Si la sentencia es condenatoria y es inhabilitado, Zerolo tendría que dimitir como senador
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- Los dirigentes de IU en Tenerife, Luisa Tamayo y José Pérez Ventura ofrecieron este jueves una rueda de prensa para realizar ante la opinión pública una valoración del desarrollo del juicio por el caso Hermanos García Cabrera, poniendo sobre la mesa la constatación en la vista de graves ilegalidades que no solo corroboran los argumentos de la Fiscalía sino que amplían los indicios de la actitud fraudulenta y delictiva llevada a cabo por el ex alcalde y su equipo.
Tras la petición de la vicecoordinadora de IU en Tenerife a los tres grandes partidos para que se desmarquen de Zerolo y de la corrupción, Pérez Ventura, que actúa como acusación popular, dejó claro que los argumentos expuestos en la vista del pasado jueves dejan a las claras la existencia de un proceder delictivo liderado por Miguel Zerolo, quien contó con el apoyo y complicidad de Joaquín Castro y Rodolfo Núñez, a quienes se les acusa de un delito continuado de prevaricación.
Antes de realizar una valoración jurídica, el abogado del partido y denunciante del caso, hizo una valoración política, asegurando que es verdaderamente lamentable que un senador que representa a Canarias se siente en el banquillo de los acusados, dejando claro que es así por culpa de la connivencia de partidos como PP y PSOE con CC, porque no debemos olvidar que Zerolo estaba multiimputado por casos graves de corrupción cuando fue nombrado Senador por Canarias en el Parlamento regional.
Dijo que el caso Hermanos García Cabrera es el que menos tiene que preocupar a Miguel Zerolo porque si lo condenan solo será inhabilitado para cargos públicos, pero le recuerda que detrás de este escándalo, vendrán otros de la talla de Las Teresitas o Fórum Filatélico, para dejar claro que en el transcurso del juicio el pasado jueves quedó acreditada la línea acusatoria de la Fiscalía y de IU contra Zerolo, Castro y Núñez, máxime cuando el representante de la empresa que se benefició del contrato ilegal a dedo de las obras multimillonarias reconoció que el edificio del antiguo Instituto quedó en el esqueleto sin que existiera proyecto de obra, como es preceptivo por la Ley, con lo que está claro que hubo delito de prevaricación administrativa.
El letrado recordó que hasta en cinco ocasiones se hicieron reparos por parte de los interventores municipales, pero aún así, Zerolo dictó un decreto para levantar los reparos y ordenar que siguieran ejecutándose las obras ilegales: “El semáforo estaba en rojo, pero a pesar de ello Zerolo se lo saltó hasta en cinco ocasiones, con plena conciencia de las ilegalidades que se estaban cometiendo”, para lo que el alcalde contó con el inestimable apoyo de Guillermo Núñez y Joaquín Castro.
Pérez Ventura expuso informes y dictámenes presentados en la vista que evidencian las ilegalidades cometidas en el caso, pero que dejan claro que no se puede hablar de obras menores, como aseguró en el juicio Miguel Zerolo, sino que fueron obras de gran reparación, que costaron más de 7 millones a las arcas públicas del ayuntamiento sin haber expediente de contratación y sin concurso público.
Otro de los datos más relevantes que salieron a la luz el pasado jueves en el desarrollo del juicio es la existencia de doble facturación por parte de IMES, concretamente en el tema relacionado con la pavimentación de una parte del edificio, que se facturó por una superficie muchísimo mayor que todo el antiguo IES en su conjunto; o la facturación de 135 piezas sanitarias para el edificio cuando solo se colocaron unas 90, lo que demuestra el absoluto descontrol que había en este asunto por parte del Ayuntamiento.
José Pérez Ventura confía en que el Tribunal Supremo actúe con independencia e imparcialidad en este caso, porque si es así, y se basa en las pruebas, no cabe duda de que dictará una sentencia ejemplar contra Miguel Zerolo y el resto de acusados, con lo que estaríamos hablando de que serían castigados a una pena de 9 años de inhabilitación especial, lo que conllevaría la dimisión de Zerolo como senador a tener de la Ley electoral aprobada en 2011.