diariodeavisos.com/18 de febrero de 2009.-Vicente Pérez, Santa Cruz de Tenerife. Nunca un deslinde fue tan esperado y tan polémico. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por el que se aprueba el nuevo deslinde público marítimo terrestre de la playa de Las Teresitas.
La nueva franja de titularidad estatal -cuyos terrenos por ley no se pueden comprar ni vender- deja a salvo el edificio de aparcamientos construido por el Ayuntamiento en la entrada de la playa (excepto en uno de sus vértices) y afecta a varias parcelas, en el final de este frente marítimo, de las 11 que en 2001 compró el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por más de 55 millones de euros, según informaron ayer fuentes jurídicas de los colectivos que presentaron alegaciones al deslinde, entre ellos ATAN y la Asociación de Amigos de Las Teresitas.
El nuevo deslinde abarca 1.537 metros de litoral, según informó ayer en un comunicado el Ministerio de Medio Ambiente, que incoó el expediente en febrero de 2006 "al constatar que el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 13 de mayo de 1961 no incluía todos los bienes definidos en la vigente Ley de Costas como dominio público marítimo-terrestre". Las Teresitas es una de las pocas zonas de la isla que no contaba aún con deslinde actualizado, y en 2001 ya el Ayuntamiento había pedido esta medida, aunque lo hizo apenas un mes después de comprar el frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL.
A la vista de las alegaciones presentadas, la Dirección General de Costas (ahora denominada de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar) encargó un estudio técnico geomorfológico para la justificación del dominio público, que finalizó en mayo de 2008. En su resolución, Costas ha desestimado las alegaciones de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz y de la Asociación de Amigos de Las Teresitas, que habían defendido que el deslinde debía abarcar los terrenos del antiguo campo de fútbol -donde ahora se levanta el edificio de aparcamientos construido por el Ayuntamiento-, al entender que este extremo "no ha podido ser acreditado" por los alegantes. También se ha rechazado que el deslinde, en su mitad final, incluya los acantilados, al no considerarlos como tales dado que no superan el 60% de pendiente. Igualmente, tampoco el Ayuntamiento ha visto satisfecha su petición de que el deslinde, a lo largo de todo este frente marítimo, coincida con el muro que separa la playa de los aparcamientos, por lo que parte de las parcelas que en su día compró están en dominio público. Fue precisamente la intervención de ATAN lo que hizo a Costas dar marcha atrás a la propuesta inicial que coincidía con la pretensión del Ayuntamiento.
Este deslinde público cobra un especial significado para el caso Las Teresitas, con doce imputados, entre ellos el alcalde, Miguel Zerolo, por delitos de prevaricación y malversación, además de cohecho (aceptación de sobornos). La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento compró suelo público -algo prohibido-, pues estaba vigente el deslinde de 1961, aunque el Consistorio alega que, con la construcción de la playa, esta delimitación se entendía cambiada, conforme a la legislación de los años sesenta y setenta. La compraventa está anulada por el Tribunal Supremo desde 2007 y la ejecución de la sentencia obliga a realizar una nueva tasación.
Melchior confía en Zerolo.
Con relación al caso Las Teresitas, el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, dijo ayer que las imputaciones contra Zerolo, probablemente se acaben archivando, ya que el caso "lleva abierto cuatro o cinco años y siguen sin poder demostrar nada". El alcalde compareció la pasada semana de nuevo ante la juez instructora.