laopinion.es/16 de marzo de 2009.-Noé Ramón. El edificio de aparcamientos situado al inicio de la playa de Las Teresitas tenía el loable objetivo de acaparar en su interior las plazas desperdigadas a lo largo de este tramo del litoral y por lo tanto liberarlo. Pero una sucesión de previsibles imprevistos dio lugar a que esta mastodóntica estructura surgida de la mente del arquitecto Dominique Perrault quedara con todas sus descomunales vergüenzas al aire y sin acabar.
El ingenio popular a medio camino entre la broma murguera y el hastío ante tanto despropósito bautizó a la criatura franquesteniana como "mamotreto". Nombre del que difícilmente se podrá librar ahora, incluso cuando, si alguna vez se acaba aparezca cubierto y con apacibles terrazas en su parte superior. Los desencuentros entre la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento a raíz de las divergencias sobre cómo cumplir la sentencia que anuló la compra de la playa llevaron a que no se suscribiera el convenio ya redactado. El abogado del Estado creía que se deben devolver las once parcelas del frente, mientras que el Ayuntamiento parece aceptar que se haga una nueva valoración. Y todo ello cuando incluso Costas ya había preadjudicado su parte de las obras.
Males mayores. Así que, finalmente, para evitar males mayores se procedió a paralizar las obras. Unas actuaciones que ahora se pretenden reiniciar una vez que, según la corporación local, el nuevo deslinde recién aprobado permitiría actuar en los terrenos que quedan fuera del suelo público estatal. Entre ellos y para desgracia de sus muchos detractores el propio mamotreto.
Poco después de paralizadas las obras, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió un auto a través del cual ratificaba que se debe proceder a la tasación de los terrenos y fijar un nuevo precio, menor al abonado en su momento.
Curiosamente, justo cuando se produce el enfrentamiento institucional la playa aparece en un estado de casi total abandono, lo que es interpretado como un intento del Ayuntamiento de presionar al Estado. Entonces, también el concejal de Servicios, Norberto Plasencia advierte que están dispuestos a dejar de limpiar este espacio si no hay un mayor entendimiento con Costas.
En esta misma línea de enfrentamiento institucional inútil, Urbanismo hizo un amago de presentar un recurso contra el Estado por no suscribir el convenio para rehabilitar la playa. Poco antes de que acabase el verano ya comenzó a trascender el contenido del nuevo deslinde. Lo principal es que el mamotreto, ya definitivamente encallado en la arena y en la aceptación popular quedaba fuera. De resto, la línea transcurría por el muro, ganando una bolsa de suelo en sus inicios y luego se lanzaba hacia el risco. Y aquí surgía otra polémica, ya que se constataba que cerca de un tercio de los terrenos adquiridos en su momento por el Ayuntamiento que efectivamente quedaban dentro del dominio público. Se confirmaba así la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y la sospecha de que alrededor de 16 millones de euros fueron regalados en la práctica a ILT.
Ni entonces ni ahora, que ya está aprobado, el deslinde ha gustado a nadie y se atisba una cascada de recursos en su contra por parte del PSC, la Plataforma en Defensa de la playa, ATAN, el Gobierno de Canarias y posiblemente Urbanismo. Costas indica que para que uno de estos recursos prospere, tendría que ir acompañado de un estudio geomorfológico como el que ellos adjuntaron.
La aprobación del deslinde es una pieza imprescindible para tasar los terrenos, pero también para que puedan recomenzar los trabajos. Meses después de la paralización, lo cierto es que aún no se ha anulado el contrato con OHL y posiblemente no se haga nunca. Urbanismo considera que ahora se pueden dar la circunstancias para retomar los trabajos. Y todo ello pese a que este parón ha significado el desembolso de 360.000 euros -a razón de 30.000 por mes- sólo en el mantenimiento y vigilancia de lo ya hecho, entre ello y principalmente el mamotreto. En el aire queda también lo que ocurrirá con la dirección de Perrault. Antes de intentar rescindir el con#trato la concejal de Urbanismo, Luz Reverón y Plasencia mantuvieron un encuentro en Madrid del que no se dieron #explicaciones demasiado convincentes.
Por si fuera poco, el aparente o real embrollo judicial que se concentra sobre Las Teresitas, en el verano pasado trascendía que la Fiscalía Medioambiental había interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento por prevaricación y atentado medioambiental a raíz de las obras que se estaban ejecutando en la playa. El Gobierno de Canarias quiso apoyar al Ayuntamiento y, entre otros extremos, aunque admitió que las obras del mamotreto no tenían licencia, si eran autorizables.
Meses después, no se ha impuesto ninguna multa y muy al contrario el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel anuncia que en breve se concederá la autorización.
El Gobierno canario, además, lleva meses intentando poner en marcha, sin demasiado éxito o ninguno en realidad, una comisión bilateral con el Estado a fin de intentar desbloquear el convenio. El objetivo es que Santa Cruz pueda tener una playa en condiciones y aún mejor poder ejecutar el proyecto de Dominique Perrault. Pero la respuesta de Costas es que primero habrá que ver la ejecución de las sentencias y especialmente cómo se resuelve la anulación de la compraventa.
Paralelamente, se produjo una polémica adicional cuando la directora general de Costas, Alicia Paz, declaró en la Isla admi#tiendo que efectivamente se había comprado suelo público en la playa. El Ayuntamiento argumentó que se trataba de unos terrenos cedidos por el Estado en virtud de la anterior Ley de Costas por haber hecho la playa artificial. Un argumento que tenía cierta lógica, pero lo cierto es que las obras nunca se recibieron. El posible trapicheo con un bien que es de todos y de nadie parece confirmarse.
El extraño fruto de Las Huertas
En una realidad paralela pero coincidente se desarrollan los acontecimientos en Las Huertas. Allí un centenar de propietarios, junto a casi 30 de Montaña Morera, esperan que por fin se reconozca que se les intentó robar sus propiedades. Poco a poco, las circunstancias van a su favor. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió en su momento dos fallos, uno de los cuales anulaba la reparcelación de este enclave lo que permitirá que se reconozcan propiedades individuales y otro obliga a devolver cuatro parcelas a sus dueños originales. Dos sentencias ya firmes. En los primeros meses del verano los noticiarios de toda España reflejaron la lucha de los vecinos de Las Huertas por defender sus propiedades frente a la embestida de las palas. Otro asunto cuya responsabilidad también se deberá dilucidar en los tribunales. Pero fue en el mes de noviembre cuando la concejal de Urbanismo, Luz Reverón dio a conocer el informe elaborado para determinar a quién pertenecían estas parcelas. Y sus conclusiones no podían ser más claras. De las 32 parcelas cuya documentación fue analizadas durante un año por parte de la Gerencia de Urbanismo, 28 corresponden a los vecinos que las reclamaban. Este informe salió luego a información pública y ahora deberá volver a ser ratificado, previsiblemente en el pleno que tendrá lugar el próximo viernes. Casu seguro también no sólo se reconocerá lo ya reconocido sino que incluso cabe la posibilidad de que se incorpore alguna parcela más. Por si fuera poco el queso gruyére que se ha montado en Las Huertas el abogado del Estado también ha presentado un recurso para que se le reconozcan sus derechos sobre una parcela situada en este entorno. Los vecinos de Morera Playa parecen estar a punto de ver reconocida la propiedad sobre estos veinticuatro apartamentos.
Una playa en el Supremo
En estos momentos la batalla judicial por Las Teresitas se centra más en el Tribunal Supremo que en el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Así , queda por dilucidar que el Supremo aclare por qué no aceptó admitir a trámite el recurso de Inversiones Las Teresitas (ILT) contra la sentencia del TSJC#que obligaba a devolver a sus propietarios originales cuatro parcelas situadas en Las Huertas. Además, ILT y la Junta de Compensación también han solicitado al Supremo que los indemnice por los perjuicios que le ha provocado la anulación de la operación de compraventa del frente de la playa. Pero seguramente, la batalla judicial más importante en estos momentos de las que se dilucidan en Madrid es sin duda es el recurso interpuesto por ILT contra la ejecución de la sentencia de El Rincón que anuló la compraventa. En este punto, la empresa de Ignacio González y de Antonio Plasencia ha dado una pirueta en el vacío y ha pedido que se le devuelvan las once parcelas en litigio. Pero nadie sabe realmente para qué, puesto que en estos terrenos ya no se puede levantar ningún tipo de construcción, tal y como viene recogido en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Y además, hasta un tercio de los terrenos comprados y vendidos en su momento eran ya de titularidad pública, aunque de la Dirección General de Costas. Por ello, poco le quedará para hacer negocios a los empresarios tinerfeños. En otros ámbitos e incluso en el mismo, los abogados José de La Rosa y Juan José Rodríguez han pedido ya la ejecución forzosa de los fallos que anulaban también la compraventa de la playa y el que obliga a retrotraer la reparcelación a sus orígenes en el año 1989, con el fin de que los propietarios de Las Huertas y Montaña Morera puedan conocer por qué sus propiedades fueron vendidas a terceros sin su consentimiento y sin recibir, por supuesto, ni un duro. Pero tras haber solicitado esta ejecución hace ya algunos meses poco ha trascendido. El Rincón se encuentra en la misma línea. No creen que sea necesario esperar a que el Supremo diga como cumplir el fallo de la compraventa para llevar a cabo ya la tasación. Aparte está la causa penal, que aún sigue dando coletazos en los tribunales canarios. A estas alturas de la polémica, han sido varios más los imputados, entre ellos varios presidentes de la Junta de Compensación y el secretario de la misma, Mauricio Hayek, quien incluso permaneció algunos días en prisión. Pero más notable todavía que el propio alcalde, Miguel Zerolo fuese imputado por un nuevo cargo como es el de cohecho a raíz de las últimas investigaciones, que aún continúan.