laopinion.es/17 de marzo de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. "El objetivo es que la playa vuelva a ser de nuevo como cuando la vendimos". Con esta escueta frase, el cincuenta por ciento de Inversiones Las Teresitas (ILT), Antonio Plasencia, confirma que su estrategia judicial pasa por que el Tribunal Supremo (TS) de por efectivamente anulado el contrato de compraventa del frente de la playa al Ayuntamiento, suscrito en el año 2001 con el fin de recuperar los terrenos. Pero además lo que se busca es que estos tengan la categoría de urbanizables que ostentaban en aquel entonces.
Tanto Plasencia como Ignacio González siempre han atribuido la culpa de sus problemas judiciales a que vendieron los terrenos al Ayuntamiento y no a una empresa privada que incluso estaba dispuesta a pagar más que el Ayuntamiento para lo que al parecer incluso tuvieron algunas ofertas en aquellos años.
González no ha querido aclarar sus intenciones y se ha limitado a señalar que no va a opinar en torno a una causa sobre la que pesa el secreto de sumario. Aunque, en realidad, la anulación de la compraventa surge de una querella interpuesta por el colectivo ecologista El Rincón que asumió el Tribunal Supremo en el año 2007.
El abogado de esta asociación, Pedro Arcila, indica que bajo su punto de vista, lo que en realidad busca la representación legal de la empresa no es otra cosa que intentar que le devuelvan los terrenos para luego poder pedir una indemnización a los tribunales por el supuesto daño que se le ha hecho a raíz de estas sentencias.
Desvincularse. El concejal y abogado, Ángel Isidro Guimerá, indica que personalmente cree que lo que buscan Plasencia y González es desvincularse en todo lo posible de la causa penal abierta por esta operación en la que están encausados junto con el alcalde, Miguel Zerolo, el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y distintos miembros de la Junta de Compensación y funcionarios del Ayuntamiento hasta sumar una quincena de personas. Guimerá da por hecho que la intención de Plasencia y González será intentar que los terrenos vuelvan a tener la calificación de urbanizables como reconoció una sentencia del Tribunal Supremo (TS). Sin embargo una vez vendidos perdieron esta condición al aparecer en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) como no edificables, pasando toda la volumetría a Las Huertas.
Y es que otro de los interrogantes que planea sobre este asunto es qué ocurrirá con la trasera de la playa si se le devuelven los terrenos a ILT, ya que éstos fueron vendidos por González a Mapfre nada menos que por 90 millones de euros. En su momento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró que la mejor forma de dar cumplimiento al fallo era realizar una nueva tasación de los terrenos fijando el precio máximo en el abonado en aquel año teniendo en cuenta los beneficios obtenidos en Las Huertas y los terrenos que eran y son ahora suelo público de Costas.
Sin embargo, ILT ha comunicado al Supremo en el recurso de casación interpuesto contra esta forma de aplicar la sentencia que bajo su punto de vista el tribunal canario no cumple con los términos expresados por el Supremo en el sentido de anular el contrato de compraventa y que en su opinión fueron "claros y terminantes". Los abogados de ILT critican especialmente que se ponga límite al precio máximo.
"Y puesto que de lo que se trata es de obtener una valoración que cumpla los necesarios requisitos de motivación, no le corresponde a la Sala fijar precio de referencia alguno, puesto que le está proscrito establecer un valor máximo ya que el tal valor máximo no ha sido establecido en la sentencia del TS que se ejecuta y supondría limitar la labor de los peritos" -se indica en el texto del recurso presentado.
El pleno se pronunciará sobre las obras
El concejal de Ciudadanos Ángel Isidro Guimerá señaló que al próximo pleno de la corporación presenta una moción con el fin de evitar que las obras en la playa se reinicien mientras no se resuelva todo el entramado judicial que la rodea. Y especialmente, las sentencias que se refieren a la forma de cumplir las sentencias que anularon la operación de compraventa de la playa. En estos momentos hay dos posturas sobre este extremo. Por un lado, el cumplimiento estricto de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a anular la compraventa y por lo tanto, a devolver los terrenos y el dinero abonado en su momento y por otro llevar a cabo una tasación del frente de la playa y a partir de ahí adoptar un nuevo acuerdo. Pero aparte, Guimerá pide que tampoco se lleve a cabo ninguna actuación hasta que el deslinde de Las Teresitas sea efectivamente definitivo. Y ello porque en estos momentos se han presentado ya o están pendientes de interponerse una serie de recursos contra esta delimitación, por parte de ATAN, la Plataforma en defensa de la playa, el PSC, la Consejería de Política Territorial y quizás la Gerencia de Urbanismo. El concejal de Ciudadanos considera una "temeridad" que se reinicien las obras cuando aún no se ha aclarado el panorama judicial de la playa. Guimerá pedirá a la concejal de Urbanismo, Luz Reverón que se pronuncie en este sentido. Y es que la concejal admitió recientemente que tras la aprobación del nuevo deslinde por parte de la Dirección General de Costas, los Servicios Jurídicos están estudiando si es posible reiniciar las obras. Pero es que también se ha abierto una causa penal a causa de la construcción del mamotreto en la que la fiscal ha pedido la imputación de Reverón. Aún no se ha rescindido el contrato con la empresa OHL por lo que se deben pagar 30.000 euros al mes.