El TSJC se adelanta y da vía libre para inscribirlas ya a sus nombres en el Registro
laopinión.es/miércoles, 01 de julio de 2009.- Noé Ramón. Santa Cruz de Tenerife.-
El Tribunal Supremo ha dicho ya su última palabra y ésta no es otra que obligar a la Gerencia de Urbanismo, Junta de Compensación de Las Teresitas y a Inversiones Las Teresitas (ILT) a que devuelva a la familia González-Sanfiel cuatro parcelas situadas en Las Huertas, cuya propiedad venía siendo reclamada durante los últimos años. El Supremo lo ha dictaminado así después de rechazar el último recurso de ILT y de la Junta que apelaba ahora a lo conocido como incidente de nulidad. O lo que es lo mismo, que el cumplimiento de este fallo es prácticamente imposible, una estrategia que ya se intentó también sin éxito en la sentencia de El Rincón que anuló la compra del frente de la playa. Este recurso se presentó después de haber hecho lo propio con otro por error judicial que fue también descartado hace pocos meses por el propio TS.
En este último caso se argumentó, igualmente sin éxito, que durante la tramitación judicial se cometieron fallos de tal calibre que anularían la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya firme e inatacable. Pero es que además el TSJC se ha adelantado a la propia resolución del TS y ya ha dado vía libre para que la familia inscriba estas parcelas a su nombre en el Registro de la Propiedad.
De esta manera, el abogado de los propietarios, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, indica que da por cumplida la sentencia. Eso sí deja claro que tal y como dictaminó en su momento el TSJC, las propiedades saldrán del plan parcial de Las Teresitas y tan sólo cabría que fueran ahora compradas por Mapfre, titular actual de los terrenos después de haberlos adquirido por 95 millones de euros a ILT en 2006.
Pérez Camacho se felicitó ayer del "éxito total" que ha alcanzado al frente de esta batalla después de largos años de luchas judiciales y enfrentarse a la ya habitual estrategia pleitista de la Junta y de la empresa propiedad de Ignacio González y de Antonio Plasencia.
Ese fallo, además sienta un precedente muy claro con respecto a las restantes 32 parcelas que según han denunciado vecinos de San Andrés fueron vendidas sin su consentimiento. Tal y como en gran parte ha venido a reconocer el propio TS. "Nuestra sentencia sienta dirección y forma de ejecución", señaló ayer el abogado. Además se obliga a ILT y a la Junta a abonar las costas por valor de 600 euros y los demás gastos. Lo cierto es que con esta resolución judicial en la mano resultará casi imposible ejecutar el plan parcial tal y como estaba proyectado en principio ya que las parcelas se reparten a lo largo de este planeamiento sin ninguna continuidad.
Ahora todas las miradas están puestas en la actitud que tendrá Mapfre frente a esta cadena de resoluciones en contra de sus intereses y si acabará recurriendo a las cláusulas incluidas en el contrato de compraventa para rescindir la compra si se confirmaban las peores de las expectativas, tal y como va ocurriendo.