Los vecinos de Las Huertas se mantienen a la expectativa después de que hace alrededor de dos meses dieran por rotas las negociaciones con la empresa ILT
laopinion.es/sábado, 9 de enero de 2010.- Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. La empresa Mapfre tiene hasta el lunes, día 11 para rescindir el contrato de compraventa suscrito en su momento con Inversiones Las Teresitas (ILT) para los terrenos de Las Huertas. En ese momento se cumplen los cuatro años fijados para proceder a anular el contrato de la operación que ascendió a 95 millones de euros. Sin embargo, el mutismo sobre lo que hará la empresa filial de Mapfre, Desarrollos Urbanos (Desurcic) parece absoluto.
No se sabe si finalmente harán uso de las cláusulas recogidas en el contrato para proceder a su anulación. Y es que los compradores no deben estar muy contentos con esta adquisición si se tienen en cuenta los numerosos contenciosos judiciales y de todo tipo en los que está sumido este enclave.
Por un lado, el abogado Miguel Cabrera Pérez Camacho ha ganado una sentencia que obliga a devolver cuatro parcelas que pertenecen a la familia González-Sanfiel. En estos momentos se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordene su cumplimiento.
Por otro lado, el vecino del conocido como chalet del Francés, Antonio Martín también ganó otra sentencia en primera instancia, a punto de ser ahora ratificada, donde se reconocen sus derechos sobre esta propiedad, frente a los intentos de Mapfre de desalojarle de la misma.
Igualmente, la Gerencia de Urbanismo ha reconocido la propiedad de 27 de las 32 parcelas que así lo habían solicitado, aunque lo cierto es que, al final, esta solicitud se quedó más que nada en un simple apoyo moral, ya que el propio Ayuntamiento se ha negado a paralizar las obras de urbanización que se llevan a cabo en este entorno, pese a que tal y como ha señalado que se llevan a cabo sobre terrenos que no son propiedad de Mapfre.
Ejecución. Descartada en un reciente pleno una moción de Ciudadanos de Santa Cruz para llevar a cabo la paralización de estos trabajos, el grueso de la artillería se dirige ahora mismo a exigir el cumplimiento de la sentencia dictaminada en el año 1997 por el TSJC y ratificada luego por el Tribunal Supremo (TS) que obliga a devolver todo este ámbito al año 1989, momento en el que se produjo el aparente expolio.
Los abogados del centenar de vecinos de Las Huertas ya ha presentado ante el TSJC la exigencia de que la sentencia se cumple en sus términos. Aparte, se han presentado más recursos para que se reconozcan los derechos de las parcelas que quedaron fuera del acuerdo tomado en su momento por Urbanismo y que fue ratificado luego por el pleno en el mes de marzo del año pasado. En cumplimiento de aquel acuerdo a finales del pasado año la Gerencia remitió al Registro de la Propiedad la correspondiente acta para que las fincas fueran apuntadas a nombre de sus propietarios originales, sin que aún se tenga ningún tipo de noticia al respecto.
Los propios abogados de los vecinos reconocen que no será fácil que el registro les dé la razón debido a las órdenes contradictorias que recibe, por mucho que estén avaladas en este caso por Urbanismo y un acuerdo plenario.
El otro punto de fricción se sitúa justo al lado, en Montaña Morera, donde un grupo de vecinos ha visto como sus casas desaparecían en el año 2001 del Registro de la Propiedad y los terrenos aparecían como propiedad de IL¨T sin que ellos las hubiesen vendido y mucho menos recibido cantidad alguna por esta supuesta operación. Estos vecinos ganaron dos sentencias una de las cuales es precisamente la que obliga a devolver el planeamiento a su origen.
Rotas las negociaciones
Las negociaciones entre la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, Inversiones Las Teresitas (ILT), y los representantes legales de Las Huertas llevan rotas desde hace varios meses. Y ello es así en cuanto que estos últimos consideraron claramente insuficiente la última oferta de la empresa que se limitó a poner sobre la mesa la devolución de tres parcelas, concretamente la B-5, B-6 y B-7, cuyo valor real apenas alcanza los 4,5 millones de euros. Una oferta calificada en como irrisoria por los vecinos, sobre todo si se tiene en cuenta que ILT ganó 95 millones de euros con la venta de estas parcelas a la filial de Mapfre. Los representantes legales de los vecinos habían puesto sobre la mesa la oferta de recibir 18 millones de euros, que al final tampoco resultó aceptada por ILT. Se da además la circunstancia de que en cada una de estas parcelas tan sólo se permite la edificación de una vivienda unifamiliar al regir en las mismas las normas de ciudad jardín. Las conversaciones se extendieron durante meses pero al final no se llegó a ningún acuerdo concreto. Lo que no se sabe ahora es qué ocurrirá el próximo lunes momento en el que acaba el plazo para que Mapfre de por rescindido el contrato , lo que de todas formas se tendría que hacer ante los tribunales si ILT no acepta de buen grado llegar a un acuerdo. No era la primera vez que ILT y los representantes de los vecinos se sentaban para intentar llegar a un acuerdo. Ya ocurrió hace años cuando el abogado de la Junta, Mauricio Hayek, hizo de intermediario. En aquel entonces tampoco se produjo ningún avance y las conversaciones quedaron rotas. A mitad del pasado año fue la Junta la que ofertó compensar a los vecinos pero entonces el valor del metro cuadrado apenas equivalía a lo que costaba durante la década de los años setenta.