Una comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, sobre la actuación del Gobierno canario sobre las obras del aparcamiento al inicio de la playa de Las Teresitas desencadenó este jueves el cruce de acusaciones entre la diputada del PSC y Miguel Zerolo, quien le reprochó que “utilice este tema políticamente con ánimo espurio y bastante raro”.
La diputada Socialista (PSC-PSOE), Gloria Gutiérrez, acusó hoy jueves al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de “al parecer” actuar como “testaferro” de intereses privados en la venta de los terrenos de la playa de Las Teresitas, mientras que éste replicó que “al parecer” Gutiérrez actúa con “ánimos espurios”.
Este cruce de acusaciones, matizadas con los “al parecer”, se produjo durante la comparecencia en el pleno de la Cámara regional del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, para informar sobre la actuación del Gobierno canario en relación de la construcción por parte del Ayuntamiento de un edificio comercial y de aparcamientos al inicio de esta playa santacrucera.
En su intervención, la diputada socialista denunció la “ceguera de la Consejería ante la “notoriedad de esta obra”, que dijo ocupa 4.000 metros cuadrados y prevé 404 aparcamientos de pago y locales comerciales, y recordó invade la zona de servidumbre y no cuenta con la pertinente autorización del Gobierno canario.
Gutiérrez acusó al consejero de hacer “dejación de competencias, quizás porque el municipio lo gobiernan ATI y PP”, así como de “delitos contra el territorio” y de que los ciudadanos de Santa Cruz “tengan que pagar 30.000 euros mensuales en concepto de daños y perjuicios” –coste que supone el mantenimiento del cierre de la obra, paralizada por prudencia administrativa tras los requerimientos de la Dirección General de Costas sobre la falta de autorización para unos trabajos que invaden dominio público-.
“No venga aquí faltando a la verdad, porque el Ayuntamiento no tasó bien los terrenos y usted está siendo cómplice del pelotazo con su silencio”, espetó la diputada socialista a Domingo Berriel, al tiempo que se refirió a la “vergonzosa dejación de competencias” realizada por el Gobierno.
En este punto, se refirió a la actuación del alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, en todo el proceso de compraventa de los terrenos del frente de la playa – una operación que está siendo investigada por instancias judiciales en el conocido como ‘caso Las Teresitas’- de quien dijo “al parecer, después de los hechos, actúa como testaferro de unos intereses privados en contra de los intereses públicos”.
Una afirmación ante la que el portavoz del grupo de CC, José Miguel Barragán, pidió a Gutiérrez aclaraciones sobre lo que acababa de decir y ésta remarcó ese “al parecer” que había incluido en su afirmación.
“Al parecer, la diputada socialista tiene connivencias con parte de su Partido que aprobó el proyecto por unanimidad y con determinadas personas que filtran información a los medios”, sostuvo el también diputado de CC, Miguel Zerolo, quien pidió intervenir en el pleno al ser aludido. Además, acusó a Gutiérrez de “utilizar este tema políticamente con ánimo espurio y bastante raro”.
Esta intervención de Zerolo, desencadenó la petición réplica por parte del portavoz del grupo Socialista, Julio Cruz, quien rechazó la “acusación grave” realizada por Zerolo y remarcó que su partido “nunca ha defendido ningún interés espurio, ni aquí ni en ningún sitio”.
Después de reiteradas llamadas al orden por parte del presidente del Parlamento, Antonio Castro, el consejero cerró el debate con su segunda intervención, en la que acusó al PSOE de “venir hoy aquí a hacer una agregación de forma revuelta de lo que ha sido un procedimiento”.
“No se pueden afrontar razonamientos de esta manera, pues hay que hacer un análisis de cada cosa para poder discutir dónde está el problema”, añadió Berriel, quien hizo hincapié en que los socialistas han “aprovechado una comparecencia para reprochar la inactividad” de la Comunidad Autónoma y defendió “el interés general de la obra frente a otros que quizás trabajan por el interés de su propio general”.
“AUTORIZABLE POR SU FINALIDAD”
En su intervención inicial, Berriel indicó que el Gobierno canario pedirá a Costas un compromiso con el frente marítimo de Las Teresitas, -en el que se prevén unas actuaciones contenidas en un convenio a firmar entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente, no suscrito por la negativa éste último ante las dudas jurídicas que le suscita la anulación por el Tribunal Supremo de la operación de compraventa de los terrenos-.
Berriel indicó que el Ejecutivo regional clarificará con la Dirección General de Costas las actuaciones en infraestructuras a realizar desde ahora “para la mejor consecución de los objetivos de interés general perseguidos” en el proyecto de Ordenación del Frente Marítimo de la Playa de Las Teresitas, con el fin de convertirlo “en un referente urbanístico, en un auténtico espacio de calidad social, ambiental y de salud para los visitantes y habitantes de la ciudad”.
El consejero rechazó las acusaciones de “dejación de competencias” esgrimidas por la diputada socialista y afirmó que la Viceconsejería de Ordenación Territorial está a la espera del informe de Costas para concluir la tramitación del expediente solicitada en agosto por el Ayuntamiento de autorización de ocupación de dos metros en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre –competencia de la Administración autónoma-.
“La obra, por su finalidad, es autorizable en virtud de los previsto en la Ley de Costas y la actuación es acorde al planeamiento vigente, es decir, a la modificación y adaptación básica del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife”, expresó el consejero, quien recordó que en Canarias, las funciones de disciplina urbanística, territorial y ambiental corresponden a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Material (Apmun).
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD
Berriel, que hizo un repaso por las actuaciones de este organismo conformado por la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos canarios, señaló que el pasado mes de enero, la Apmun tuvo conocimiento de una denuncia formulada por particulares ante la Demarcación de Costas por la realización de obras consistentes en movimientos de tierras y acumulación de áridos, ocupando la servidumbre de protección de esta zona del litoral de Santa Cruz.
El consejero apuntó que, aunque con anterioridad la agencia había denegado la medida cautelar de suspensión de obras solicitada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), en el momento en que la Apmun inició su actuación, la obra se encontraba paralizada por el Ayuntamiento. No obstante, le fueron solicitados los títulos y autorizaciones que bien legitimaran la actuación o el mantenimiento de la suspensión “en caso de carecer de éstos”.
Berriel indicó que sólo es procedente la adopción de medidas cautelares de suspensión de edificaciones o usos del suelo en aquellas actuaciones que se realicen sin los presupuestos legitimantes o contraviniendo sus previsiones, o no hayan sido acreditadas. Sin embargo, dijo que es “improcedente” en los casos en los que las actuaciones provengan de órdenes de ejecución de administraciones públicas o se trate de proyectos aprobados por las mismas, porque “consecuentemente, gozan de presunción de legalidad, salvo que una resolución judicial diga lo contrario”, expresó.
Al respecto, aclaró que cuando existen dudas sobre la legitimación de una actuación en el territorio realizada por otra administración, el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece la previa comunicación y cooperación de la Apmun para un mejor esclarecimiento de la situación.
El consejero explicó que la fase en la que se enmarca este edificio es la segunda del proyecto de ordenación del frente de playa, recogido en el convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno canario –aún no suscrito-.
Además, indicó que la obra se financió y ejecutó en virtud de otro acuerdo entre el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este sentido, justificó la conclusión municipal de no ser necesario solicitar la autorización para la ejecución de la obra en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, Berriel insistió en que, “en aras de una mayor seguridad jurídica”, el Ayuntamiento, a requerimiento de la Apmun, ha solicitado a la Consejería esta autorización de ocupación de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, expediente que se encuentra en tramitación.
Este cruce de acusaciones, matizadas con los “al parecer”, se produjo durante la comparecencia en el pleno de la Cámara regional del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, para informar sobre la actuación del Gobierno canario en relación de la construcción por parte del Ayuntamiento de un edificio comercial y de aparcamientos al inicio de esta playa santacrucera.
En su intervención, la diputada socialista denunció la “ceguera de la Consejería ante la “notoriedad de esta obra”, que dijo ocupa 4.000 metros cuadrados y prevé 404 aparcamientos de pago y locales comerciales, y recordó invade la zona de servidumbre y no cuenta con la pertinente autorización del Gobierno canario.
Gutiérrez acusó al consejero de hacer “dejación de competencias, quizás porque el municipio lo gobiernan ATI y PP”, así como de “delitos contra el territorio” y de que los ciudadanos de Santa Cruz “tengan que pagar 30.000 euros mensuales en concepto de daños y perjuicios” –coste que supone el mantenimiento del cierre de la obra, paralizada por prudencia administrativa tras los requerimientos de la Dirección General de Costas sobre la falta de autorización para unos trabajos que invaden dominio público-.
“No venga aquí faltando a la verdad, porque el Ayuntamiento no tasó bien los terrenos y usted está siendo cómplice del pelotazo con su silencio”, espetó la diputada socialista a Domingo Berriel, al tiempo que se refirió a la “vergonzosa dejación de competencias” realizada por el Gobierno.
En este punto, se refirió a la actuación del alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, en todo el proceso de compraventa de los terrenos del frente de la playa – una operación que está siendo investigada por instancias judiciales en el conocido como ‘caso Las Teresitas’- de quien dijo “al parecer, después de los hechos, actúa como testaferro de unos intereses privados en contra de los intereses públicos”.
Una afirmación ante la que el portavoz del grupo de CC, José Miguel Barragán, pidió a Gutiérrez aclaraciones sobre lo que acababa de decir y ésta remarcó ese “al parecer” que había incluido en su afirmación.
“Al parecer, la diputada socialista tiene connivencias con parte de su Partido que aprobó el proyecto por unanimidad y con determinadas personas que filtran información a los medios”, sostuvo el también diputado de CC, Miguel Zerolo, quien pidió intervenir en el pleno al ser aludido. Además, acusó a Gutiérrez de “utilizar este tema políticamente con ánimo espurio y bastante raro”.
Esta intervención de Zerolo, desencadenó la petición réplica por parte del portavoz del grupo Socialista, Julio Cruz, quien rechazó la “acusación grave” realizada por Zerolo y remarcó que su partido “nunca ha defendido ningún interés espurio, ni aquí ni en ningún sitio”.
Después de reiteradas llamadas al orden por parte del presidente del Parlamento, Antonio Castro, el consejero cerró el debate con su segunda intervención, en la que acusó al PSOE de “venir hoy aquí a hacer una agregación de forma revuelta de lo que ha sido un procedimiento”.
“No se pueden afrontar razonamientos de esta manera, pues hay que hacer un análisis de cada cosa para poder discutir dónde está el problema”, añadió Berriel, quien hizo hincapié en que los socialistas han “aprovechado una comparecencia para reprochar la inactividad” de la Comunidad Autónoma y defendió “el interés general de la obra frente a otros que quizás trabajan por el interés de su propio general”.
“AUTORIZABLE POR SU FINALIDAD”
En su intervención inicial, Berriel indicó que el Gobierno canario pedirá a Costas un compromiso con el frente marítimo de Las Teresitas, -en el que se prevén unas actuaciones contenidas en un convenio a firmar entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente, no suscrito por la negativa éste último ante las dudas jurídicas que le suscita la anulación por el Tribunal Supremo de la operación de compraventa de los terrenos-.
Berriel indicó que el Ejecutivo regional clarificará con la Dirección General de Costas las actuaciones en infraestructuras a realizar desde ahora “para la mejor consecución de los objetivos de interés general perseguidos” en el proyecto de Ordenación del Frente Marítimo de la Playa de Las Teresitas, con el fin de convertirlo “en un referente urbanístico, en un auténtico espacio de calidad social, ambiental y de salud para los visitantes y habitantes de la ciudad”.
El consejero rechazó las acusaciones de “dejación de competencias” esgrimidas por la diputada socialista y afirmó que la Viceconsejería de Ordenación Territorial está a la espera del informe de Costas para concluir la tramitación del expediente solicitada en agosto por el Ayuntamiento de autorización de ocupación de dos metros en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre –competencia de la Administración autónoma-.
“La obra, por su finalidad, es autorizable en virtud de los previsto en la Ley de Costas y la actuación es acorde al planeamiento vigente, es decir, a la modificación y adaptación básica del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife”, expresó el consejero, quien recordó que en Canarias, las funciones de disciplina urbanística, territorial y ambiental corresponden a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Material (Apmun).
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD
Berriel, que hizo un repaso por las actuaciones de este organismo conformado por la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos canarios, señaló que el pasado mes de enero, la Apmun tuvo conocimiento de una denuncia formulada por particulares ante la Demarcación de Costas por la realización de obras consistentes en movimientos de tierras y acumulación de áridos, ocupando la servidumbre de protección de esta zona del litoral de Santa Cruz.
El consejero apuntó que, aunque con anterioridad la agencia había denegado la medida cautelar de suspensión de obras solicitada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), en el momento en que la Apmun inició su actuación, la obra se encontraba paralizada por el Ayuntamiento. No obstante, le fueron solicitados los títulos y autorizaciones que bien legitimaran la actuación o el mantenimiento de la suspensión “en caso de carecer de éstos”.
Berriel indicó que sólo es procedente la adopción de medidas cautelares de suspensión de edificaciones o usos del suelo en aquellas actuaciones que se realicen sin los presupuestos legitimantes o contraviniendo sus previsiones, o no hayan sido acreditadas. Sin embargo, dijo que es “improcedente” en los casos en los que las actuaciones provengan de órdenes de ejecución de administraciones públicas o se trate de proyectos aprobados por las mismas, porque “consecuentemente, gozan de presunción de legalidad, salvo que una resolución judicial diga lo contrario”, expresó.
Al respecto, aclaró que cuando existen dudas sobre la legitimación de una actuación en el territorio realizada por otra administración, el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece la previa comunicación y cooperación de la Apmun para un mejor esclarecimiento de la situación.
El consejero explicó que la fase en la que se enmarca este edificio es la segunda del proyecto de ordenación del frente de playa, recogido en el convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno canario –aún no suscrito-.
Además, indicó que la obra se financió y ejecutó en virtud de otro acuerdo entre el Ejecutivo regional, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este sentido, justificó la conclusión municipal de no ser necesario solicitar la autorización para la ejecución de la obra en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, Berriel insistió en que, “en aras de una mayor seguridad jurídica”, el Ayuntamiento, a requerimiento de la Apmun, ha solicitado a la Consejería esta autorización de ocupación de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, expediente que se encuentra en tramitación.