Ramón trujillo no entiende por qué cuando se han utilizado los recursos públicos y el patrimonio municipal para provocar un daño tan grande a las propias arcas públicas, no tiene consecuencias penales contundentes, ya que considera que este hecho supone un agravio comparativo inadmisible
SB-Noticias.- El coordinador de IUC en Tenerife, Ramón Trujillo, en declaraciones al programa La Trapera de Radio San Borondón analizó el reconocimiento en el pasado pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife por parte del ayuntamiento a los propietarios de parte de las parcelas de Las Huertas y asegura que el Grupo de Gobierno ha tenido que reconocer la realidad porque no le ha quedado más remedio porque las sentencias judiciales son contundentes y los documentos aportados por los vecinos de Las Huertas son incontestables.
Trujillo afirmó que al ayuntamiento de Santa Cruz no le ha quedado más remedio que ir reconociendo la realidad entorno al caso de Las Teresitas porque las sentencias judiciales le están resultando adversas y con respecto a los terrenos del Valle de Las Huertas porque los documentos que aportan los vecinos son incontestables también, al menos una parte importante de ellos.
Desde su punto de vista, el ayuntamiento de Santa Cruz está constatando que la realidad no es la que ellos han dicho públicamente, ya que han visto cómo se le han frenado algunas de las actuaciones llevadas a cabo.
Según Ramón Trujillo, los miembros del Grupo de Gobierno siguen vendiendo la situación como si no tuvieran las gravísimas consecuencias que tienen por los tremendos abusos que han permitido que pasen o que han cometido ellos directamente.
Asegura que el simple hecho de que Miguel Zerolo pagase tres veces más por el frente de playa de Las Teresitas de lo que decía la tasación del propio ayuntamiento, información que ocultaron para llevar a cabo la compraventa, es ilegal porque el Tribunal Supremo lo anuló y lo declaró por tanto ilegal.
Desde su punto de vista, es un tipo de decisión que en un país civilizado debería conllevar una pena de cárcel, porque en el Estado hay gente que provoca daños económicos mucho menores y paga con penas de prisión.
Por ello, el coordinador de IUC en Tenerife no entiende por qué cuando se han utilizado los recursos públicos y el patrimonio municipal para provocar un daño tan grande a las propias arcas públicas, porque simplemente el acto fue declarado ilegal, (se obliga a rehacer la venta y devolver dinero), no tiene consecuencias penales contundentes, ya que considera que este hecho supone un agravio comparativo inadmisible.
Opina por último que es injusto que quien despilfarra los recursos públicos a una escala de miles de millones de las antiguas pesetas, en una actuación que ha sido declarada ilegal, sin embargo no repercuta en penas de cárcel. “Tenemos una justicia muy débil e incompleta cuando se trata de tocar las grandes operaciones contra el interés público”.