laopinion.es/1 de abril de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. El director de Inversiones Las Teresitas (ILT), Pedro González, señaló ayer que pese a las resoluciones adoptadas por el pleno de Santa Cruz y las sentencias que apuntan a la obligación de devolver gran parte de las parcelas que poseían en Las Huertas, "nosotros seguimos sin ver ninguna novedad. Insistimos en que en su momento compramos libre de cargas y gravámenes y así vendimos también. Estamos muy tranquilos, tanto ahora como hace dos años".
González insiste en que será al acabar todo este entramado judicial cuando hablarán "y contaremos todos los detalles". No obstante, adelanta que "cualquiera que lea bien la resolución de la Gerencia de Urbanismo se dará cuenta de que el responsable último sigue siendo la Junta de Compensación. Ellos son los que deben hablar con los vecinos", dijo González, quien de esta manera negó que tengan ninguna intención de entablar negociaciones con los mismos. "No tenemos absolutamente nada que ocultar", reiteró.
Sentencias. Pero lo cierto es que en la última semana los intereses de ILT no parecen haber salido muy bien parados de los tribunales. Hace unos días el Tribunal Supremo (TS) emitía un auto reiterando que no aceptaba tramitar un recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obligaba a ILT a devolver cuatro parcelas en Las Huertas. A principios de esta semana, la novedad era que el TS reiteraba que consideraba correcta la anulación de la operación de compraventa del frente de la playa, dando así la razón al colectivo ecologista El Rincón.
Precisamente, un representante de la familia González Sanfiel, a los que el TS reconoce el derecho a devolverles los terrenos de Las Huertas, señalaba ayer que aunque se han acabado las posibilidades de recurrir contra este fallo, "nosotros todavía no estamos del todo tranquilos, ya que ahora viene la parte más delicada y el momento más crítico de todo este proceso", en referencia a la ejecución del fallo cuya aplicación podría incluso variarlo en uno u otro sentido.
Indica este vecino que llevan desde 1999 batallando en los tribunales para que se les reconozca la propiedad sobre estas cuatro parcelas que abarcan unos 5.000 metros cuadrados, lo que podría implicar un precio mínimo de venta de 5 millones de euros a repartir entre cinco familias. Y ello pese a que el TSJC, en lo que se interpretó como una especie de tirón de orejas, les acusó de "dejadez" a la hora de defender sus intereses.
"Creo que más bien la dejadez ha sido responsabilidad del Ayuntamiento y de la Junta de Compensación que nunca nos atendió ni nos hizo ningún caso durante todos estos años", señala. Esta familia indica que no se percibieron de que los terrenos habían sido vendidos sin su consentimiento hasta que acudieron a finales de los años noventa al Registro de la Propiedad. Con respecto a la Junta, se cuestiona que aunque se puso en marcha en el año 1964 a estas alturas todavía no ha cumplido con su objetivo real, que no es otro que urbanizar -que no vender- los terrenos.
En estos momentos, su actitud es la de esperar para ver cómo se cumple la sentencia. En principio, el TSJC apuntó que las parcelas deberían salir del plan parcial y a continuación hacerse un nuevo reparto de beneficios y cargas. Esta familia no espera conseguir mucho apoyo del Ayuntamiento, "porque ellos siempre se han puesto del lado de ILT". Empresa que hasta ahora, en solitario o de la mano de la Junta, ha optado por recurrir hasta el final en todas las instancias judiciales y agotar los recursos.
Camacho pedirá ya la ejecución
El abogado de la familia González Sanfiel , Miguel Pérez Camacho, considera que ya se puede pedir la ejecución de la sentencia que obliga a devolver cuatro parcelas a sus dueños originales. En estos momentos, según el letrado, únicamente se está a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) les remita el expediente con todo lo actuado y a partir de ahí, solicitará la ejecución del fallo, que en principio sólo puede pasar por sacar estas parcelas del planeamiento. A partir de aquí, el abogado acudirá al Registro de la Propiedad para volver a inscribirlas a nombre de sus dueños originales. A estas alturas, el abogado aún no ha recibido ningún tipo de oferta por parte de Mapfre, Inversiones Las Teresitas (ILT) o la Junta de Compensación para negociar la venta de estos solares.
Por ello, la actitud de estos vecinos será la de simplemente sacar las propiedades, "fuera de todo planeamiento" y mantenerse así a la espera de ver lo que ocurre. Pérez Camacho siempre ha utilizado el término de "queso gruyère" para referirse al estado actual del plan parcial una vez que han quedado fuera estas parcelas que se encuentran separadas entre sí.
La Concap rechaza comprar
La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), en boca de su presidente, Juan Luis Lorenzo, manifestó ayer que han desistido de su intención inicial de comprar las parcelas de Las Huertas. Y ello no tanto porque duden de la legalidad de la operación sino más que nada por que la situación de crisis no avalaría esta inversión. Por su parte, el abogado Juan José Rodríguez que defiende a varios propietarios de Las Huertas manifestó que van a recurrir por la vía administrativa ante la Gerencia de Urbanismo el resultado de algunas de las parcelas que quedaron como correctamente expropiadas, al entender que no se justifica esta decisión. Y más concretamente aún después de que inicialmente si fueran devueltas a sus propietarios originales.
Algunos de estos casos los considera el letrado especialmente incomprensible. El portavoz de los vecinos, Guillermo Acuña dijo mantenerse a la espera d e que la Junta o Mapfre cumpla el acuerdo de cambiar la situación registral de las parcelas. El abogado, Felipe Campos, cree que la decisión de Urbanismo, "no tiene eficacia práctica" y apuesta por recuperar los solares.
Corrales habla de "la peor chapuza de toda la historia"
La Opinión
El secretario general del PSOE de Santa Cruz, José Manuel Corrales, emitió ayer un comunicado a través del cual denuncia que los dirigentes de ATI-CC "trataron de engañar a la población al negar tercamente la existencia de varias sentencias que cuestionan de forma rotunda la validez de la operación urbanística de Las Teresitas, la mayor chapuza de toda la historia".
José Manuel Corrales señala que "Las sentencias son firmes e inapelables. Negar la existencia de este fuerte varapalo jurídico señalando que son solo meros defectos de forma es una broma pesada". Por si había alguna duda la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo notificó esta misma semana a las partes la sentencia que confirma que la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, realizada entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la mercantil Inversiones Las Teresitas, fue ilegal.
La nueva resolución judicial, según Corrales, confirma en todos sus extremos la sentencia de 3 de mayo de 2007, que es pieza esencial dentro de la investigación penal del presunto caso de corrupción urbanística. "La nueva sentencia señala taxativamente que el Tribunal Supremo, confirma en todos su externos la anulación del contrato de compraventa celebrado entre, la entidad Inversiones Las Teresitas, SL y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife" .Tras este nuevo fallo del Tribunal Supremos no cabe ningún otro tipo de recurso contra la compra-venta.
Pregunta. El PSOE de Santa Cruz reitera la pregunta a Miguel Zerolo si realmente en la tramitación del expediente que condujo a la firma del Convenio de Las Teresitas, y en la consiguiente compra de los terrenos del denominado Frente de Playa "¿Intento el gobierno municipal de CC-PP evitar la especulación del suelo? ¿Se garantizó la adecuada participación de la sociedad chicharrera en las plusvalías generadas por la actuación urbanística? ¿Sirvió la administración municipal con objetividad y con sometimiento a la Ley y al derecho el interés general?". Según Corrales, "parece que eran otras las preocupaciones y motivaciones del gobierno municipal de CC-PP y del alcalde".