Representantes de los trabajadores y madres dejaron claro que la “externalización” que promueve Pérez del servicio implicará un aumento de las cuotas y pérdida de empleos públicos
{mosimage}{mosimage}Audio de las declaraciones
SB-Noticias.- Este jueves se llevó a cabo ante la sede de Educación en la capital tinerfeña una espectacular concentración, secundada por miembros del Comité de empresa del Personal Laboral de la Consejería de Educación canaria, trabajadoras, así como padres y madres de alumnos afectados denunciando la privatización de los comedores escolares de los centros educativos Camino Largo (La Laguna) y Chapatal (Santa Cruz de Tenerife).
Dejaron claro en declaraciones a Radio San Borondón que esta “externalización” del servicio que promueve el departamento de José Miguel Pérez implicará un aumento de las cuotas por comensal y una pérdida de empleos públicos, a cambio de contrataciones precarias de personal, a tiempo parcial y sin garantías para los trabajadores, lo que de por sí supone un empeoramiento de las condiciones laborales, con menores salarios, mayores cargas de trabajo e inestabilidad laboral, lo que lógicamente repercute directamente en la prestación del servicio.
Tras insistir en que cada vez son más altos los niveles de entrega a empresas privadas de servicios que se prestan en los centros públicos canarios, insistieron en denunciar que esta movilización de hoy tiene como objetivo hacer visible ante la opinión pública este intento de privatización una vez más de los servicios de comedor, que ahora afecta a estos colegios en Tenerife, pero que afectará en el futuro a la totalidad de los centros educativos públicos de las islas.
Con la excusa de que no existen recursos para contratar el personal necesario para atender el incremento de alumnos que se está produciendo en los comedores escolares, por la acogida de niños en situación de cuota cero, la Administración pretende privatizar el servicio de atención a los niños en el comedor, lo que ocurre es que esta postura es una excusa no válida porque la ley de presupuestos 2014 en su art. 54.3 sí permite las contrataciones para atender necesidades urgentes e inaplazables de los servicios públicos esenciales, en este caso centros educativos “El problema es que parece que no hay la más mínima voluntad política para mantenerlos, pero sí de privatizarlos”.
La Administración no tiene en cuenta que privatizar el servicio supondrá un sobrecoste a las familias, pero es que tampoco valora el trabajo que vienen desarrollando los trabajadores desde hace muchos años, por lo que exigen al consejero José Miguel Pérez que explique dónde estará el ahorro puesto que ese servicio privado también habrá que pagarlo y posiblemente supondrá un sobrecoste.
A José Miguel Pérez le recuerdan las máximas que rigen a toda empresa privada, ya que se sabe perfectamente que lo que buscan es maximizar sus beneficios, engordar sus cuentas de resultados, en detrimento de las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores y en este caso, aún más preocupante, a costa de empeorar radicalmente el servicio que se presta a los niños.