Acalorado pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz
El pleno acuerda darle cumplimiento pero cada grupo tiene su opinión de cómo hacerlo
laopinion.es/martes, 22 de diciembre de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. La moción socialista para obligar al grupo de gobierno de Santa Cruz a cumplir el fallo promovido por el colectivo ecologista El Rincón que anuló la operación de compraventa del frente de la playa quedó ayer aprobada por unanimidad. Eso sí, al final tanto el proponente como el grupo de gobierno parecen tener opiniones muy distintas de cómo hacerlo.
Así, para los socialistas, el cumplimiento de la sentencia sólo puede pasar por devolver a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) los terrenos mientras que la empresa tendría que hacer lo propio con los más de 54 millones de euros cobrados en su momento.
Sin embargo, el grupo de gobierno con la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, al frente, entiende que hay que esperar a que el Tribunal Supremo (TS) decida cómo ejecutar el fallo, después de que, en su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determinase qué deberá llevarse a cabo una nueva valoración de los terrenos, teniendo en cuenta varios parámetros como los beneficios obtenidos con la venta de Las Huertas y que el precio final no podrá superar el ya abonado. Por su parte, el abogado y concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Ángel Isidro Guimerá, planteó sus serias dudas sobre que un pleno tenga capacidad para obligar a cumplir una sentencia.
Guimerá consideró que en estos momentos la sentencia se está ejecutando "en sus propios términos". El concejal siempre ha sido al claro al considerar que el TS declaró nula la operación de compraventa y no únicamente anulable como luego lo interpretó el TSJC.
Ésta era la tercera ocasión en la que se llevaba a pleno este asunto, después de que por distintas razones no se hubiese podido votar en las dos anteriores. Sin embargo, el debate apenas duró unos minutos y se basó en la explicación del voto.
Tasaciones. El portavoz socialista, José Ángel Martín Bethencourt, recordó que en su momento se llegaron a realizar hasta cinco tasaciones distintas y por ello instó a la Gerencia de Urbanismo a que presente ante el TSJC una nueva.
En el texto de la moción los socialistas se preguntaba qué ha hecho el grupo de gobierno para dar cumplimiento a una sentencia que implicó la paralización de las obras de mejora de la playa. Y es que pese a que el fallo puede ser considerado positivo para el Ayuntamiento ya que implica la devolución del dinero pagado en su momento lo cierto es que desde entonces se han promovido un incidente de nulidad y la inejecución de la sentencia.
En estos momentos sin embargo, la ejecución ha sido recurrida únicamente por ILT que exige la devolución de las parcelas y parece dispuesta a hacer lo propio con el dinero pagado.
Pese a ello, el PSC considera "evidente la falta de voluntad para ejecutar la sentencia ya que todas las actuaciones del Ayuntamiento parecen tendentes a evitar darle cumplimiento". Por ello concluye este grupo que les parece incomprensible como tras dos años de haberse declarado firme la sentencia, "nuestro Ayuntamiento no ha querido recuperar los 54 millones de euros de la operación". No sólo por la gran repercusión para las arcas públicas que tendría en este momento, sino también por que se comenzaría a clarificar la complicada situación jurídica que rodea a esta playa con varias sentencias pendientes de ser ejecutadas". El concejal del grupo mixto, Ignacio González, no pudo votar por vínculos familiares.
Continuarán las obras de Las Huertas
Si la situación del frente de Las Teresitas es complicada judicialmente, no menos ocurre con la parte trasera que ocupan Las Huertas. En este punto se están llevando a cabo unas obras de urbanización cuya paralización había solicitado el grupo de Ciudadanos de Santa Cruz. La moción, sin embargo, no salió adelante al oponerse Coalición Canaria (CC) y abstenerse el Partido Popular (PP). Sólo votaron a favor los concejales de Ciudadanos y los socialistas, con la tal vez no casual ausencia de Ramiro Cuende por este último y de Alfonso Soriano por el primero. El concejal de Ciudadanos, Ángel Isidro Guimerá se enzarzó en una agria polémica con la de Urbanismo, Luz Reverón, al advertirle de posibles repercusiones patrimoniales sino paraba las obras en un enclave sobre el que trabaja Mapfre, pese a que la propia Gerencia ha reconocido que pertenecen a un centenar de vecinos. La concejal sin embargo, estima que se han dado los pasos convenientes y así cree que basta con la oferta hecha por la Junta de Compensación a estos propietarios de pagarles el metro cuadrado al precio de principios de los años setenta. Apenas unos tres euros, frente a los dos mil por los que fue vendido en el año 2006 por parte de Inversiones Las Teresitas (ILT) a Mapfre. Reverón se comprometió es a pedir un informe jurídico, lo que fue rechazado por Guimerá. Cree la concejal que las consecuencias negativas vendrían si para las obras.