Rodríguez sospecha que la bandera del ecologismo abrazada por el Ejecutivo canario contra los sondeos petrolíferos se esfumará con el cambio del catálogo
{mosimage}SB-Noticias.– El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, volvió a exigir al vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, que concrete el compromiso del PSOE de aprobar una ley del patrimonio natural y de la biodiversidad de Canarias que resuelva las “deficiencias” de la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
Un texto legislativo que, como recordó el portavoz nacionalista en base a los argumentos defendidos por el vicepresidente canario, debía servir de base para desarrollar, con posterioridad, un nuevo catálogo de especies protegidas, elaborado con el “consenso” de la comunidad científica.
El portavoz de NC declaró que la modificación de la ley del catálogo es una “necesidad” porque su nivel de protección está “por debajo” de la establecida en la norma estatal. Una realidad “injustificable”, denunció, que se mantiene a pesar de que, el pasado mes de marzo, el Ejecutivo se vio obligado a aprobar un decreto por el que se modificaban los anexos del referido catálogo. Esta decisión gubernamental, según el portavoz de NC, se adoptó por la “advertencia” de la Comisión Europea de que vulneraba la normativa comunitaria al rebajar la protección de 45 especies protegidas en la Directiva de Hábitats.
En opinión de Rodríguez es “poco razonable” que, con los valores del territorio canario, los medioambientales y por su biodiversidad, el vicepresidente “se olvide” de su compromiso para regular el patrimonio natural canario cuando el Gobierno “se ha abrazado a la bandera del ecologismo” contra los sondeos petrolíferos. “No se puede ser ecologista a tiempo parcial, a la carta, en función de los intereses del momento”, denunció.
Nueva Canarias reclama la modificación de la ley del catálogo para que la protección de determinadas especies deje de estar subordinada a la realización de obras públicas de interés general. Una obra pública de estas características, en opinión de Rodríguez, “no puede obligar a cambiar” el catálogo de especies protegidas.
Con la ley estatal, continuó, se subordina la obra pública a la preservación de la especie protegida. “Como mínimo debemos aspirar a lograr” este objetivo y que la modificación del catálogo se haga de “acuerdo” con los científicos y dando participación a los ciudadanos, indicó el portavoz de NC.