IC denuncia que las unidades atentan contra las bases del sistema sanitario público y conllevarán el abandono a su suerte a enfermos cuyos tratamientos sean muy prolongados y costosos
{mosimage}{mosimage}Audio de la rueda de prensa
SB-Noticias.- Catalina Darias, Patricia Hernández y Jaime Bethencourt, miembros de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, ofrecieron este viernes una rueda de prensa en La Laguna en la que advirtieron de los graves efectos perniciosos para el sistema sanitario público que traen consigo la puesta en marcha de las unidades de gestión clínicas, en principio en los cuatro principales centros hospitalarios de Canarias, pero que se implantarán en el resto de hospitales.
El Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, el Materno Infantil de Gran Canaria y el Doctor Negrín son los cuatros centros hospitalarios que comienzan este experimento de las autoridades sanitarias de las islas, a pesar de que en otros lugares de Europa han fracasado como en Gran Bretaña, en donde en lugar de reducir costes, se han disparado hasta el punto de que las autoridades tratan de anular las cesiones.
El sindicato pide a los directores gerentes de estos centros hospitalarios que salgan a la luz pública a dejar claro si están porque la gestión siga siendo pública, para lo que deberían rebelarse públicamente contra estas experiencias “piloto” del Gobierno, o si por el contrario están a favor de que la salud de los pacientes se mercadee como cualquier producto, lo que acarrearía la consiguiente petición de dimisión por parte del sindicato.
Asimismo los sindicalistas se dirigieron a los profesionales médicos para advertirles de que al estar dirigidas como empresas privadas, que buscan mejorar la cuenta de resultados a costa de reducir los gastos en los materiales que se usan, así como en los costes laborales de los trabajadores, pero también para exigirles un posicionamiento público al respecto, porque en caso de estar a favor de estas unidades de gestión clínica, en donde el paciente no se mira como ser humano enfermo, sino como un dato económico, estarían inculcando los principios éticos y morales adquiridos durante la preparación como profesionales médicos.
Darias, Hernández y Bethencourt dejaron claro que IC va a luchar en todos los terrenos a su alcance para acabar con esta perversa medida, pero también dejaron claro que con su implantación habrá grandes perjudicados, los pacientes en general, pero fundamentalmente los crónicos o aquellos que necesiten tratamientos largos en el tiempo y más costosos; habrá perjudicados, sobre todo profesionales sanitarios a los que se despedirá bajo los criterios de ahorro mercantilista de una empresa privada; pero como en la vida, allá en donde hay perjudicados, hay beneficiados, que no serán otros que aquellos “amigos” del poder que serán colocados al frente de estas unidades y que se embolsarán enormes cantidades de dinero como primas por conseguir ahorro.
Sin duda, desde su punto de vista, se trata de un diabólico proceso de privatización, que los responsables de la Administración sanitaria tratan de imponer, convirtiéndose en alumnos aventajados del PP, partido que va a por la privatización total de la sanidad pública, lo que ocurre es que en Canarias tenemos un gobierno en el que está un PSOE que se jacta de declarar que se opone a las privatizaciones de servicios indispensables, pero luego permite que su socio los lleve a cabo.
En un rápido e improvisado diagnóstico, aproximadamente 50 mil pacientes engrosan las lista de espera para intervenciones quirúrgicas y consulta especializada (cifra que según los profesionales sanitarios elevaríamos a 75 mil). Los hospitales comarcales del Norte y el Sur de la isla de Tenerife, igualmente "en lista de espera" que ya alcanza los 25 años para el final de su ejecución. Son cerca de 15 importantes infraestructuras las que aguardan su inicio o, ya comenzada su construcción, se encuentran paralizadas. Por último, la pobreza en las islas crece 7 veces más que la media española y el número de los escolares hambrientos se eleva . Mientras los salarios bajan el paro continúa en alza, provocando, aunque no lo digan las estadísticas del gobierno que, globalmente, la población canaria se encuentre más enferma por no poder acceder económicamente a hábitos alimenticios saludables.
Además, no nos vamos a detener a realizar un balance de las urgencias hospitalarias, puesto que Intersindical Canaria ya ha equiparado estos servicios a las enfermerías de un capo de batalla.
Pues bien, en este desolador panorama y con los brutales recortes que ya sufre el conjunto de la sanidad pública que, sólo en el apartado de recursos humanos ha supuesto en los dos últimos dos años una reducción de 3800 trabajadores sanitarios, el gobierno canario CC y PSOE y su Consejería de Sanidad han puesto ya en marcha temerarios proyectos y ensayos en la sanidad pública que para Intersindical Canaria suponen perversos actos de sabotaje contra el sistema sanitario público y los principios que los fundamentan.
Nuevamente, el gobierno canario, en su afán por convertirse en alumno aventajado de la PP, con el asesoramiento de una multinacional ya tiene avanzadas varias pruebas piloto en los cuatro principales hospitales de Canarias y que afectarán al servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias (HUC), a los servicios de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario La Candelaria. En la isla de Gran Canaria, la selección recae sobre el servicio de Nefrología de El Dtor Negrín y al servicio de Digestivo del hospital Materno Infantil.
Se trata de la creación de las denominadas Unidades de Gestión Clínica, y que se concretan en una operación segregacionista de uno o varios servicios del conjunto de la unidad hospitalaria para que sean gestionados con criterios privados de competencia y mercado y priorizar en los pacientes de bajo coste. A tal efecto, un médico se convertiría en el director de la UGC, quien establecerá las condiciones de explotación del servicio con criterios de gestión privada basado en la productividad y el ahorro del gasto, ahorros que una vez convertidos en "beneficios", parte de ellos, luego se repartiría entre el conjunto del personal.
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO
Como punto de partida, este modelo es contrario a los principios de la Organización Mundial de la Salud, quién apuesta por promover la integración de la atención clínica e interprofesional y no como aquí se pretende la competencia y la mercantilización frente a la cooperación de los integrantes del sistema público
Evidentemente, uno de los perversos principios con los que se concibe las Unidades de Gestión Clínica es el descenso del gasto y el ahorro que, lógicamente, tendrá efecto directo sobre el paciente al que se le limitará la cantidad y calidad de los medios.
En ese mismo objetivo, de productividad y ahorro, podrá ocasionar situaciones tales como que el proceso de alta del hospitalizado se acelere para propiciar menos gastos de recursos, derivando ello en riesgos evidentes de recidiva o retroceso el proceso de curación.
Los pacientes crónicos y ancianos, por principio, serán incompatibles para recibir una correcta asistencia en las UGC, dado el alto coste de sus tratamiento. Estas unidades, de hecho, pueden promover el aceleramiento del proceso de agravamiento de sus dolencias.
La Unidades de Gestión Clínica podrán burlar el control público en cuanto a adquisición de aprovisionamiento de material sanitario y de medicación, sistema selectivo de personal y acceso a los puestos de responsabilidad en el mismo. Además, loos trabajadores que accedan a esas unidades perderá sus derechos al quedar legalmente desvinculados del Estatuto Marco o Convenio Colectivo.
Las Unidades podrán llegar a acuerdos con las entidades y multinacionales privadas para el traspaso de algunas actividades asistenciales. De hecho ya existe una línea directa de conexión privatizadora con las empresas dedicadas a la diálisis. Con el tiempo, lo que inicialmente será solo una privatización de la gestión, va a transformarse en una vía de acceso para que las entidades privadas, aseguradoras y multinacionales se apropien totalmente de los servicios inicialmente convertidos en compartimentos estancos y luego del conjunto del centro sanitario.
¿QUÉ HACER ANTE ESTE NUEVO RETO?
Tras habérsele comunicado el pasado 12 de Mayo a la Consejería la oposición de Intersindical Canaria, -sindicato mayoritario en la sanidad pública- al proyecto de creación de las Unidades de Gestión Clínica, ya hemos cursado una convocatoria de reunión a las diferentes direcciones de los hospitales afectados en la que se les recordará a los diferentes directivos la obligación legal y moral que tienen contraída en la defensa de la sanidad pública. Ante ello, sólo cabe dos opciones, no colaborar en la implantación de la las UGC o abandonar el servicio sanitario público, opción a las que le invitará Intersindical.
Igualmente, Intersindical Canaria promoverá que los trabajadores de los servicios afectados por el proyecto, se nieguen a colaborar en la privatización de la gestión del servicio en el que trabajan, para ello, se iniciará una campaña informativa y de concienciación entre los trabajadores con extensión a los usuarios con el objetivo de establecer una presión social suficiente que paralice el proyecto.
“La salud es un derecho, y no una mercancía con la que hacer negocio”