{mosimage}SB-Noticias.- El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión cautelar dictada el pasado 11 de marzo sobre los dos puntos de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias impugnados por el Estado. Esa suspensión afectaba a los puntos "a" y "c" del artículo 4.2 de la ley autonómica, que fue denunciada por el Consejo de Ministros por entender que vulneraba la libertad de empresa y las directivas europeas sobre servicios, al autorizar solo la construcción de hoteles nuevos si su categoría era de cinco estrellas o superior.
La ley canaria plantea, con carácter general, que en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura no se autorizarán más hoteles o apartamentos que aquellos que procedan de la renovación de un complejo ya existente, con una única excepción: los establecimientos de cinco estrellas o categoría superior.
El Gobierno central sostiene que esa limitación es discriminatoria y no tiene acomodo ni en la legislación nacional ni en las directivas europeas, porque no se puede imponer a las empresas cuál debe ser la categoría del hotel si se levanta sobre un suelo que ya está calificado urbanísticamente para esos usos.
El Ejecutivo canario defiende, en cambio, la constitucionalidad de la iniciativa y mantenía que la suspensión cautelar instada por el Estado no tenía el efecto que este decía buscar (abrir la construcción a cualquier categoría), sino que vetaba de hecho todo proyecto que no procediera de la renovación, al atacar precisamente las excepciones fijadas en el artículo 4.2.
En un auto fechado el 24 de junio, el TC acuerda levantar las medidas cautelares, al considerar que el Estado no ha fundamentado los supuestos perjuicios de los preceptos que impugna.
Según el extracto del auto difundido este miércoles por el Gobierno canario, el Constitucional estima que, si bien el Estado alega que prohibir nuevos hoteles y establecimientos extrahoteleros de cuatro estrellas o categoría inferior causa "unos graves perjuicios económicos al interés general", estos no pueden producirse como consecuencia de los artículos que impugnó, que se refieren a los establecimientos alojativos hoteleros y extrahoteleros de cinco estrellas o superior.
En un comunicado, el comisionado autonómico para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos (CC), subraya que esta decisión del Constitucional "permite a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias recobrar su vigencia originaria, pudiéndose construir de nuevo hoteles y apartamentos de cinco estrellas no vinculados a la rehabilitación".
Ríos opina que ese auto judicial "viene a constatar que el recurso del Estado, instado por el Ministerio de Industria, venía motivado políticamente, ya que ni el Estado tiene competencias en materia turística, ni hay perjuicio para el interés general".
"Es de lamentar que esta suspensión haya podido retrasar inversiones en Canarias al impedir la construcción de hoteles y apartamentos durante estos cuatro meses", denuncia.
Ríos recuerda que, cuando el TC concedió la suspensión cautelar de los apartados impugnados, el Gobierno de Canarias dictó un decreto "para evitar interpretaciones torticeras" de esa medida e impedir "un aluvión de solicitudes de construcciones de nuevos hoteles de cualquier categoría, lo que hubiera abocado al fracaso la finalidad rehabilitadora de la ley".
El Gobierno canario, añade Ríos, está evaluando los resultados de la ley y está abierto "al diálogo con todos los interlocutores turísticos para corregir cualquier desviación" respecto al objetivo de fomentar la modernización de la planta hotelera obsoleta y elevar la calidad de la oferta alojativa de las islas.
“Si hubieran aportado los 2.100.000 en dos años, el Gobierno de Canarias hubiera puesto la misma cantidad, es decir, los desempleados de Las Palmas de Gran Canaria han dejado de percibir casi tres millones de euros para creación de empleo por el boicot, lo que suponen unos 485 empleos”.
“Tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Gran Canaria se han retratado en este asunto, y es que no creen en las políticas activas de empleo, por eso no invierten más que una mínima parte con la excusa de que es mejor dar a los desempleados herramientas para buscar empleo, ocultando adrede que se crea muy poco empleo”.
Recuerda Martín que “ya el año pasado el Cabildo rechazó casi dos millones de euros en empleo por el mismo motivo, y el Ayuntamiento aportó el mínimo al Plan de Empleo Social; este año vuelven a demostrar que prefieren hacer política y boicotear las medidas del Gobierno que funcionan”.
Por último valora que “el resto de ayuntamientos, incluidos los del PP, aporten al plan de empleo su parte, que este año es plurianual -algunos incluso en coordinación con los cabildos- y lamenta que el Cabildo de Gran Canaria y su capital se desmarquen de la ayuda a las familias más necesitadas de un empleo”.