico dominante en España, pensamiento que la actual crisis debería haber ya desacreditado, como ha ocurrido en otros países, pero no en España.
Un ejemplo de ello fue cuando se discutió el tema de la viabilidad de las pensiones, atribuyendo su supuesta inviabilidad a la transición demográfica (es decir, a que haya cada vez más personas ancianas, y menos personas jóvenes que les paguen las pensiones). Dicha aseveración, provista por el “experto”, reproducida “ad nauseam” día tras día en los medios, es falsa, como mi amigo y colega, Juan Torres, y yo, hemos mostrado ampliamente en el libro Lo que debes saber para que no te roben la pensión (Editorial Espasa, 2013). En realidad, el mayor problema que amenaza la viabilidad de las pensiones son las políticas neoliberales que se están aplicando (predeciblemente defendidas por la mayoría de expertos económicos del programa) y que están destruyendo puestos de trabajo y reduciendo los salarios. Puesto que las pensiones en España se pagan en su gran mayoría con aportaciones derivadas de las rentas del trabajo, en la medida en que estas rentas bajen, las pensiones tendrán más dificultades para ser financiadas. Y hoy se está produciendo un tsunami provocado deliberadamente por las fuerzas conservadoras y liberales, que se están cargando la Seguridad Social de este país.
No hay falta de jóvenes en este país
Hoy el problema no es que no haya suficientes jóvenes. El problema es que no tienen trabajo, y los que lo tienen cobran unos salarios bajísimos. ESTE ES EL PROBLEMA. Y esto es resultado de unas políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos (incluyendo el español), cosa que el lector no leerá en la mayoría de medios de información y persuasión del país. Esta situación, desesperada para millones de jóvenes, explica su emigración. Hoy estamos viendo la segunda mayor ola de emigrantes que España haya visto desde los años cincuenta, resultado de un de las mayores crisis económicas y financieras que España haya vivido. Más de medio millón de personas (547.890 personas) emigraron el año pasado, de las cuales casi 80.000 fueron personas nacidas en España (79.306 personas). Esta emigración fue una de las causas de que la población en España cayera por segundo año consecutivo, perdiendo 220.130 habitantes. La mayor pérdida fue entre los jóvenes. Catalunya, por cierto, fue de las que perdió más.
El escaso empleo juvenil
Se ha prestado mucha atención, con razón, a la elevada la tasa de desempleo entre los jóvenes en España, una de las más altas de la OCDE, el club de países más ricos del mundo (del cual España es miembro), y de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE con mayor desarrollo económico, del cual España es también miembro. Ahora bien, lo que menos se ha analizado es la tasa de ocupación de la gente joven. Concretamente, el porcentaje de la población joven (tanto de 16 a 20 años como de 20 a 24 años) que trabaja en España es de los más bajos de la OCDE y de la UE-15, siendo también el país que, además de tener la tasa de ocupación juvenil más baja, ha tenido también el mayor descenso de esa tasa durante la crisis. Así, la tasa de ocupación de los jóvenes de 16 a 20 años era de un 24,4% (es decir, que de cada 100 jóvenes, solo 24,4 estaban trabajando) en el año 2000, y bajó en picado de manera que en el año 2012 el porcentaje era solo de un 5,3%, el mayor descenso en la OCDE y en la UE-15. Un tanto igual ocurrió en el grupo de 20 a 24 años, cuya tasa bajó de un 47,9% en el año 2000 a un 31% en el año 2012. Solo Grecia, Portugal e Irlanda ofrecen cifras semejantes.
La insensibilidad del establishment político frente a esta realidad
Esta emigración de jóvenes significa una enorme pérdida de recursos. Son personas formadas, con el más alto nivel de formación que España haya tenido. Y la indiferencia de las autoridades públicas hacia esta situación muestra su enorme insensibilidad hacia este drama humano, así como su insensibilidad (o incompetencia) hacia lo que significa la pérdida de estos jóvenes. Un indicador de esta insensibilidad del gobierno del Partido Popular (y del socialista anterior) es que no hagan nada para recuperar a esta juventud, cuya emigración puede significar una pérdida irreversible. Lo que el Estado debería hacer es facilitar que fuera reversible.
Así pasó en la primera ola emigratoria. Fue un gobierno conservador, presidido por Adolfo Suárez, el que permitió que un ciudadano español que tuviera que emigrar y que tuviera que adquirir otra nacionalidad por causas laborales, no perdiera su nacionalidad española, permitiendo así la doble nacionalidad por causas laborales. Con ello, tal ciudadano no perdía sus lazos con España, de manera que siempre podía volver e integrarse en España. Es sorprendente y reprobable que esa ley fuera anulada por el gobierno socialista presidido por Felipe González.
Es fundamental que dicha ley se recupere, pues es un compromiso que España tiene con estas personas, ciudadanos españoles que se han tenido que marchar de España porque este país no les ofrecía el trabajo para el cual se formaron. El mantenimiento de la ciudadanía es una condición esencial para que se sientan ligados a España y vuelvan. Y ruego a todos los ciudadanos españoles que me lean que escriban al gobierno exigiendo que se apruebe tal ley. Es lo mínimo que las Cortes españolas pueden hacer para aquellos que han sido tan dañados por las políticas neoliberales aprobadas, por cierto, por esas mismas Cortes.
Otra falsedad: las causas del desempleo
En contra de lo que la sabiduría convencional indica, la tasa de desempleo es una variable política, no una variable económica. Lo que quiere decir esta expresión es que el nivel de desempleo está determinado por intervenciones políticas, es decir, que cada país tiene el nivel de desempleo que su Estado desea o permite. Esto le sorprenderá al lector, que estará acostumbrado a leer que el gobierno está haciendo todo lo posible para que baje el desempleo. En esta percepción (profundamente errónea), se asume que el alto desempleo de España se debe a causas ajenas sobre las cuales el Estado tiene poco que hacer.
Las explicaciones más comunes del elevado desempleo en los medios de información y persuasión españoles (dominados por el pensamiento neoliberal) son que el elevado desempleo es resultado de unas supuestas rigideces del mercado de trabajo (como consecuencia del excesivo poder de los sindicatos), o consecuencia de la falta de una formación y/o educación de la población que le permita ser integrada en el mercado de trabajo. Ninguna de estas explicaciones tiene evidencia que las avale (ver mis artículos en la sección económica de mi blog www.vnavarro.org).
La principal causa del desempleo son las políticas públicas que van orientadas, precisamente, a aumentar el desempleo. Su objetivo es reducir el poder del mundo del trabajo y, con ello, disminuir los salarios y la protección social y aumentar el tiempo de trabajo por trabajador. La evidencia de que esto es lo que está ocurriendo es más que robusta. Dos de los economistas más brillantes de EEUU, Dean Baker y Jared Bernstein, han publicado un artículo “Full Employment and the Path to Shared Prosperity”, Center for Economic and Policy Research, Washington (03.07.14), en el que muestran como por cada aumento de un 1% en la tasa de paro de EEUU, disminuye el nivel salarial un 12,4%. Una situación semejante nos encontramos en España, donde el enorme incremento del desempleo ha causado un enorme bajón en los salarios.
Y lo que la Troika, la banca y la gran patronal quieren decir cuando piden que continúen las reformas, es que creen que los salarios deben incluso bajar más. Lo que ocurre en esta situación es que las bajadas de salarios implican un descenso de la demanda y, con ello, del crecimiento económico, con lo cual el incentivo para producir más y crear más empleo se reduce, cuando no elimina. Es el círculo vicioso que nos está llevando al desastre.
En realidad, si el Estado adoptara políticas de pleno empleo, estimularía la demanda, con lo cual habría mayor creación de empleo, dando mayor poder al mundo del trabajo, lo que causaría un aumento más grande de los salarios, lo que, a su vez, crearía mayores necesidades de producción y de empleo. De esta manera, el círculo vicioso se convertiría en un círculo virtuoso. El hecho de que no se produzca se debe predominantemente al contexto político, es decir, a las relaciones de poder entre el mundo del capital y el del trabajo, en el que el primero está ganando y el segundo perdiendo. Y esto, lector, no lo leerá usted en los medios de información y persuasión, dominados por el primero. Así de claro.
Vicenç Navarro. El Plural
Este artículo critica una postura generalizada de personas que se autodefinen como republicanas pero que en cambio apoyan a la Monarquía en España, aduciendo que es mejor tener a un Rey como Juan Carlos I o ahora Felipe VI, que a un Presidente de la República como José María Aznar o Esperanza Aguirre.
Uno de los argumentos que encuentro más sorprendente de los muchos utilizados por autores republicanos que favorecen el mantenimiento de la Monarquía, es el de que es mejor tener como Jefe del Estado a un Rey como Juan Carlos I o ahora Felipe VI, que a un José María Aznar, que daría una imagen de España, como Presidente de la República, peor que la que pueda dar el Rey Felipe VI.
Por mucho que me desagrade la visión de una España republicana presidida por José María Aznar o, incluso peor, por la Sra. Esperanza Aguirre (las figuras en España más próximas al Tea Party de EEUU), les prefiero a ellos antes que al Monarca como Jefe de Estado. Esta preferencia no se debe a que considere a los personajes que podrían ocupar ese cargo más atrayentes que al Rey, sino al hecho de que uno (el Presidente de la República) es un cargo electivo y el otro (el Rey) no. Esta diferencia es fundamental, y me sorprende que personas que se consideran, y son, demócratas, prefieran que la jefatura del Estado sea vitalicia en lugar de un cargo electo.
Que un cargo sea vitalicio implica toda una cultura cortesana, vertical y clientelar. Toda monarquía tiene una corte, se formalice esta o no. Y lo que ha ocurrido con la Monarquía actual es un claro ejemplo de ello. En contra de lo que se ha dicho con gran frecuencia, el Rey Juan Carlos estableció una corte, que no siempre fue formalizada por títulos nobiliarios. Varios libros han documentado el círculo de amigos del Rey, que representan, todos ellos, intereses financieros y económicos de gran peso en el país, con los cuales la Monarquía ha establecido una complicidad en sus comportamientos. José García Abad, director de la revista El Siglo, ha escrito un detallado y excelente estudio, La soledad del Rey, sobre estas redes que nunca aparecen en los medios, resultado de una gran protección mediática hacia la figura del Rey, comportamiento que es claramente antidemocrático, siendo un símbolo más de la baja calidad de la democracia española.
Un cargo vitalicio de tal magnitud conlleva una corte que reproduce una cultura y unos comportamientos antidemocráticos, como ha ocurrido en España. Muchos libros documentan las relaciones existentes entre las empresas del IBEX y los mayores bancos de España, y el Monarca, habiendo sido estos grupos empresariales los mayores defensores de la Monarquía, defensa que ha incluido apoyo económico y financiero, gran parte de él de dudoso origen y procedencia (ver el artículo de Belén Carreño “La Corte del Rey Juan Carlos y el capitalismo de amiguetes”, Eldiario.es, 02.06.14, y el excelente informe sobre la Monarquía de uno de los diarios digitales más interesantes en nuestro país, cafèambllet.com, junio 2014). Y uno de los últimos actos del Rey fue reunirse con elementos clave de la gran patronal financiera e industrial para indicarles que “siempre os apoyaré y estaré con vosotros”.
Todos estos documentos muestran que la Monarquía fue, ha sido, es y continuará siendo el centro de los establishments financieros y económicos del país. De ahí que si la Monarquía dejara de existir sería un golpe muy importante para ellos. En realidad, la Transición se hizo en términos muy favorables a estos establishments, los cuales deseaban integrarse al euro, siendo conscientes de que la dictadura era un obstáculo para ello. Las fricciones entre la Monarquía y el componente más cavernícola del aparato del Estado (cuyas tensiones con el Monarca se han presentado como prueba de la vocación democrática del Monarca que lideró la Transición) no deberían ocultar que el objetivo principal de la Monarquía era sostener el poderío de aquellos establishments financieros y económicos que le dieron pleno apoyo, manteniendo su dominio sobre la vida económica del país, así como sobre la vida política y mediática.
Ni que decir tiene que, basándonos en la experiencia derivada de los mandatos del Sr. Aznar, este, como Presidente de la República, podría dañar gravemente el bienestar de la población española, estableciendo redes clientelares a su alrededor. Pero la gran diferencia es que al ser elegido, también podría ser “deselegido”, lo cual no ocurre con el Monarca. E igualmente importante, sería más difícil que los medios actuaran con el servilismo y complicidad que han mostrado hacia la figura del Rey.