Entre los criterios para su elaboración se primará la protección a los colectivos más desfavorecidos
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.– El fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y la promoción de la actividad económica para mejorar la competitividad del tejido empresarial y favorecer la generación de empleo serán las prioridades que el Gobierno de Canarias reflejará en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2015, cuyos criterios de elaboración aprobó hoy el Consejo de Gobierno.
Junto a estas premisas, el Ejecutivo ha fijado además como objetivos centrales la protección de los colectivos en riesgo de exclusión social y de los sectores más desfavorecidos por la crisis económica así como el aumento del grado de eficacia y eficiencia de la administración pública.
Sobre este último aspecto, para la selección del gasto se tendrán en cuenta las acciones que tengan mayor impacto en la economía y repercusión en el empleo local así como la utilización de instrumentos financieros en lugar de las subvenciones para la promoción del desarrollo económico.
También se dará prevalencia a las actuaciones que sean susceptibles de financiación con fondos estructurales de la Unión Europea, los programas que tengan carácter plurianual y las partidas que cuenten con fondos estatales.
Los presupuestos del próximo año incluirá el cumplimiento del límite de déficit y de deuda establecidos para 2015 y se establece como criterio general para todos los departamentos que sus propuestas de gasto se orienten a las prioridades hoy aprobadas.
En cuanto al procedimiento para elaborar los presupuestos, se confeccionará una primera propuesta integrada por el gasto estructural, es decir, formada por aquellas partidas fijas como las relativas a personal y las ineludibles para prestar los servicios públicos esenciales. A éstas se añadirán aquellos gastos necesarios para desarrollar las actuaciones derivadas de normas estatales o territoriales de obligado cumplimiento.
Tras esta propuesta, que tendrá prioridad en la asignación de los recursos, le sucederá una segunda que incluirá los créditos destinados a políticas sectoriales para lo que se utilizará el resto de los fondos disponibles.
Con estas directrices, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad iniciará el proceso de elaboración de las cuentas públicas canarias para el próximo ejercicio. Durante los siguientes meses se recibirán las peticiones de los diferentes departamentos para su posterior evaluación con el fin de obtener una propuesta global en octubre.
OTRAS NOTICIAS
Canarias pedirá la nulidad del fallo del Supremo que avala las prospecciones
El Ejecutivo regional presentará un recurso de amparo en caso de que no fuese amitido el incidente de nulidad
El Gobierno de Canarias presentará un incidente de nulidad contra el fallo del Tribunal Supremo que avala los sondeos petrolíferos y ha señalado que en el Ejecutivo central impera la cobardía por no haber respondido a la demanda de realizar una consulta popular sobre este asunto.
El portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, señaló este jueves en rueda de prensa que si no fuese admitido el incidente de nulidad, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma presentarán un recurso de amparo -que están ultimando- contra la citada decisión del Tribunal Supremo.
El argumento para ambos procedimientos se basa en que el fallo del Supremo se aprobó con el voto particular de dos de los cinco magistrados participantes, y que se basó en el incumplimiento de la legislación europea en lo referente a consultar a las partes implicadas en una cuestión que afecta al medio ambiente.
Martín Marrero añadió que "por más que muchos lo desearan, el Gobierno de Canarias no se va a rendir" en este asunto porque "en el colmo del dislate", se intenta interpretar como un conflicto "personal" del presidente Paulino Rivero, cuando a su juicio se trata de un conflicto "político" entre el Gobierno de España "y el interés general de los ciudadanos" de las islas.
Respecto a la falta de pronunciamiento por parte del Consejo de Ministros en relación a la demanda del Gobierno regional de someter esta cuestión a consulta popular, el portavoz autonómico dijo que lo lógico era esperar una respuesta formal "hasta por educación: un sí o un no, pero dime algo".
Sin embargo, prosiguió, en este como en otros asuntos por parte del Gobierno central "impera la cobardía, algo que no es de extrañar viendo el talante del presidente de España".
Esto es lo que entiende el Ejecutivo estatal por respuesta institucional y esta es su consideración hacia el Parlamento de Canarias, lamentó Martín Marrero.
Ante esta situación, recordó el portavoz, el Gobierno canario ha decidido elaborar dos decretos para desarrollar la ley canaria de participación ciudadana, de tal manera "que la consulta popular se hará, y será absolutamente legal"
El Gobierno expone a información pública la normativa de desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana
El borrador de reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana estará abierto a sugerencias y alegaciones hasta el 21 de julio
El Boletín Oficial de Canarias publica hoy el anuncio por el que se inicia el proceso de información pública para el reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana. Este es el primero de los dos decretos que requiere el desarrollo de la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana para habilitar el proceso para la convocatoria de consultas a la ciudadanía previsto en el artículo 20.
En este reglamento, el Gobierno de Canarias define los requisitos y procedimiento necesario para su inscripción en el registro de Participación Ciudadana como personas físicas o jurídicas, sin ánimo de lucro. Este registro es el que habilita a estas personas físicas y jurídicas el reconocimiento como entidades ciudadanas, lo que les otorga capacidad de representación, interlocución formal y acción como colectivos en todos los procesos de participación ciudadana.
El periodo de información pública concluirá el 21 de julio. Durante ese periodo, las personas y colectivos que lo deseen pueden presentar sus alegaciones y sugerencias para la mejora del borrador de anteproyecto de ley al que pueden acceder a través del siguiente enlace, http://www.gobcan.es/cpji/ripc/participacionciudadana/contenido/Construyendo_Ciudadania/Anteproyectos_para_su_consulta.html, o accediendo al bloque de Participación Ciudadana incluido en el portal de Transparencia del Gobierno de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/).
El borrador de decreto regula la creación y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y los requisitos exigibles para las personas físicas y jurídicas que quieran inscribirse en el mismo.
Este registro estará dividido en dos secciones, una relativa a las entidades ciudadanas (personas jurídicas), y otra genérica para ciudadanía (personas físicas).
Ambas estarán a su vez organizadas en 21 áreas temáticas de información y participación (acción exterior, Autogobierno y desarrollo autonómico, Educación, Vivienda, entre otras).
El texto que se somete a información pública detalla cómo se organiza, qué datos deben inscribirse, documentación requerida y otros detalles de procedimiento administrativo para el correcto funcionamiento del registro, respetando los criterios de protección de datos de carácter personal vigentes.
El Gobierno aprueba el Decreto que modifica el Reglamento del Consejo Consultivo de Canarias
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto que modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, órgano supremo de consulta de la CAC y cuya regulación fue aprobada en el año 2005. Estos años de aplicación, la práctica ha puesto de manifiesto la conveniencia de introducir algunos cambios en ese reglamento.
En concreto, esas modificaciones fueron debatidas y aprobadas por propio Pleno del Consejo Consultivo y remitidas al Gobierno con los informes previos preceptivos y afectan a aspectos puntuales del Reglamento con el objetivo de mejorar el funcionamiento de este órgano.
Se modifican aspectos de personal, de la organización del Consejo y del procedimiento de tramitación de los dictámenes, entre otros aspectos internos.
El Gobierno acuerda solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas
El documento tiene por objeto agilizar la tramitación en las Administraciones Públicas canarias de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión que sean declarados de interés estratégico por parte del Gobierno de Canarias, y la regulación de las circunstancias que determinan la consideración de inversiones de interés estratégico y el procedimiento para su declaración.
En este sentido, mediante el Decreto 86/2012, de 11 de octubre, se creó el Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, con el fin de asegurar el seguimiento y la coordinación de la actuación administrativa en relación con aquellas inversiones y proyectos que por su carácter estratégico para Canarias se consideran que deben ser objeto de una especial atención.
Cabe señalar que desde prácticamente el comienzo de la actual crisis económica y financiera el Parlamento y el Gobierno de Canarias ha implementado medias dirigidas precisamente a simplificar la tramitación administrativa de las iniciativas inversoras y empresariales con el fin de hacer más competitiva la economía canaria. Estas acciones han logrado reducir a la mitad el tiempo de tramitación necesario para poder en marcha una actividad.
Por tanto, el mencionado proyecto de ley recoge el amplio consenso acerca de los inconvenientes que puede representar un exceso de regulación y burocracia administrativa, en la medida en puede desmotivar o desincentivar la inversión y, por consiguiente, la generación de riqueza y empleo.
Ante la importancia de favorecer la implantación o localización en Canarias de inversiones externas o de proyectos e iniciativas inversoras de especial relevancia – más evidente en circunstancias económicas como las actuales, en las que resulta tremendamente difícil movilizar y dinamizar la iniciativa inversora y empresarial- se decidió dar preferencia a la tramitación de los expedientes administrativos relacionados con tales inversiones y acortar sus plazos.
Esos son los objetivos del presente proyecto de Ley y para alcanzarlos se crea y regula el proceso para la declaración de interés estratégico de inversiones por parte del Gobierno de Canarias.
Así, el texto establece que tendrán la consideración de inversiones de interés estratégico aquellas que sean declaradas como tales por el Gobierno de Canarias de acuerdo con el procedimiento previsto, en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico de las islas.
Además, para declarar una inversión de interés estratégico para Canarias se tendrán en cuenta, fundamentalmente, los siguientes criterios:
– Su impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo.
– Su relevancia en relación con áreas estratégicas para el Archipiélago, como el turismo, las energías, la innovación, las nuevas tecnologías, la internacionalización de la economía canaria o el desarrollo de nuevas áreas de actividad de alto valor añadido.
– Su capacidad para movilizar inversión privada interna o externa.
– Su compatibilidad con el desarrollo sostenible de las islas.
En todo caso, la inversión deberá resultar viable desde el punto de vista jurídico, económico y financiero, debiéndose justificar adecuadamente tales extremos por sus promotores.
El Gobierno aprueba los precios públicos por servicios académicos de carácter universitario
El Consejo de Gobierno aprobó hoy el Decreto que fija los precios públicos por la prestación de servicios académicos de carácter universitarios para el curso 2014/2015 por las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sus principales novedades pasan por el mantenimiento de los mismos precios públicos por la prestación de servicios académicos de carácter universitario y las mismas tasas que en el curso pasado con las siguientes salvedades:
Se reducen los precios por los créditos de grado en las segundas, terceras y cuartas matrículas, en un 10%, 20% y 25%, respectivamente. Además se reducen los precios de los másteres no habilitantes para el ejercicio de actividades profesionales.