PSOE, PP y Ciudadanos han comprometido su apoyo a esta moción para cumplir el fallo
laopinion.es/miércoles, 14 de octubre de 2009.-N.R., Santa Cruz de Tenerife. El pleno ordinario que celebrará el Ayuntamiento de Santa Cruz el próximo viernes debatirá una moción presentada por los socialistas a través de la cual# se exige la ejecución de la sentencia que anuló la operación de compraventa del frente de Las Teresitas. En teoría, parece que nadie se puede oponer al cumplimiento de un fallo judicial pero el debate resulta ser de bastante más calado.
En principio, tanto el grupo municipal popular como el de Ciudadanos ha comprometido su apoyo a la moción. Por su parte, el propio concejal del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, ha anunciado que se abstendrá dadas sus vinculaciones familiares con la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT). No obstante, tanto el concejal como ILT se han mostrado a favor de devolver los 54 millones pagados en su momento a cambio de que se haga lo propio con los terrenos. Eso sí, los empresarios quieren que los solares tengan la misma edificabilidad que en el año 1998 otorgó el Tribunal Supremo (TS) y que luego se eliminó en el Plan General de Ordenación (PGO).
El problema radica en que hay dos formas de interpretar la sentencia. Una, en sentido estricto, indica que se ha anulado la operación de compraventa por lo cual ésta debe volver a la casilla cero. La otra, que es la que defiende el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) apunta a que la operación es anulable. O lo que es lo mismo que basta con hacer una nueva tasación para determinar el nuevo precio y llegar luego a un acuerdo. Eso sí, hay que tener en cuenta los 95 millones de euros de beneficios obtenidos por ILT en la venta de Las Huertas y que el nuevo precio nunca será superior al pagado en su momento.
Lo cierto es que Coalición Canaria (CC) podrá verse de nuevo en el amargo trance de comprobar como pierde una votación y es obligada a plegarse a lo que dice la oposición. Desde esta fuerza política ayer se indicaba que no pueden negarse al cumplimiento de una sentencia pero que lo aconsejable sería esperar a ver lo que dice el TS. Y es que ante este tribunal la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia han presentado un recurso en contra de la realización de una tasación y a favor de que se les devuelvan los terrenos tal y como estaban en el año 1998.
Aclarar. Desde CC se indicaba ayer que la decisión que previsiblemente tomará el pleno el viernes, "no es sensata" ya que en vez de aclarar el panorama judicial de Las Teresitas lo puede complicar aún más. Y es que los empresarios cuando tengan los terrenos en su poder casi con toda seguridad emprenderán una batalla judicial para conseguir la misma edificabilidad que fue borrada del mapa en el nuevo planeamiento.
El colectivo El Rincón –que fue el que presentó en su momento la demanda– considera que el valor de los terrenos si se aplica la tasación municipal hecha en su momento no llega a los 18 millones de euros. Aunque el recurso en el Supremo fue presentado hace más de un año lo cierto es que aún no se ha concretado la fecha para su discusión.
Berriel ve un despilfarro tirar el ´mamotreto´
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, no esconde que, bajo su punto de vista, dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el pleno ordinario anterior del Ayuntamiento en el sentido de proceder al derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial de Las Teresitas conocido como mamotreto implica "un despilfarro" de dinero público. No obstante, el consejero no quiso valorar si, efectivamente, el edificio se ha convertido en lo que se ha dado en llamar una "pieza de convicción" dentro de la causa penal abierta por la presunta construcción del edificio sin autorización y en terrenos de dominio público. "Lo que sí puedo decir es que el expediente para dar la autorización adecuada ya está concluido, o al menos así lo creo porque el edificio está en la servidumbre de protección que es competencia nuestra. Ahora proceder al derribo me parece a mi una pena y un despilfarro. Estar haciendo cosas y tejer y destejer es un doble trabajo y un doble gasto". No obstante, Berriel subrayó que la Consejería no tiene competencias a la hora de oponerse a este derribo sí así lo decide el pleno y acata el grupo de gobierno. "Esa es una cuestión estrictamente municipal. Nosotros sólo entramos en la concesión de la autorización". Al parecer este trámite se ha retrasado ya que al estarse fijando el nuevo deslinde no era posible dar el otro paso administrativo". El consejero espera que en la próxima reunión que habrá con la Dirección General de Costas se pueda hablar sobre la reanudación de los trabajos en la playa de Las Teresitas. Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz Estébanez no pudo concretar ayer si el grupo de gobierno ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el recurso contra el acuerdo plenario.